Washington, D.C. – La Comisión expresa una enérgica condena por el asesinato de Marcos Ribadeneira, dirigente político y social del Putumayo, integrante del Congreso de los Pueblos y Presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís (ASOPUERTOASIS), en hechos sucedidos el 19 de marzo. Según la información recibida por la CIDH, el Señor Ribadeneira se encontraba en una reunión de campesinos en la vereda Nueva Granada cuando habría sido sacado del lugar por tres hombres armados y posteriormente asesinado. Así como por el asesinato de la lideresa social Carlota Salinas, el 24 de marzo, en el municipio de San Pablo, departamento de Bolívar. Según información pública, hombres armados llegaron a la vivienda de la Señora Salinas, quien era integrante de la Organización Femenina Popular (OFP), la obligaron a salir unos metros para luego asesinarla.
Al respecto, la Comisión ha venido monitoreando la situación de las personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales en Colombia. En su más reciente informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia publicado en diciembre de 2019, la Comisión destacó la importancia que los liderazgos sociales han tenido en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia. Asimismo, dio cuenta del aumento en el número de asesinatos, amenazas y ataques contra líderes y lideresas sociales registrado desde el 2016. Además, en el referido informe, la CIDH identificó algunos de los factores principales de riesgo para estos colectivos como la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales (entre estas, la minería ilegal); la lenta estabilización de los espacios en los que ejercía su influencia la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza; y la diversificación de los intereses de la criminalidad organizada.
Desde la publicación del referido informe hasta la fecha, la Comisión ha continuado recibiendo información apremiante sobre un elevado número de asesinatos de lideresas y líderes sociales en Colombia. De acuerdo con información pública y del seguimiento realizado por la CIDH, desde el mes de enero de 2020 a la fecha, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinadas en diversos departamentos del país. En tanto que, según las cifras registradas por el Sistema de Naciones Unidas, en 2019 se confirmaron 108 asesinatos contra ese colectivo. La Comisión observa con preocupación que estos asesinatos se han presentado con mayor frecuencia en los departamentos de Cauca, Huila, Antioquia y Putumayo.
La Comisión también condena y rechaza otros graves ataques contra personas defensoras y líderes sociales en Colombia, como son el asesinato de la lideresa social y promotora de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito Gloria Ocampo, el 6 de enero de 2020 en Puerto Guzmán, Putumayo. El 16 de febrero, Albeiro Silva Mosquera y Luis Hugo Silva Mosquera, líderes campesinos e integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena, fueron asesinados en el municipio de Miranda, departamento de Cauca. Asimismo, el 4 de marzo fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero, municipio de Campoalegre, departamento de Huila.
La Comisión toma nota del rechazo expresado por el Estado colombiano sobre estos crímenes, así como la solicitud realizada a la Fiscalía General de la Nación para desplegar toda su capacidad investigativa para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables. En particular, en relación con el asesinato de Marcos Ribadeneira, el Estado indicó que se encuentra bajo investigación. Asimismo, en relación con el asesinato de la lideresa Gloria Ocampo. Colombia ha informado a la Comisión que derivada de la investigación que se estaría conduciendo se habría emitido una orden de captura.
La CIDH ha establecido, que como parte de sus obligaciones de protección los Estados deben llevar a cabo acciones oportunas y diligentes para investigar, establecer patrones y sancionar cualquier agresión que se presente contra una persona defensora por el ejercicio de sus funciones a fin de prevenir la consecución de otros actos en su contra. La Comisión ha valorado las diversas medidas adoptadas por el Estado colombiano para la investigación de estos delitos, tales como la Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos, la adopción de la Directiva No. 002 de 2017 y el desarrollo de una metodología específica para investigar los delitos de amenazas, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, reconoce que de los esfuerzos implementados por el Estado en las investigaciones se ha avanzado en el esclarecimiento de estos delitos. La CIDH insta al Estado a continuar adoptando medidas para investigar de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, a los responsables intelectuales y materiales de los ataques, a quienes debe enjuiciar y sancionar de conformidad a la ley y los estándares interamericanos. En particular, el Estado debe continuar incorporando un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes, tal como se desarrolla en el referido Informe.
