La Cámara de Diputados aprobó que el sorteo sea un mecanismo de enajenación de bienes públicos

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer como mecanismo de enajenación de bienes públicas al sorteo.El documento avalado con 291 votos a favor, 143 en contra y cero abstenciones, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que este mecanismo será para aquellos bienes que, por sus características o las condiciones de mercado, no han podido ser enajenados a través de las formas previstas en la legislación vigente.
Se favorece al Estado, al permitirle por la enajenación de un bien, una ganancia incluso superior a la que se podría obtener en las mejores condiciones de mercado.
“Esto permitirá afianzar el proceso de fortalecimiento en que se encuentra inserta la Lotería Nacional, haciendo más atractivos sus sorteos al incluir distintos bienes que le sean transferidos o depositados para efectos de enajenación”, añade el documento.
El sorteo constituye una herramienta para acercar mayores recursos
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, expresó que el dictamen busca generar las mejores condiciones para la enajenación de bienes del sector público, incorporando el sorteo, mecanismo que permitirá procurar condiciones idóneas de precios en los procesos de desincorporación.
El sorteo, como figura jurídica para efectos de las leyes que se pretendan adicionar, se equipara a una compra-venta, aunque con la peculiaridad de que el bien solo es recibido por la persona que resulta favorecido por la suerte. Permite que cada uno de sus participantes cubra una parte del valor de la cosa a enajenar, generando un fondo común que no se limita al valor real de lo sorteado, sino puede superarlo ampliamente.
Constituye una herramienta que por su naturaleza puede acercar recursos mayores, incluso el precio del mercado de la cosa a enajenar o a los que obtendría, por ejemplo, en un remate. Asimismo, se mantienen vigentes las figuras de licitación y remate como medios habituales de enajenación, se garantiza el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 134 constitucional.
“Si bien el mecanismo de las subastas es efectivo, el potencial que tienen los sorteos como herramientas para garantizar la venta de bienes es sumamente conveniente para el Estado, pues no solo se lograría obtener un sobreprecio previamente calculable, sino se garantizaría que no quede desierto ningún proceso, evitando así los costos de mantener en propiedad del Estado bienes ociosos”.
Barrera Badillo resaltó que el sorteo destaca como un medio ágil, transparente y sencillo para la venta de bienes que no se encuentran afectos a la prestación de servicios públicos, lo que permitirá al gobierno federal eliminar costos de administración e incluso allegarse de recursos financieros que apoyen a cubrir el gasto público optimizando de esta manera el ejercicio del mismo.
Posicionamientos
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) señaló que en ningún momento se plantea obstruir procedimientos administrativos ni se violan las disposiciones sobre procesos de licitación de bienes. “El asunto es el sorteo que no está puntualizado en las leyes y que hoy está a discusión y que pretendemos reformar. El sorteo es una figura muy similar a la subasta; se utiliza para que la población tenga acceso a bienes con pequeñas aportaciones. Se beneficia a la sociedad y se mejoran los ingresos públicos”.
Del PAN, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera expuso que se pretende ingresar el sorteo como mecanismo de enajenación y lo único que tiene como objetivo, es que el “presidente siga con sus ocurrencias. Lo hace con el avión presidencial y el día de mañana se le va poder ocurrir lo que se le antoje”. Cuestionó cómo el sorteo va a regular que la delincuencia organizada no adquiera miles o millones de boletos para volver a tener la propiedad de los bienes incautados.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) señaló que este gobierno ha impulsado diversas subastas de bienes públicos cuyos montos y destinos no se encuentran claros. “El compromiso del actual gobierno fue la transparencia y la austeridad en el uso de los recursos públicos, pero la misma debe contemplar dar a conocer los criterios, los objetivos con los que serán utilizados dichos recursos. Falta transparencia para conocer el papel y objetivos del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Por las dudas que nos genera toda esta situación y la lasitud de esta reforma, mi grupo votará en contra”.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, apoyó el dictamen, porque plantea incluir la figura del sorteo como una forma de enajenación de los bienes. “La mentira, dicen –la oposición–, es para rifar el avión presidencial. Se compró para una persona, con 4 mil 500 millones de pesos, que no sirve para volar en México, pero tiene que volar mínimo 5 horas para que sea rentable y la distancia más lejana de la Ciudad de México es Tijuana o Mexicali y está a 3 horas”.
Por MC, el diputado Alán Jesús Falomir Sáenz puntualizó que la reforma carece de bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado. “Con lo cual queda claro que violenta el marco constitucional, al establecer el sorteo como un mecanismo de enajenación. El sorteo es una figura que no garantiza la rentabilidad de los recursos debido a que no existen mecanismos para realizarlo”.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho (Encuentro Social) resaltó que con este documento la democracia se materializa y lo hace a través de un sorteo donde cualquier persona podrá participar y ser sujeta a ganar un bien. “Los recursos que se obtengan serán para una causa humanista, social y justa. Integrar el concepto de sorteo a ley facilitará el procedimiento para enajenar y adquirir estos bienes, abriendo la puerta para que cualquier mexicana o mexicano pueda ser acreedor a ellos”.
