La CIDH llama a Perú a evitar los discursos públicos que invisibilizan y perpetúan la violencia contra las mujeres

Internacional

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar registrados en Perú en 2021, y los discursos de altas autoridades que podrían minimizar e invisibilizar la situación. En ese marco, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para combatir todas las formas de violencia de género contra las mujeres, y garantizar que estos casos no queden en la impunidad.

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo o persona cercana, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, si bien Perú ha avanzado en su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres, la CIDH observa con preocupación los registros oficiales que indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con 2020. Asimismo, se tuvo noticias de que altos funcionarios del Estado calificaron las denuncias de violencia familiar contra funcionarios públicos como temas personales.

Comentarios de tal naturaleza robustecen la noción equivocada de que la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto privado cuya injerencia escapa de la competencia del Estado, y envían un mensaje social de tolerancia a la violencia. Además, generan sentimientos de inseguridad y desconfianza por parte de las mujeres hacia las autoridades, obstaculizando así el acceso a mecanismos de protección y de justicia.

La Comisión recuerda que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres ocurren en el ámbito privado, y al respecto el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar. En este marco, las y los funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, sus declaraciones no pueden desconocer dicha posición. Los discursos que perpetúan patrones socioculturales discriminatorios basados en género tienen mayor impacto cuando provienen de autoridades del sector público, y coloca a potenciales víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al tiempo, se destaca que la prevalencia de prácticas sociales y culturales discriminatorias, que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad promueven, legitiman y exacerban la violencia basada en género contra ellas. En este sentido, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de erradicar la cultura del machismo y patriarcalismo, así como la discriminación histórica conectada a la sociedad que fomenta la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Por lo anterior, la Comisión llama al Estado a combatir la violencia contra las mujeres por razones de género en todas sus modalidades. Para ello, insta a abstenerse de difundir mensajes que minimizan y perpetúan la violencia contra las mujeres, y a adoptar discursos, políticas y programas que contribuyan a transformar patrones socioculturales discriminatorios, con el objetivo último de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito público como en el privado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.