Javier Divany Bárcenas

Con 22 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, en lo general y en lo particular, al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Una adenda presentada por el diputado Manuel Rodríguez González, al dictamen en torno al artículo 59 Bis, se aprobó en votación económica, en donde se propone eliminar los permisos temporales o definitivos en la figura de la suspensión, para dar certeza jurídica y salvaguardar el debido proceso.

Con ello, se dará certidumbre con respecto a las inversiones relacionadas a permisos, lo que coincide con varias peticiones que hicieron los involucrados durante el proceso de análisis de la iniciativa, explicó.

La junta directiva de la Comisión aprobó la siguiente redacción en el artículo 59 Bis: “La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores quedando a salvo los derechos de terceros y el interés del Estado, refirió.

La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que pudiera darse, en caso de que continúen los actos que ampare el permiso.

Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de quince días naturales, a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo de quince días naturales, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con quince días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario.

La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, éste último incurra.

La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores.

El permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya expedido el permiso la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando la causa no tenga origen en un acto ilícito en la comercialización y/o transporte o alteración de los componentes del combustible.

Si transcurrido el plazo de la suspensión, el permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación del permiso.

En el mismo sentido, la junta directiva de la Comisión consideró que “es fundamental tener un marco regulatorio de medición que sea eficaz, con la intención de que el Estado pueda captar la verdadera renta de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. De lo contrario, seguiremos perdiendo la lucha contra el contrabando y el mercado ilícito de hidrocarburos”.

Para lograr es necesario que la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria encuentren mecanismos de colaboración para evitar la sobrerregulación, que los requisitos sean similares y que la información generada pueda ser compartida para combatir el mercado ilícito.

Al respecto, se propone agregar un artículo séptimo transitorio: A la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas correspondientes.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), al hablar en contra del dictamen, consideró que la iniciativa del Ejecutivo intenta regresar a un monopolio de Estado en la electricidad y el petróleo. De aprobarse, dijo, se afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de hidrocarburos. “La política energética del Ejecutivo atenta contra los derechos de propiedad, no cuida al medio ambiente ni la salud de los ciudadanos”, advirtió.

A favor, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) dijo que la actual administración no lucra con los recursos del pueblo ni con la voluntad de la sociedad.  Señaló que México necesita fortalecer el sector energético desde una perspectiva de seguridad nacional, la inversión extranjera y el combate a la corrupción. “El dictamen asegurará que cada uno de los consumidores finales paguen tarifas justas en mercados competitivos”, sostuvo.

Por parte del PRI y en contra del dictamen, el diputado Enrique Ochoa Reza dijo que la reforma requiere modificaciones para que sirva al país y para que brinde mejores condiciones de precio y calidad de combustibles. Propuso que en la misma lógica que se corrigió el artículo 59 Bis del dictamen se armonice su artículo sexto transitorio que, dijo, va en sentido contrario de establecer un procedimiento que no afecte a los consumidores y de fijar tiempos razonables para la suspensión de un permiso.

Al hablar a favor, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) refirió que el sector energético es una de las pruebas de que los gobiernos pasados cometían fraudes para enriquecerse y ponían la seguridad del país en otras manos. Ante esto, explicó que el centro de la iniciativa es combatir la corrupción y limpiar la vida pública de la nación. La reforma es permitente porque se necesita fomentar la eficiencia y responsabilidad de las instituciones.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) señaló que su grupo parlamentario no acompañará el dictamen porque viola las formas del proceso legislativo y el contenido de varios ordenamientos. Además, dijo, busca el control de la cadena de hidrocarburos por parte del Ejecutivo en un sector clave para la economía nacional. “El Ejecutivo quiere el control total de la cadena de hidrocarburos pese a que en dichas actividades debe haber libre competencia”, señaló.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que especialistas de todo el espectro se manifestaron a favor de la iniciativa y aunque plantearon preocupaciones precisas, se reconoció con la adenda y se mejoró de manera sustancial. Explicó que la reforma energética no se toca y no se desmantela, el mínimo cambio es que no haya excesos en la distribución y robo de combustibles. “La oposición busca la protección de las empresas extranjeras que se impusieron en el país con corrupción”, señaló.

En contra, la diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo (PRD) destacó que habrá incertidumbre por la discrecionalidad con que se manejará el sector. “Es una iniciativa claramente inconstitucional y promueve la arbitrariedad y el autoritarismo energético enfocado en una clara intención de expropiar las instalaciones de permisionarios y manipular al sector de manera discrecional y sin esquemas jurídicos que busquen la legalidad”. Espanta la inversión y no representa una mejoría para Pemex ni consumidores; el incremento del costo será inminente.