José Ricardo Gallardo Cardona, diputado del PVEM, señaló que aprobar esta reforma significa que se podrán construir y equipar escuelas, hospitales y áreas verdes, y garantiza erradicar la violencia. Esta reforma contribuye a la transparencia, pues no habrá mano negra. “Será un procedimiento que garantice y beneficie a las y los mexicanos. Ponemos al alcance de la ciudadanía los procesos de adjudicación, pues anteriormente y por los altos costos que representaban muchos de estos bienes, solo era posible para grandes empresas o personas con alta solvencia”.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) expuso su rechazo al dictamen, pues no establece condiciones mínimas que permitan garantizar la legalidad respecto a la realización de sorteos que involucran al patrimonio de la nación. “Esta estrategia forma parte del terrorismo fiscal que ha implementado el gobierno federal de frente a su incapacidad recaudatoria, que lo está dejando sin dinero, para traficar electoralmente con el hambre de muchas y muchos mexicanos”.
Posturas a favor y en contra
La diputada Cecilia Patrón Laviada (PAN) expresó que lo que se discute es reformar la ley “para el famoso capricho de la rifa del avión, habiendo tantos temas urgentes que atender como son la crisis económica, los feminicidios, el desabasto de medicamentos, la pandemia del coronavirus, la caída del precio del petróleo, entre otros. Nos quieren callar con cachitos, pero desde aquí les decimos que México, los mexicanos somos mucho más que la rifa de un avión”.
Jorge Ángel Sibaja Mendoza, diputado de Morena, mencionó que a través de procedimientos de ventas como las subastas se ha logrado recaudar 351 millones de pesos, mismos que se han destinado para sufragar las necesidades de la población más vulnerable; sin embargo, es necesario tener procedimientos que permitan que las y los mexicanos puedan participar a un costo accesible.
La diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía dijo estar en contra del dictamen, por la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren que el Estado mexicano puede recuperar el valor justo de los bienes que pretende enajenar. “Me parece que hubo una falta de discusión a profundidad en esta propuesta, y, lejos de resolver un problema, siguen enredando más los procedimientos”.
Emilio Manzanilla Téllez, diputado del PT, indicó que no hay mejor forma de resarcir el daño ocasionado en administraciones anteriores a todos y a todas, los mexicanos, que regresarles lo que se les ha robado. Las reformas, dijo, son de suma importancia, otorgando un precepto legal más. “En el caso de no lograrse la venta por licitación pública o subasta, ahora se puede sortear”.
Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez señaló que con esta reforma se está abriendo la posibilidad de enajenar cualquier bien nacional por la vía del sorteo. “En materia de enajenación de bienes, no hemos visto hasta el momento que ninguno de los recursos recaudados por esta vía, sirvan precisamente para poner en la agenda prioritaria de este país las demandas de las mujeres”.
El diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe resaltó que establecer el sorteo como una modalidad para vender bienes públicos representará un beneficio para todas y para todos los mexicanos. Este mecanismo permitirá al Estado hacerse de mayores recursos que los que se obtienen a través de las licitaciones públicas o subastas, ya que hará posible la generación de ganancias, incluso superiores a las que se podrían lograr en las mejores condiciones del mercado.
Marcos Aguilar Vega, diputado del PAN, destacó que hoy se discute una reforma que no tiene otra finalidad que cumplir con una nueva ocurrencia del titular del Ejecutivo. “Su frustrado anuncio de la venta del avión presidencial, y después la rifa mediante un sorteo nacional, nos tienen hoy perdiendo el tiempo y dejando de atender lo verdaderamente importante. No se debe gobernar ni mucho menos aún legislar con base en caprichos”.
De esa misma fracción, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez mencionó que se está agregando una vacilada, la ley ya contempla que los bienes que se incautan, ya sea porque haya un acto de corrupción o a los narcotraficantes, estos vayan a parar al Estado y él los reparta al pueblo. “La vacilada consiste que agregan por sorteo y aquí es donde realmente se comete la burla”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) expresó que el asunto de enajenar cualquier bien incautado o dado en pago al gobierno por la autoridad es ponerlo a sorteo ahora, no solo subasta. “Eso es sinónimo de devolverle al pueblo lo robado. La población sabe lo que estamos haciendo para el beneficio de los más pobres del país”.
María Lucero Saldaña Pérez, diputada del PRI, dijo no estar de acuerdo en formar parte de algo que ya las leyes estaban dando esta oportunidad; la legalidad para poder distribuir los recursos incautados. En 2018, dijo, hubo subastas de más de 700 millones y se repartieron en diversos productos, bienes, juguetes a distintas comunidades.
De Morena, la diputada Beatriz Dominga Pérez López señaló que devolverle al pueblo lo robado es una acción de justicia y hay una eficaz administración de los bienes a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Añadió que con los recursos enajenados se ha beneficiado a los dos municipios más pobres de Oaxaca.