La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento puntual al estado procesal de 53 mexicanos que enfrentan una condena de pena de muerte, dos en China y 51 en los Estados Unidos de América.

De estos últimos, 30 casos forman parte de la demanda original presentada en 2003 por México contra el gobierno estadounidense del “Caso Avena”, por haber iniciado proceso judicial y dictar sentencia de pena de muerte, sin haber notificado esta situación al consulado mexicano, situación considerada como una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada y ratificada por ambos países. De acuerdo con cifras de Amnistía Internacional hasta 2019, 106 países en el mundo no establecen la pena capital para ningún delito; 8 países establecen la pena únicamente para delitos excepcionales, como los delitos previstos en el código penal militar; sin embargo, no han registrado ejecuciones en más de 10 años, mientras que 56 estados mantienen la pena para delitos comunes.

Para este Organismo Autónomo el derecho a la vida es fundamental e indispensable para el ejercicio de otras prerrogativas, constituyéndose como el bien jurídico más valioso del ser humano, en tal sentido su salvaguarda se extiende a los connacionales en el extranjero.

En este marco, la CNDH se suma a las acciones que el Estado Mexicano emprenda para evitar su aplicación y considera indispensable emprender estrategias para evitar la pena de muerte en los casos de mexicanos que actualmente enfrentan un proceso judicial que pudiera derivar en una sentencia de este tipo, con el propósito de garantizar los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad corporal y al debido proceso. Es importante recordar que en el Primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en 2001, se estableció la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, y en 2003 se inauguró el primer Día Contra la Pena de Muerte, la cual tiene como objetivo principal la abolición de la pena capital.

En México, el último condenado a la pena de muerte fue conducido al paredón de la Sexta Zona Militar de la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 9 de agosto de 1961. Es a partir del 18 de junio de 2008, que se elimina definitivamente la pena capital de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde 2007, el Estado está adherido al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.