La Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, cuya iniciativa fue remitida por el Ejecutivo Federal, el pasado 26 de marzo.
Superar dependencia energética
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión, diputado Manuel Rodríguez González expresó que la iniciativa del Ejecutivo está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar la dependencia energética; reflejada en la importación del 70 por ciento de combustibles, “que nos convierten en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo”.
Indicó que eso es producto de una disminución del 50 por ciento de la producción de hidrocarburos de 2004-2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas, lo que afecta la economía de los hogares y las finanzas nacionales.
Para superar esta dependencia energética y enfrentar los ilícitos que se cometen en el sector de los hidrocarburos, añadió, el proponente con base en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, manifiesta que es imperativo fortalecer a las Empresas Productivas del Estado como garantes de la seguridad, soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado.
Rodríguez González expuso que la reforma y adiciones propuestas están enfocadas a la actualización y armonización de los permisos. Agregó que, ante los inventarios de combustible en el país para solamente unos cuántos días, se plantea el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento que permita hacer frente a cualquier contingencia o emergencia.
Expuso que la iniciativa propone agregar una tercera fracción al artículo 51, para incorporar como obligación en el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (Sener) conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Agregó que se propone establecer en el artículo 53, la figura de la negativa ficta, al transcurrir el plazo establecido únicamente para las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Sener o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), evitando otorgar la cesión del permiso, cuando un agente no esté calificado o tenga un impedimento jurídico.
El diputado dijo que en la consideración séptima, se aborda el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, que junto con el robo de combustibles, han reducido en casi 23 mil millones de pesos la recaudación en el primer trimestre del año, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria.
Además, precisó, se ha detectado la modalidad de contrabando técnico que interna mercancías subvaluadas para omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria, perdiendo 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios en el año 2020.
Para combatir estas conductas ilícitas que también perjudican a los sectores que actúan en el marco de la ley, destacó, se propone incluir en el artículo 56, como causal de revocación de permisos la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Señaló que el tema central de la consideración octava, es el planteamiento en torno a la necesidad de incorporar en el artículo 57, la posibilidad de que la Sener o la CRE lleven a cabo la suspensión de los permisos que emitieron en aquellos casos, donde se observen conductas ilícitas, a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros.
Indicó que la continuidad de las operaciones, mientras dure el procedimiento intervención, ocupación o suspensión se daría sólo a través de las Empresas Productivas del Estado cuyas capacidades operativas y de infraestructura garantizaría la provisión del combustible en los mercados locales.
En la penúltima consideración, dijo, la iniciativa busca incorporar un artículo 59 bis, que permite a la Sener y a la CRE suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, por causas geopolíticas o contingencias naturales.
El presidente de la Comisión de Energía subrayó que para actuar eficazmente ante escenarios de desabasto, el Estado como garante de la soberanía energética, debe contar con los mecanismos para establecer la suspensión de los permisos y mantener la suficiencia energética.
Manifestó que se garantiza seguridad jurídica al permisionario, ya que podrá solicitar la terminación de la suspensión cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas, erradicadas o desaparecidas.
En la última consideración, abundó, se reconoce la necesidad de armonizar el artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos, al establecer la revocación del permiso a los permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización.
Relató que a partir del papel de la medición de petrolíferos y petroquímicos para incrementar los ingresos hacendarios, proteger a los consumidores finales y combatir el mercado ilícito, se propone reformar el régimen de sanciones, para imponer la revocación del permiso, en caso de reincidencia en las citadas conductas contrarias a la ley.
La Comisión de Energía, expuso, plantea la necesidad de iniciar de manera escalonada las verificaciones de los certificados de los permisionarios, que en la actualidad están eximidos de esta obligación para lograr el objetivo de la iniciativa.
“Ante la encrucijada que atraviesa México para lograr la seguridad energética, estoy seguro de que los representantes populares de esta Asamblea sabrán anteponer los intereses de México, votando a favor del presente dictamen”, agregó.
Se rechaza moción suspensiva
Posteriormente, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), quien expuso que la iniciativa del Ejecutivo Federal y hoy dictamen, “es una pieza legislativa violatoria de la Constitución y de diversos tratados internacionales vigentes en el país, poniendo en riesgo la inversión de las empresas permisionarias en beneficio de las empresas del Estado”.
