La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca  (PAN), realizó la primera sesión del parlamento abierto de Análisis a la Iniciativa Presidencial en materia de Pensiones, en la que diputadas, diputados, funcionarios, representantes del sector privado, especialistas y trabajadores hicieron planteamientos en torno a la propuesta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ignacio Mier Velazco, destacó la necesidad de garantizar el derecho a una mejor calidad de vida para todas y todos los trabajadores, a través de las pensiones que reciben.

Afirmó que se tiene que consultar para enriquecer el dictamen y recopilar las opiniones de todos, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social.

Comentó que la iniciativa del Presidente de la República se elaboró con la participación de sector privado, administradoras, trabajadores y del propio Gobierno Federal. “Coinciden con el Poder Legislativo en la prioridad de salvaguardar el derecho a una mejor pensión”.

Al inaugurar el parlamento abierto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que es importante estudiar la propuesta presidencial y resaltó la participación de los diversos sectores, cuyas observaciones se considerarán. Añadió que son relevantes dos temas: incluir la equidad de género y reposición de las semanas de cotización.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, sostuvo que la iniciativa parte de un diagnóstico muy simple: por qué se transitó a un sistema de cuentas individuales y problemas de insuficiencia. “Aspiramos a un diálogo nacional y tomar este asunto como de Estado”. Indicó que el problema de las pensiones no es un tema de comisiones o aportaciones, sino de un mercado laboral precario, inestable e informal.

El coordinador del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, sugirió terminar con la fragmentación de los múltiples programas de pensiones que hay en nuestro país y que crearon sistemas pensionarios que no sólo vulneran la viabilidad financiera de las dependencias, sino que crearon jubilaciones desproporcionadas que provocan desigualdades.

El diputado Pedro Pablo Treviño (PRI), secretario de la Comisión, sostuvo que la previsión de ingresos y jubilaciones adecuadas sostenibles a futuro es un tema que debe ocupar al Congreso para encontrar los mejores mecanismos y dar fortaleza a los sistemas financiero, del ahorro y de pensiones. Dijo que la reforma busca dar respuesta a una demanda de miles de trabajadores que están a punto de retirarse.

El diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, apuntó que la reforma es transcendente y representa un avance. Llamó a elaborar el dictamen con responsabilidad, cuidando los detalles para evitar que se impugne, sea viable y dé certeza para ampliar el beneficio social y tener un sistema más justo y solidario hacia los empleados independientes e informales, así como atender las desventajas de las mujeres.

El diputado Iván Pérez Negrón Ruiz (Morena), dijo que el Congreso tiene una alianza estratégica con los trabajadores en materia de seguridad social y pensiones. “Es un tema de justicia social que ha sido discutido y debatido, nos preocupa la presión que han tenido las finanzas del sistema de pensiones y por eso hoy se sientan las bases con la reforma de gran calado”.

El diputado Marco Antonio Medina (Morena) aseguró que esta iniciativa tiene una visión estratégica y está acompañada de la Ley Laboral. Aporta al asunto de las pensiones, ya que se refiere a los bajos salarios, a la falta de una contratación adecuada y porque la democracia sindical es parte de la lucha por salarios justos y dignos.

Participaciones en la mesa de Seguridad Social

José David Méndez Santa Cruz, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que el sistema de pensiones que establecía la Ley de 1973 dejó de ser sostenible derivado del cambio demográfico provocado por el envejecimiento poblacional. Agregó que las condiciones del mercado laboral nos llevan a una baja cotización, lo que no permitirá alcanzar las mil 250 semanas, por lo que sólo 24 por ciento de los trabajadores alcanzará una pensión por este requisito.

Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que con esta reforma se disminuiría el número de semanas y se concentra la aportación del Estado entre los trabajadores de más bajos ingresos para evitar que las empresas micro, pequeñas y medianas tengan una carga adicional, lo que podría incentivar la informalidad.

Yolanda Torres Segarra, directora general adjunta jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones de la SHCP, propuso incorporar en los artículos 157 y 164, la posibilidad de contratar un segundo seguro aparte del de renta vitalicia para usar de manera más eficiente los recursos y reducir el costo de la prima. Permitir a las aseguradoras de vida ofrecer el seguro de renta vitalicia para que los trabajadores elijan con quién contratar.

Amelia Chávez Carrillo, directora general adjunta de Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, propuso permitir que los trabajadores puedan disponer de sus recursos en parcialidades y no en una sola exhibición, con ello, los montos seguirán generando rendimientos. Sugirió contratar dos seguros para combinar una renta vitalicia y un retiro programado que otorgaría mayor liquidez en la edad de retiro.

Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dijo que no se puede soslayar la pensión universal de los adultos mayores, y que en la medida que las finanzas públicas lo permitan, se triplique el monto de esta prestación para asegurar la suficiencia alimentaria y no alimentaria de los adultos mayores por el simple hecho de ser mexicanos sin distinción.

Por su parte, Pedro Sánchez Cuervo, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial, propuso evaluar la conveniencia de un ahorro voluntario que incrementaría de forma sólida el ahorro de los trabajadores “que nos permitirá de forma exitosa el tema del futuro y retiro de los trabajadores”.

Leonor Quiroz Carrillo, asesora independiente en material laboral y seguridad social del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que la mayoría de costos en las Afores son administrativos, de los cuales 57.2 por ciento son de operación y 13.5 por costos regulatorios, a lo que se le debe sumar un 20 por ciento por personal y servicio, que deben considerarse al establecer una regulación de las comisiones, mismas que no deben enfocarse en reducciones, sino en generar mayores rendimientos.

Jorge López Pérez, de Coparmex, mencionó que el sistema de competencia de las Afores ha funcionado; prueba de ello, son la baja de comisiones en los últimos 10 años de cerca del 30 por ciento, así como un rendimiento anual del 11 por ciento nominal, muy por encima de otros productos, por lo que pidió a los legisladores encontrar una forma de ahorrar para el retiro con estas mismas condiciones.

Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, consideró que la modificación de la pirámide poblacional requiere recetas nuevas, así como atender a los trabajadores autónomos e informales en materia de pensiones con un sistema propio. La reducción de semanas de cotización a 750 es sostenible. Las comisiones se han reducido de forma importante y van en la ruta correcta.

Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, dijo que este sector está a favor de que continúen bajando aceleradamente las comisiones a niveles internacionales. Propuso que no haya un precio máximo en las comisiones y que sea la Consar quien determine el nivel y que la conversión sea a la par en que se dan los incrementos del ahorro.

Carlos Iván Gay Patiño, director de Vida, Pensiones y Desarrollo del Seguro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dijo que la iniciativa representa un gran avance que permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de reducir el requisito de las semanas de cotización e incrementar el porcentaje de las aportaciones.

Por su parte, Ernesto Reyes Retana Valdés, director técnico de Comités de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, consideró que se le debe dar el peso y atención que merece el ahorro voluntario. Es importante, aseveró, una política pública que fortalezca el ahorro interno reconociéndolo como palanca indispensable en el crecimiento sostenible del país.

Jorge Gaxiola Moraila, representante del Comité Jurídico de la Asociación de Bancos de México, recomendó que se incorpore el ahorro voluntario, además, subrayó, representa una solución sin costo fiscal para el trabajador. Sin embargo, advirtió que “no se puede estar a expensas de cómo se regulan comisiones en otros países; no se puede tener como tope los precios en otras latitudes”.

Roberto Gerardo López Jiménez, del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, dijo que la reforma es correcta, pero debe complementarse con acciones que estimulen las aportaciones de carácter voluntario, además de considerarse una edad de retiro acorde a la esperanza de vida.

Carlos Fernando Lozano Nathal, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, consideró que la iniciativa maneja un sistema para el retiro y no uno de pensiones, por lo que sugirió la pensión universal y sustituir la atención asistencial, articular los planes de pensiones para garantizar un retiro digno, actualizar las aportaciones y promover planes privados pensionarios.

Alan Duclaud Ampudia, subdirector del Comité Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, sostuvo que no debería recaer en el patrón el sistema pensionario como una solución a mediano y largo plazo. Propuso que el Gobierno Federal aumente progresivamente su aportación, así como que se contemple al trabajador en un plan integral.

Gustavo Del Ángel Mobarak, director de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica, estimó necesario incrementar el ahorro voluntario y lograr una mayor inclusión de la población vulnerable y excluida, a través de un sistema estable y confiable. Dijo que el crecimiento sostenido y la estabilidad del sistema, así como su capacidad de incorporar a trabajadores de forma creciente ha sido una característica que abona a este cambio cultural.

Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, aseguró que la iniciativa tiene una característica importante porque preserva la construcción de un mercado de capitales de largo plazo que sirve para financiar proyectos de infraestructura que no existía. “Con esta iniciativa se incrementa la solidaridad del Gobierno y del sector privado en beneficio de las pensiones”.

Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, puntualizó que la oportunidad que se tiene de hacer una reforma integral se está perdiendo, porque la propuesta sólo se enfoca en los trabajadores del IMSS, y se deja fuera a otros sistemas, como los estatales y municipales.

Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, especialista y académico, señaló que las Afores privadas manejan cobros más altos en perjuicio de los trabajadores, por lo que la seguridad social sigue siendo la mejor. “Debe cortarse de tajo la usura y que las pensiones no sean para las grandes empresas bancarias”.

Zoé Cristina Gómez Benavides, presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, planteó que el seguro de desempleo no se considera y debe establecerse a nivel nacional; revisar el número de semanas cotizadas para bajarlo a 500 y construir, con los trabajadores, una cultura financiera.

Alejandro Turner Hurtado, presidente del Comité de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, reconoció que la iniciativa es un paso importante hacia un sistema nacional de pensiones, aunque está limitada porque no resuelve de forma integral el esquema, el cual requiere revisarse y avanzar a uno que no esté fragmentado y desigual. La reforma sólo se enfoca a los trabajadores formales que cotizan al IMSS, afirmó.

Arturo Huerta González, profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró que la iniciativa no es una reforma de justicia social y no contempla una política de empleo, ni de ingreso salarial, por lo que no encara la crisis actual.  “El modelo no ha alcanzado los resultados esperados porque ha disminuido el número de trabajadores cotizando en el Sistema de Ahorro para el Retiro y de trabajadores para tener acceso a una pensión”, subrayó.

Por su parte, Berenice Patricia Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que con la iniciativa la pensión mínima garantizada propuesta a los 60 años y mil semanas de cotización representará el 73.6 de un salario mínimo, menor a la ley actual. “No deben bajar las aspiraciones de construir al bienestar, parecería que sólo se aspira la construcción de una mínima pensión”.

Rolando Silva Briceño, vicepresidente Fiscal de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, mencionó que la reducción de semanas ayudará, pero es contradictorio que no se esté observando lo relacionado con el retiro por desempleo dentro de las Afores.” Este retiro, que sin duda alguna han sido históricamente alto, ha traído como consecuencia una reducción en las semanas de cotización”.

Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, aseguró que de aprobarse como está la propuesta de reforma no dará los mejores resultados, por lo que planteó valorar un sistema universal de pensiones y no manejar el tema “por cachitos” y tener un fondo de pensiones “solidario” en beneficio de la población.

José Luis Téllez Ortega, a nombre del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, demandó que las pensiones se midan en salarios mínimos y no en UMA, porque sería una regresión perversa. Afirmó que el Congreso tiene la oportunidad histórica de aprobar una reforma integral de largo plazo y gran calado en el sistema pensionario a fin de que la pensión universal sea digna y autosustentable en el futuro y que las mujeres puedan obtener una pensión.

Jesús Armando Galindo Noriega, administrador de exempleados de Pemex, propuso acreditar en la iniciativa las semanas de cotización de los trabajadores de este sector, en virtud de que no cotizaron ni al IMSS e Infonavit, y se les reconozca esta aportación.

Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, celebró que la iniciativa se haya movido en la dirección de consolidar al sistema de las Afores.

Por su parte, Pedro Vásquez Colmenares G., socio director de Marpex Consultores, dijo que la reforma no es perfecta y exhortó a incluir el ahorro voluntario, ya que representa un pilar para la sustentabilidad.

Federico Rubli Kaiser, socio consultor de MAAT ASESORS S.C., comentó que la modificación va en la dirección correcta, pero no es una auténtica reforma al sistema de pensiones, porque requiere de un verdadero sistema que se auxilie de un buen mecanismo de ahorro. “Hay que crear un sistema nacional de pensiones que integre a todos los subsistemas y una ley marco”.

Guillermo Zamarripa Escamilla, director general de la Fundación de Estudios Financieros, planteó incorporar en el artículo 37 de la iniciativa la regulación de los servicios de las Afores, los cuales no son homogéneos y manejan diversos modelos, así como establecer un costo único de las comisiones. Además, considerar las experiencias de países como Chile, a fin de enriquecer la propuesta.

Para concluir la mesa de trabajo, Juan Carlos Hernández Lepe, de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Seguridad Social Solidaria, apuntó que es necesario continuar con las pensiones solidarias y abrogar el sistema de Afores. “La iniciativa sólo toca a las personas del IMSS, pero se necesita de una Ley General de Pensiones que contemple a todos los trabajadores”.