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La Ciudad de México, con las condiciones para impulsar una política criminal

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En la Ciudad de México están dadas las condiciones para impulsar una política criminal que “nos lleve a nuestro fin último que es la justicia”, aseveró la licenciada Ernestina Godoy Ramos, procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, al dictar la conferencia magistral Coordinación institucional: el estado de la cuestión y los retos de la Fiscalía General, en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El momento de transición del país “es inmejorable” para que la política criminal, que se instaure a partir del cambio de procuraduría a fiscalía de la capital del país resulte en una institución que atienda las demandas sociales de justicia y tenga como uno de sus ejes el combate a la corrupción, dijo la funcionaria durante el primer foro La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el contexto de la política criminal nacional.

En esta administración “se ha abandonado la política de guerra contra el narco, que convirtió al país en un gran cementerio”, por lo que para “organizarnos y buscar la paz hemos empezado por cambios normativos a nivel federal (artículo 19 constitucional) ampliando, por ejemplo, el abanico de delitos que merecen pena privativa de libertad de manera oficiosa”.

La creación de la Guardia Nacional es otra gran modificación, que ha implicado el surgimiento de una nueva institución, reformando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de establecer instrumentos de coordinación y actuación en los tres niveles de gobierno para el combate a la inseguridad.

Adicionalmente el Senado aprobó el Programa General de Paz y Seguridad que define las políticas generales de política criminal, “todo para lograr la paz”, a lo que se suma contar con una sociedad civil con instituciones de educación superior poseedoras de una sólida experiencia y conocimiento científico, que durante más de diez años han acompañado el proceso de diseño, instrumentación y evaluación del nuevo sistema de justicia penal y la transformación de las distintas procuradurías en los estados hacia fiscalías.

Con todos estos instrumentos “buscamos la construcción de una política criminal de Estado democrática y de derechos sociales” que debe ser pública y en la que “todos tenemos que participar en el diseño, estableciendo mecanismos eficientes para su instrumentación”.

La Ciudad de México es la entidad donde más se efectúan denuncias; en los últimos cuatro años se han incrementado de 169 mil a 234 mil el número de acusaciones y en el primer semestre de 2019 se han hecho aproximadamente 140 mil, casi la misma cantidad que en 2015, lo que indica una tasa de crecimiento de más de 38 por ciento.

En cuanto a víctimas, la procuraduría atiende a más de 280 mil personas al año y ha captado, en lo que va de 2019, 56 mil denuncias vía la modalidad de ministerio público virtual, apuntó en los foros organizados por el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Con estos datos es evidente que la política criminal en la capital debe tener “el toque de atender masivamente” y determinar con mucha precisión la tipología de la problemática criminal y sus dimensiones, jerarquización y priorización de los problemas existentes”.

El modelo de procuración de justicia que impera en la procuraduría ha fracasado, porque es imposible atender la cantidad de denuncias sobre las cuales no hay jerarquización y priorización, por ello se plantea una tipología y características del fenómeno.

“Tenemos que dar una atención adecuada y creemos que puede ser mediante una política de segmentación, de acuerdo con las características del delito”, además de que el organismo “no va a dejar de atender ningún asunto y todas las personas que lleguen van a ser escuchadas”.

En los delitos de alto impacto –alrededor de 19 por ciento de los que se presentan ante la instancia– la próxima fiscalía tendrá que centrar todo su esfuerzo, sobre todo en materia de investigación.

Con la transición de la procuraduría a la fiscalía de justicia “estamos en posibilidad de una verdadera transformación de fondo en el esquema de procuración de justicia de la capital” y confió en que éste se pueda adoptar en los distintos estados y la propia federación; “si logramos sistematizar todo el talento, el saber y la energía social que está generando esta ciudad”.

En su comentario a la ponencia de la licenciada Godoy Ramos, la doctora Ana María Magaloni Kerpel, presidenta de la Comisión Técnica para la transición de la Procuraduría General hacia la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, dijo que “el reto de transformar la procuraduría no es menor”, porque el sistema actual se diseñó hace muchos años “como un instrumento de control político, en el que lo que importaba eran los diez casos que le interesaban al jefe de gobierno en turno y a personas poderosas, en una urbe donde hay muchísima actividad del crimen organizado y, por tanto, muchísimo dinero”.

Estos intereses generaron una institución que “tiene muy pocas capacidades reales para satisfacer la demanda de justicia de quienes acuden a ella”; por ello “la transición será complicada y larga”, dijo la investigadora.

En el proceso de transformación, la ruta de implementación es gradual y una característica que la Constitución de la Ciudad de México establece para la fiscalía es que el personal de la procuraduría “no pase en automático”, sino que será necesario definir los nuevos perfiles y capacidades humanas que se requieren.

De lo que se trata es de que esa institución que sirvió como instrumento de control político y para administrar, comprar y vender impunidad, sirva a las víctimas del delito, en una transformación que “no se construye desde la ley, sino creando capacidades” desde dentro.

En su mensaje, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM y presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIES, dijo que el objetivo de este primer foro sobre el tema es definir los aspectos básicos que debe contemplar la política criminal en la Ciudad de México y determinar las implicaciones que tendrá en la configuración de estrategias y mecanismos de toma de decisión de la Fiscalía General de Justicia capitalina y aun de otras instancias vinculadas al combate a la delincuencia.

El CRAM se une así al diálogo sobre este trascendente tema no sólo de manera transparente, sino abordando esquemas analíticos y conceptuales en la definición de la nueva naturaleza de la fiscalía.

En la inauguración de este foro estuvieron también los doctores Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa; Yolanda Legorreta Carranza, directora general de asuntos jurídicos de la ANUIES, y Fernando Salmerón Castro, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

El primer foro La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el contexto de la política criminal nacional se realizó en la Sala Sandoval Vallarta de la Unidad Iztapalapa de la UAM, como parte de los Foros de Fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.