La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, quien planteó a las y los diputados los cambios de estrategias en la recaudación fiscal y en la persecución de los delitos relacionados.

El funcionario dijo que los estados deben participar en investigaciones y que la recaudación sea repartible en las entidades.

Lo anterior es aplicable “si queremos que se persigan los delitos fiscales y se acabe totalmente con esta práctica deleznable, sobre todo cuando estamos pasando por una pandemia donde vimos tantas carencias por la falta de presupuesto, y sabemos que las factureras se llevaban muy buena parte de esos recursos”, aseguró.

Durante la reunión en plataforma digital, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), comentó que la corrupción fue el deporte favorito de todos los delincuentes en el país, sobre todo de los prestadores de servicios que cobraban cantidades millonarias que, en estos momentos de emergencia, podrían ser de gran ayuda.

“Me gustaría que todos firmaran un convenio y que se llenaran de recursos bien habidos y no que se hicieran fuera del trabajo y profesionalismo de los estados”, apuntó.

Reconoció la disposición del procurador Fiscal para atender la petición de los legisladores a fin de entablar este diálogo sobre la reforma penal fiscal y la estrategia de la Procuraduría para combatir la evasión. “Cuando se legisla para el bien del país los diputados están dispuestos para hacerlo” y resaltó el esfuerzo de los integrantes de la Comisión a fin de coadyuvar en el combate contra la corrupción.

Por el PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal señaló que a más de siete meses de la reforma penal fiscal, la sociedad necesita saber los principales avances, qué obstáculos se enfrentan y cuáles son los desafíos. Aseguró que su grupo parlamentario “está convencido de seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a combatir la evasión”.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, secretario de la Comisión y coordinador de MC, planteó la importancia de conocer los avances e insuficiencias de las modificaciones legales contra la evasión, elusión y falsificación de facturas. Asimismo, reconoció la disposición de los funcionarios de la Procuraduría Fiscal.

 Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, secretario de la Comisión y coordinador de su grupo parlamentario, destacó que en la recaudación se observa la firme política de la actual administración federal para terminar los favores fiscales y atacar de frente las maniobras diseñadas al amparo del poder público con el único propósito de evadir y eludir impuestos.

El coordinador de Encuentro Social, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, se pronunció por la lucha frontal a la evasión fiscal y enfatizó el compromiso esencial de la agenda legislativa en este tema. Que nadie eluda sus responsabilidades porque cada espacio cerrado al lavado de dinero y elusión de impuestos representa más ingresos, estabilidad en las finanzas, seguridad y el cumplimiento del Estado de derecho.

Por Morena, el diputado Carol Antonio Altamirano inquirió si la Procuraduría tiene alguna estrategia conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar el pago de impuestos de las personas morales contra lo que realmente reportan a la Bolsa Mexicana de Valores. Y preguntó: ¿Está dispuesta la Procuraduría a coordinarse con el sector salud para revalorar el impuesto aplicado a bebidas alcohólicas, tabaco y comida chatarra para que disminuya su consumo?

De la misma bancada, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona solicitó conocer cuántas querellas se han presentado para combatir la defraudación fiscal y el monto recuperado en la presente administración. Pidió eliminar la corrupción en el pago del IVA a empresas factureras por estados, municipios y la Federación, que alcanza un billón 300 mil millones de pesos, de 2014 a 2018, y se estarían recuperando 300 mil millones de pesos.

También de Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez reconoció el combate a los delitos fiscales, aunque pidió conocer cómo se utilizan los criterios de oportunidad para contrarrestar la evasión y elusión, con el fin de que quienes han delinquido proporcionen información y colaboración adicional para detectar a los responsables, se recuperen fondos y apliquen las sanciones penales.

La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, comentó que la lucha contra la corrupción es un tema de Estado y de derechos humanos. Pidió se siga trabajando con el ejemplo y se restituya al erario lo defraudado. Preguntó si existe intención de firmar un mecanismo de colaboración con otras entidades, como el que se signó con Chihuahua para detectar actividades ilícitas.

El diputado Óscar González Yáñez (PT) pidió saber qué áreas de la economía nacional han sido más recurrentes en la facturación falsa y si empresas extranjeras han estado involucradas.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (Encuentro Social) comentó que con el esfuerzo del equipo de procuración fiscal se ha avanzado hacia un México mejor. “Que jamás decaiga ese ánimo para lograr un beneplácito para los mexicanos en esta lucha contra la corrupción”.

Se realizan acciones coordinadas con el SAT

 

Al responder las preguntas de diputadas y diputados, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, aseguró que se realizan acciones coordinadas con el SAT para detectar evasión de los grandes contribuyentes, porque hay casos en que las transnacionales dejan una pequeña tasa de impuestos en el país y se llevan todas las utilidades.