La Comisión recuerda que la labor realizada por defensores y defensoras sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no son víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de hostigamiento. En este sentido, la CIDH recuerda que la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida e integridad personal se ve reforzada cuando se trata de un defensor o defensora de derechos humanos. Por ello, la CIDH urge al Estado a reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad y seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, tales como el fortalecimiento de las medidas de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al respecto, el Estado informó a la Comisión estar adelantando un proceso de fortalecimiento de la UNP que comprendería la reingeniería de la institución con el fin de dotarla de una mayor agilidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ampliación de su presupuesto y expansión de su presencia en diversas regiones del país.
La Comisión subraya que las agresiones contra estos colectivos se dan en un contexto de violencia más amplio que enfrentan las personas defensoras en el país. La CIDH alienta al Estado colombiano a intensificar esfuerzos para consolidar una cultura de respeto para quienes ejercen la labor de defensa de derechos humanos. Asimismo, destaca la importancia de generar espacios de diálogo entre las personas defensoras o sus organizaciones y las autoridades correspondientes, a fin de conocer los problemas que enfrentan y facilitar su participación activa en la adopción de políticas públicas. La CIDH valora los espacios de diálogo disponibles en Colombia como es la Mesa Nacional de Garantías, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Comisión Intersectorial para el seguimiento a las alertas tempranas y las Mesas por la Vida del Ministerio Público, entre otros. La CIDH insta al Estado a continuar los esfuerzos para que estos espacios se realicen de manera continuada y fructífera.
Asimismo, a inicios del presente año la CIDH tuvo conocimiento sobre el confinamiento de por lo menos seis mil habitantes en el municipio de Bojayá, Departamento de Chocó debido a presuntos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se encontrarían en la región. La Comisión destaca que el departamento de Chocó ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. En este sentido, la CIDH reitera, y comparte con la Oficina de la OACNUDH, en la importancia de continuar avanzando en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, de una manera integral y sostenida, especialmente en las zonas rurales, manteniendo la centralidad en los derechos de las víctimas y en el disfrute general de los derechos humanos. En el contexto actual de implementación del Acuerdo de Paz resulta de vital importancia la presencia del Estado en los territorios, especialmente en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y dejadas por las FARC-EP cuya necesidad de fortalecimiento institucional es mayor.
Por otra parte, la Comisión destaca que el agravamiento de la violencia en el país ha tenido un especial impacto migratorio, como fue el desplazamiento forzado interno de por lo menos 815 personas en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, ocurrido a partir del 23 de febrero del presente año. De acuerdo con información de público conocimiento, las personas se habrían visto obligadas a abandonar sus casas tras una serie de amenazas presuntamente emitidas por grupos armados ilegales que se encuentran en la zona. Por su parte, el Estado informó que está articulando acciones operacionales para la protección y seguridad de la población desplazada en conjunto con autoridades locales y territoriales, según fuera acordado en el marco de un Consejo de Seguridad extraordinario del 25 de febrero de 2020.
La CIDH recuerda al Estado que, además de verse en la necesidad de tener que abandonar sus comunidades, el desplazamiento forzado de personas puede conllevar a múltiples violaciones a derechos humanos. En este sentido, Colombia debe de cumplir con su obligación de prevenir el desplazamiento; y, de no ser posible, proteger a los desplazados durante la migración interna forzada; prestar y facilitar la asistencia humanitaria; así como apoyar en la facilitación del retorno, reasentamiento y reubicación de esas personas.
Por último, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recientemente manifestaron su preocupación ante denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, magistradas y magistrados, y dirigentes políticos, que habría sido desarrollada por agentes estatales en Colombia. En su comunicado de prensa, la CIDH instó al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Estado, según la cual se abrió una investigación para esclarecer dichos hechos. Asimismo, indicó que el Ministerio de Defensa ha manifestado que prestará todo el apoyo que requieran la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en el desarrollo de sus investigaciones, al respecto. La CIDH reitera que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo.
La Comisión reconoce y valora la plena disposición del Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular en la apertura y suministro de información. Al mismo tiempo, ante la gravedad de todos estos hechos y la complejidad del contexto en el que tuvieron lugar, la Comisión tomó la decisión de instalar, al interior de su Secretaria Ejecutiva, una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI). A través de este espacio de articulación de las diversas funciones y mecanismos de la CIDH, busca realizar un monitoreo cercano, y en tiempo real, a la situación de derechos humanos en el país, con el fin de dar una respuesta oportuna.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
