Washington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la creciente criminalización y acoso de periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos en Cuba. Asimismo, insta al Estado a poner fin al hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su libertad de expresión, incluyendo citaciones, detenciones arbitrarias, presiones sobre la familia y el entorno, y acoso judicial.

Según la información recibida por la Relatoría, el pasado 9 de noviembre, el artista Denis Solís fue detenido por la Policía tras varios días de hostigamiento. En las semanas previas, el artista se habría tatuado en su torso «Cambio Cuba Libre», compartiéndolo en sus redes sociales y declarando su inconformidad con las políticas del régimen. En este contexto, unos días antes de su detención, la Policía habría ingresado a la vivienda de Denis Solís sin su consentimiento ni una orden judicial. El artista habría grabado la discusión que mantuvo con el agente policial para luego difundirla en sus redes.

De acuerdo a la información de los medios de comunicación, el 11 de noviembre, el activista fue juzgado por el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a 8 meses de prisión por la presunta comisión del delito de «desacato», decisión que fue confirmada por el Tribunal Provincial de La Habana.

El 10 de noviembre integrantes del Movimiento San Isidro, del que Denis Solís es parte, habrían presentado un recurso de hábeas corpus ante en el Tribunal Provincial de La Habana para pedir por su liberación. El 13 de noviembre, la curadora de arte y profesora Anamely Ramos se acercó a la estación policial de Cuba y Chacón para averiguar sobre la situación de Denis. Allí, un oficial la atendió y le indicó sin mayor detalle que ya se había realizado un juicio por desacato y, tras la sentencia condenatoria, se había ordenado su traslado a la prisión de Valle Grande, en donde el activista se encontraba «en espera de la firmeza de la sentencia dictada en su contra».

En un pronunciamiento público, el Movimiento San Isidro denunció el proceso acelerado y secreto contra el activista. Allí manifestaron que en un lapso de sólo tres días, Denis Solís fue violentamente arrestado sin cargos, trasladado a tres instituciones policiales y carcelarias, y procesado «por una causa construida», todo ello sin permitírsele ningún tipo de comunicación telefónica.

Asimismo, según fue informada la CIDH y su Relatoría Especial, desde el 16 de noviembre, oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil, habrían sitiado y acordonado la cuadra de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja. En el interior del edificio habría más de 15 artistas, activistas y periodistas independientes autoconvocados en una lectura de poesía para exigir la liberación del artista y opositor. En este marco, la CIDH y su Relatoría recibieron con especial preocupación la información acerca de la interceptación de Daylys Bandera Rodríguez, una vecina que les suministraba alimentos, lo que derivó en la declaración de huelga de hambre y sed por parte de algunos de los activistas presentes en el acto, y que aún persiste. Anamely Ramos señaló que la decisión de permanecer en huelga de hambre se mantendrá hasta la liberación de Denis. El 22 de noviembre, en el marco de una manifestación en apoyo al Movimiento San Isidro, por lo menos quince personas —entre activistas y periodistas— habrían sido detenidas por las autoridades. Entre ellas se encontraba la periodista de 14yMedio Luz Escobar, quien transmitía en vivo la manifestación desde el Parque Central de La Habana. En ese contexto, dos mujeres vestidas con uniforme del Ministerio del Interior se acercaron a ella y le pidieron que «las acompañara hasta la esquina» a lo que la periodista respondió que no estaba violando la ley. Unos segundos después cortó la transmisión al ser detenida. La reportera fue liberada alrededor de las 7 de la tarde, tras unas cuatro horas de detención.

La CIDH y su Relatoría también han observado con preocupación la utilización selectiva del Decreto-Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba a fin de perseguir y criminalizar una significativa cantidad de personas por expresiones críticas, en muchos casos relacionada al COVID-19. Esta norma ha sido ampliamente criticada y rechazada por la sociedad civil cubana. En abril, un grupo de periodistas, artistas y activistas firmaron una «Declaración contra la Ley Azote» en donde advirtieron que la ley criminaliza los actos de informar, opinar y expresarse libremente. En junio, un grupo de 64 personas firmaron una petición dirigida a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el presidente de la República para que se declare inconstitucional el Decreto Ley 370, que recibió el respaldo de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el exterior.

Tal como se señaló el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, la utilización indebida del derecho penal como mecanismo de responsabilidades ulteriores en perjuicio de quienes expresan opiniones, información o algún tipo de crítica sobre temas de interés público, o que se refieren a autoridades o funcionarios del gobierno, es una práctica extendida en Cuba y se mantiene desde hace varias décadas. Sobre este punto, la CIDH y su Relatoría Especial han sostenido repetidamente que el uso del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, han resaltado que la criminalización en estos casos no solo constituye una limitación directa a la libertad de expresión, sino que también puede considerarse como un método indirecto por su efecto inhibidor del libre flujo de ideas sobre asuntos de interés público.

Además, la CIDH y su Relatoría Especial manifestaron en dicho informe que los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en el país, práctica que debe ser descontinuada y sancionada. En esta ocasión, asimismo, recomendaron al Estado poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos.

Asimismo, se recuerda que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que «[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como «leyes de desacato» atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».

De esta manera, la CIDH y su Relatoría Especial insisten en las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el mencionado informe en lo que refiere a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.