Se hacen estudios para subir esos márgenes y elevar el porcentaje efectivo de pago. El objetivo es establecer una tasa de 2.5 por ciento efectiva porque algunas transnacionales sólo dejan el .9 por ciento actualmente.

Respecto a las querellas registradas en esta administración, comentó que han sido alrededor de 300, con diversos montos, a causa de defraudación y por delitos fiscales y financieros. Las demandas se presentan cada semana.

Sobre los acuerdos reparatorios indicó que son por 12 o 13 mil millones de pesos. Hubo contribuyentes que se acercaron a negociar para evitar la querella y propusieron regularizar su situación fiscal. Uno de ellos pagó nueve mil millones de pesos y otros, incluso, anticiparon sus contribuciones a efecto de evitar la acción penal.

Aclaró que el acuerdo reparatorio sólo se realiza una vez, de no cumplir posteriormente enfrentarán un juicio penal y sentencia, por eso es muy delicado este proceso. “Es algo novedoso con cantidades realmente importantes”.

En cuanto a los criterios de oportunidad, Romero Aranda aseguró que con la reforma fiscal 2020 “tenemos la posibilidad de utilizarlos para llegar a las cabezas delictivas”, es decir, quien contrató a las personas que firmaron y realizaron las acciones.

“Con un criterio de oportunidad se puede acreditar que el superior dio la instrucción, cometió el delito o es el beneficiario, con esa declaración concatenada con otras pruebas puede fincarse acción penal, como en el caso de las factureras, por ejemplo”, precisó.

En delitos fiscales por delincuencia organizada, explicó que también se aplica el criterio de oportunidad, porque abre el camino para llegar al contador y asesor financiero del grupo criminal, y “se puede ofrecer minimizar las penas o no ejercer acción penal contra él o los prestanombres, siempre y cuando nos diga quién es la cabeza de esa corporación criminal”, con lo que es posible obtener resultados favorables.

Otro mecanismo era desviar recursos públicos a terceras personas beneficiarias en los tres órdenes de gobierno, y con los convenios de colaboración locales se pueden identificar estos procesos porque se conoce a las factureras, a fin de que todo lo recuperable pueda ir a los estados y municipios.

“Si acabamos con el esquema de factureras y defraudación podremos haber acabado con una parte importante de la corrupción. Si se acaban estos desvíos públicos y se cumplen con las obligaciones fiscales, creo que dimos un paso importante”, apuntó.

Sobre el tema fiscal y penal, consideró que se tienen las herramientas jurídicas necesarias para atacar los delitos fiscales tanto de delincuencia organizada como contra la seguridad nacional, gracias al apoyo de los diputados. Nosotros como autoridad debemos presentar resultados favorables. Sí subió la recaudación y debemos tener una base de contribuyentes, aseveró.

En cuanto al convenio firmado en días pasados con Chihuahua, indicó que el próximo miércoles se firmará con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un compromiso con todas las entidades federativas para atacar la evasión fiscal y elevar la recaudación de los estados. Se han signado tres acuerdos reparatorios: uno por dos mil millones de pesos, otro por mil 300 millones de pesos y el último por mil millones de pesos.

En todas las áreas de la economía se ha visto la defraudación fiscal y la compra de facturas. Los grandes consumidores de estos documentos eran los gobiernos y los más difíciles de rastrear son los intangibles. Vemos que varios grupos factureros emigran a otros países de manera ilegal, por ejemplo los que ofrecen servicios de outsourcing.

Agradeció el apoyo de los diputados por la reforma penal fiscal que entró en vigor este año, porque es la herramienta que se aplica para llegar a las cabezas de los grupos delictivos y elevar la recaudación.

Respecto a las factureras, dijo que es un tema gravísimo que implicaba cerca de los 500 mil millones de pesos de defraudación al año, de 2014 a 2018. Se ataca a estos grupos delictivos donde se persiguen los flujos de dinero y a las cabezas, en un trabajo coordinado con todas las autoridades.

Actualmente se integran los expedientes y elementos de prueba para realizar las investigaciones en dos vías: por defraudación fiscal y por lavado de dinero como delincuencia organizada. Próximamente se tendrán resultados, adelantó.

“Va a tener en este año asuntos con prisión preventiva oficiosa de delitos contra la seguridad nacional; es decir, las personas físicas o morales que incurrieron en delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, artículo 108. Hay elementos para órdenes de aprehensión y en septiembre u octubre podamos obtener resultados; también al inicio del próximo año. Vamos avanzando”, garantizó.

Romero Aranda señaló que hay recaudación elevada porque se ataca la defraudación fiscal que por inercias no se perseguía. En el caso de los grandes contribuyentes, resaltó las acciones coordinadas con el SAT, las procuradurías fiscales, la Fiscalía General y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. “Es relevante que en plena pandemia, con una crisis económica mundial, la recaudación vaya un poco debajo de la Ley de Ingresos”, afirmó.