La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), ratificó a Guadalupe Araceli García Martínez, como administradora General Jurídica, y a Luis Abel Romero López, administrador General de Recaudación, ambos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de empleados superiores de Hacienda.Los integrantes de la instancia legislativa avalaron el dictamen en lo general y en lo particular, con 24 votos a favor y cinco en contra, para ratificar los nombramientos hechos por el titular del Poder Ejecutivo federal, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política. El documento se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa en el Pleno.
El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez preguntó qué se puede esperar de la orden de recaudar más con la crisis financiera que tendrá el país. ¿Cómo van a resolver las dudas del sector empresarial relativas a la persecución y terrorismo fiscal, de la no aplicación de reglas claras, del Estado de derecho y la libertad. Apeló a la prudencia y responsabilidad para que los funcionarios del SAT escuchen y evalúen las consecuencias de una decisión mal tomada.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) resaltó la importancia de aumentar la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión, elusión y corrupción.
Del PES, la diputada Adriana Lozano Rodríguez indicó que es básica la comunicación entre los administradores y legisladores a fin de dar confianza a los contribuyentes con el objetivo de lograr un mejor comportamiento y tener amplia recaudación.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) comentó que antes el SAT tendía más a la persecución, a las políticas ortodoxas que privilegiaban la recaudación, que la generación de incentivos, por eso, dijo, “hoy una sociedad en términos de una corresponsabilidad necesita cumplir con su obligación constitucional y el gobierno administrar bien los recursos”. Sostuvo que las nuevas autoridades del SAT deberán tomar decisiones con plena responsabilidad, prudencia y respeto a las y los contribuyentes.
Del PT, el diputado Óscar González Yáñez consideró que los grandes retos para las autoridades del SAT son bajar el ingreso petrolero y aumentar el fiscal. “El anhelo es que a través del ingreso fiscal podamos sacar adelante la economía del país y que no haya nadie que no pague impuestos, porque todos tenemos esa responsabilidad”, precisó.
Del PRI, el diputado Fernando Galindo consideró que en los próximos meses tendrán un trabajo intenso e importante para seguir manteniendo la solidez de las finanzas públicas ante el complicado entorno económico internacional y nacional. El reto es enorme porque tienen que cumplir con las metas de recaudación aprobadas por la Cámara de Diputados.
Del PAN, el diputado Carlos Valenzuela aclaró que “no se es tremendista, sino realistas ante la situación que vive el país”, porque hay agentes internacionales que inciden y también malas decisiones que ha tomado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Expresó su preocupación por la pérdida de más de 300 mil empleos que no se vinculan con el coronavirus ni la baja en el precio del petróleo.
La diputada Alejandra Pani Barragán (Morena) destacó que la administración jurídica conlleva responsabilidades importantes como la aplicación de la legislación fiscal y aduanera. Reconoció que en el cuarto informe de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas del 2019 se obtuvieron 11 mil 032 sentencias definitivas favorables que representan 126 mil 194 millones de pesos, por lo que preguntó cuáles serían los lineamientos para continuar con el aumento de juicios ganados.
Por su parte, el diputado Benjamín Huerta Corona (Morena) dijo que el trabajo como funcionarios del SAT deberá ser el de ejercer actos de cobro sin caer en facultades excesivas de terrorismo fiscal que vulneren los mínimos derechos de los contribuyentes, “el objetivo es hacer cumplir cabalmente el contenido del artículo 31, fracción cuarta constitucional, precisó.
La salida para aumentar la recaudación, no es el terrorismo fiscal
Al responder a los diputados, Guadalupe Araceli García Martínez, propuesta como administradora General Jurídica, aseguró que “no es el terrorismo fiscal la salida para aumentar la recaudación”. Aseguró que se dará certeza jurídica, simplificación y facilidades administrativas para desincentivar la evasión y elusión fiscal a través de criterios normativos que la identifiquen y alerten en su indebida incidencia.
Se hará un combate frontal a la corrupción, se garantizará la prestación gratuita de los servicios jurídicos, “no se tolerará el favoritismo y se denunciarán este tipo de casos que se detecten”. Tendrán en el SAT un aliado para el cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales. “Es nuestro papel orientar, apoyar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no hay mejor sistema fiscal donde el contribuyente pueda cumplir fácilmente y la administración tributaria recaudar fácilmente”, reiteró.
Instrumentar acciones para el pago de impuestos
Por su parte, Luis Abel Romero López, propuesto como administrador General de Recaudación, explicó que buscará instrumentar acciones persuasivas para que los contribuyentes paguen sus impuestos de manera adecuada. “Existen los mecanismos previstos en las disposiciones del sistema, utilizar de mejor manera el Buzón Tributario como mecanismo de notificación”, subrayó.
Recordó que no habrá condonaciones, ni cancelaciones de créditos fiscales y anunció que se está implantando un nuevo programa de vigilancia con la finalidad de que aquellas personas que por omisión no cumplan con su obligación fiscal, puedan tener un acercamiento para invitarlos a que cumplan.
Invitación al secretario de Hacienda
Por otra parte, la comisión aprobó hacer una invitación formal al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, a propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla.
Indicó que el propósito es realizar una reunión con los diputados para que conozcan el impacto que tendrá en la economía del país la baja en el precio del petróleo y el coronavirus, en materia financiera.
