Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más profunda preocupación por el incremento de hechos de violencia en territorios caracterizados por la presencia de grupos armados ilícitos y una limitada presencia del Estado. La CIDH exhorta a Colombia a investigar estos hechos de manera pronta y diligente, así como juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos. Asimismo, urge al Estado identificar las causas estructurales de estos hechos y a desarrollar políticas públicas con la participación de las comunidades afectadas que busquen mitigar la violencia en el país, según los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.
La Comisión ha venido monitoreando la situación de violencia en Colombia y, en especial, el incremento de asesinatos registradas en el país. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, hasta el 25 de septiembre se habían documentado 42 masacres en el país durante el año 2020, y otros 13 hechos se encuentran en estudio. Durante el año 2019, la ACNUDH registró un total de 36 masacres en Colombia, donde murieron 133 personas. Por otra parte, la sociedad civil ha registrado 64 masacres en lo que va del año 2020 en el país.
Al respecto, la Comisión recibió información sobre diversas masacres y asesinatos en el país, como la sucedida el 11 de agosto en la ciudad de Cali, donde 5 adolescentes afrocolombianos de entre 14 y 18 años de edad habrían sido torturados y ejecutados. Asimismo, la CIDH toma nota sobre la masacres sucedidas el 4 de septiembre en el municipio de El Tambo, Cauca, donde fueron encontrados 3 cuerpos sin vida y con las manos atadas en sus espaldas; en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron asesinadas presuntamente por un mismo autor 3 personas, una de ellas, una mujer embarazada de 23 años de edad; el 7 de septiembre en la zona rural del municipio de Zaragoza, Antioquia, donde fueron asesinadas 5 personas; así como las registradas en los municipios de Simití y Carmen de Bolívar, ambos en el departamento de Bolívar, que le costaron la vida a 6 personas; asimismo, el 19 de septiembre en el área rural del municipio de Buenos Aires, Cauca, donde 5 adultos y un adolescente de 16 años pertenecientes a la comunidad afrocolombiana fueron asesinados.
Adicionalmente, la CIDH observa una concentración territorial de estas graves violaciones de los derechos humanos en áreas caracterizadas por una limitada presencia del Estado colombiano y con actuación de grupos armados ilícitos en competencia por el dominio y control de las distintas economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, entre otras). De acuerdo con información oficial, en el primer semestre del año 2020, la tasa de homicidios en Colombia se situó en 23,33 muertes cada 100 mil habitantes, el valor más bajo de este indicador desde 1974. Sin embargo, la totalidad de estos homicidios se concentró en el 55% del territorio nacional, es decir, en 496 municipios que constituyen el 45% del área restante del país no se registró ningún homicidio en los primeros 6 meses del año. Según la información aportada por la sociedad civil, los departamentos donde se contabilizaron una mayor cantidad de masacres en 2020 son Antioquia, Cauca y Nariño, los dos primeros también figuran como los más afectados en 2019, según los datos de la ACNUDH.
La Comisión toma nota de la información oficial que señala la especial concentración de la violencia en los municipios donde se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Al respecto, entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios donde se están implementando los PDET se encuentra en 44,3 muertes violentas cada 100 mil habitantes y en los municipios en los que se está desarrollando el PNIS la tasa es de 57,9 muertes cada 100 mil habitantes. Es decir, un 190% y 259% más respectivamente que el promedio nacional.
En este sentido, la Comisión destaca la intersección entre los territorios donde tienen lugar los asesinatos y masacres y el perfil de las víctimas. Sobre eso, la CIDH resalta que esas personas pertenecen, mayoritariamente, a grupos sociales que histórica y estructuralmente padecen la vulneración de sus derechos, particularmente campesinos, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre otros. Asimismo, destaca que estos hechos transcurren, preponderantemente, en territorios caracterizados por la presencia de grupos armados ilícitos, con la presencia de actividades vinculadas a las economías ilegales, una limitada presencia del Estado y en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de buena parte de la población que los habita.
