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La CIDH expresa preocupación por medidas adoptadas que pueden debilitar la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana expresa su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala que ponen en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.

En los últimos dos años, el Gobierno de Guatemala, desde las más altas autoridades, ha realizado diversas acciones dirigidas a menoscabar las capacidades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Recientemente el Gobierno de Guatemala dio por concluido el mandato de la CICIG que finalizaba el 3 de septiembre de 2019.

Según la información disponible, a partir de 2017, cuando el Ejecutivo declaró por primera vez persona non grata al Comisionado titular de la CICIG, y ordenó su expulsión del país, las acciones realizadas por el Gobierno, desde las más altas autoridades destinadas a debilitar, desacreditar e impedir cumplir a la CICIG con su mandato no han cesado. En dicha oportunidad, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo a favor del Comisionado de la CICIG dejando sin efecto la decisión del Ejecutivo. En esa oportunidad, la CIDH instó a Guatemala a permitir que el titular de la CICIG continúe desarrollando sus labores con las garantías.

Posteriormente, en septiembre de 2018, la CIDH manifestó su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de no renovar el mandato de la CICIG. El 18 de diciembre de 2018 el Gobierno revocó la visa de cortesía a once funcionarios de la CICIG y sus familias, y la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que dejó en suspenso la decisión del Ejecutivo. No obstante, en enero de 2019, un investigador de la CICIG, Ylsen Osorio fue retenido durante 23 horas por las autoridades migratorias en el aeropuerto internacional, La Aurora, cuando intentaba ingresar al país. El Sr. Osorio logró ingresar al país luego de la intervención de la Corte de Constitucionalidad con apoyo del Ministerio Público. La CIDH llama al Estado a garantizar la integridad y seguridad de los miembros de la CICIG, particularmente en el ambiente de polarización que existe actualmente.

Según información de público conocimiento, el trabajo de la CICIG ha venido siendo además afectado por otras decisiones del Ejecutivo dirigidas a limitar la capacidad de personal. En marzo de 2018, 11 agentes de la Dirección de Inteligencia Civil asignados a la CICIG fueron retirados. En junio de 2018, la Policía Nacional Civil (PNC) denegó una solicitud de asignación de 26 nuevos agentes de Policía y en julio de 2018 la PNC ordenó “reconcentrar” a su División a 20 agentes de la PNC de los 45 asignados a la seguridad de la CICIG.

La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción. Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos.

En ese entendido, la CIDH ha reconocido públicamente y en reiteradas ocasiones el rol trascendental y complementario de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala a través de la desarticulación de redes criminales y estructuras del crimen organizado junto con el Ministerio Público, así como en el apoyo en la capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia de la justicia conforme a su mandato. A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto involucramiento de funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del país en actos ilícitos de corrupción, algunos de los cuales ya se encuentran bajo proceso penal.

Las constantes acciones del Gobierno que buscan socavar el funcionamiento de la CICIG, son incompatibles con la obligación de los Estados en la lucha contra la corrupción y la impunidad conforme con sus compromisos internacionales sobre la materia y atentan contra la esencia del Estado de Derecho. “Expresamos nuestra preocupación por estas manifestaciones del Gobierno de Guatemala que no condicen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente en la lucha contra la corrupción e impunidad”, señaló la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño. “Reiteramos la obligación de Guatemala de luchar contra la corrupción conforme con sus compromisos internacionales”, agregó.

La Comisión se preocupa que el 26 de diciembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un recurso contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad para remover su inmunidad y proceder a denunciarlos penalmente por considerar ciertas resoluciones, sin especificar cuales, como “arbitrarias e ilegales” y que “transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”. Asimismo, observa que el 9 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia aprobó tramitar el antejuicio, que en lo siguiente pasará al Congreso.

La CIDH hace un llamado sobre la independencia de los poderes públicos y la importancia del cumplimiento a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad para la plena vigencia del Estado de Derecho. La independencia judicial es una característica fundamental de la separación de poderes para garantizar el Estado democrático de Derecho. Asimismo, preocupa a la CIDH los discursos críticos y ofensivos proferidos por diferentes actores en el contexto de un ambiente altamente polarizado, en particular los provenientes de agentes del Estado contra las decisiones de la Corte de Constitucionalidad relacionadas con el presente asunto. Al respecto, la Comisión llama al Estado a proteger la vida y la integridad de sus miembros.

Finalmente la CIDH alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y corrupción y la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. La CIDH continuará monitoreando la lucha contra la corrupción en el país y sus efectos para los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.