En ese sentido, los pueblos indígenas en Colombia continúan padeciendo de la violencia resultante de esta intersección. Por ejemplo, la Comisión fue informada sobre al menos 10 asesinatos de miembros del Pueblo Awá, beneficiarios de la medida cautelar MC 61/11. La CIDH tomó nota sobre los hechos sucedidos el 20 de agosto en Ricaurte, Nariño, donde fueron asesinados 3 miembros de la comunidad de Aguacate y sobre los hechos ocurridos en el resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá, en Tumaco, Nariño el sábado 26 de septiembre donde, según lo informado por las organizaciones, en un enfrentamiento entre grupos armados ilícitos fueron asesinadas 3 personas y otras dos resultaron heridas. Asimismo, la Comisión recibió información sobre el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz y del comunero Joel Rivera el 13 de agosto en el municipio de Corinto, departamento de Cauca, durante el desalojo de un predio conducido por el Ejército Nacional con participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Al respecto, la CIDH fue informada por las organizaciones afrocolombianas sobre los asesinatos, atentados, amenazas e intimidaciones que padecen sus líderes y lideresas por sus acciones en defensa de los derechos de sus comunidades. En este sentido,, una de las lideresas víctima de un atentado reciente informó a la CIDH sobre las deficiencias de las medidas adoptadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) vinculadas con las dificultades para garantizar la movilidad de las víctimas, la ausencia de recursos económicos para la movilización de las custodias y las características de los bienes dispuestos.
Una de las consecuencias de altos niveles de violencia en determinados territorios del país es el desplazamiento forzado. Organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas y de ex combatientes de las FARC-EP, denuncian que, producto del recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilícitos se han visto obligados a abandonar sus territorios. De acuerdo con información oficial, en lo que va del año, solamente en el Chocó se registran más de 2500 personas desplazadas producto del incremento de la violencia en la región.
De igual manera, la Comisión, a través de sus Comunicados de Prensa No. 62/2020 y No. 174/20 ha expresado su profunda preocupación por el alarmante número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Según la ACNUDH, hasta agosto de este año fueron asesinadas 47 personas defensoras en el año 2020 y 44 asesinatos más se encuentran en proceso de verificación. Por otra parte, de acuerdo a registros elaborados por organizaciones de la sociedad civil, hasta el 13 de septiembre de este año la cifra podría llegar a 215 personas defensoras, líderes y lideresas sociales asesinadas. La Comisión subraya que una elevada proporción de los líderes y lideresas asesinados en el país pertenecen a los pueblos indígenas y la población afrodescendiente y toma nota sobre las amenazas e intentos de asesinato que han padecido otros representantes de estas comunidades.
La Comisión ha sostenido en distintas oportunidades que la violencia en Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. No obstante, expresa su alarma por la concentración de la misma en determinados territorios del país y en ciertos sectores de la población que sufren histórica y estructuralmente la vulneración de sus derechos. La Comisión recuerda la obligación del Estado de adoptar medidas para proteger la vida y la integridad ante las formas de violencia en su territorio. En este sentido, la CIDH exhorta al Estado a investigar pronta y diligentemente todos estos hechos a los efectos de sancionar a los responsables y a garantizar la reparación integral de las víctimas con un enfoque étnico en los casos que lo amerite. Asimismo, urge a Colombia a incorporar un enfoque territorial a las medidas de protección.
La CIDH insta al Estado a redoblar los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz y a continuar desarrollando medidas tendientes a disminuir la violencia en el país; a su vez, reitera que en ejercicio de su mandato, se encuentra a disposición el mecanismo de cooperación y asistencia técnica, para brindar al Estado y a la sociedad colombiana en su conjunto, las herramientas necesarias que permitan alcanzar soluciones a los desafíos identificados en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz como parte de su propósito de abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
