La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas reconoce al Congreso de la CDMX por la iniciativa para dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Pública

Metrópoli

Los diputados Ricardo Ruiz Suárez y José de Jesús Martín del Campo, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, mantuvieron un encuentro con los integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), durante el cual recibieron la Declaratoria “Hacia la Autonomía de las Defensorías Públicas”.

Los representantes de la AIDEF felicitaron a los diputados del Poder Legislativo local por la iniciativa de ley que se discutirá próximamente en el Congreso, mediante la cual se busca dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Pública, y con ello garantizar el derecho al acceso a la justicia.

Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que la Constitución local mandata la instauración de una Defensoría de Oficio. El reto para el Poder Legislativo, destacó, es dotarla de autonomía plena: constitucional, presupuestal y con igualdad

“Esta Defensoría llevará temas fiscales y administrativos, es decir, litigará contra el Estado en materia fiscal y actos administrativos. Por ello sería absurdo que una defensoría con estas características no tuviera autonomía, porque entonces defendería los intereses de quien le paga”, argumentó Ruiz Suárez, coautor de la iniciativa, junto con la diputada Leonor Gómez Otegui.

Esta autonomía, agregó durante el encuentro con 38 representantes de Defensorías Públicas de toda América Latina, también implica tener mejores condiciones para los abogados defensores, desde el salario hasta la cantidad de trabajo que atenderán. “Estamos hablando de que una Defensoría Pública debe ser de calidad, bien pagada, que tenga la estructura para que pueda cumplir la función que se establece: el derecho del acceso a la justicia para todos, que haya garantías y confianza en que el Estado puede proporcionar una asesoría o un trabajo de calidad”.

El propósito de la iniciativa que se analizará en el Poder Legislativo es alcanzar una visión de país igualitaria en el acceso a la justicia, “que la justicia sea para todos, y que esta justicia sea el vínculo para que las diferencias sociales se acorten”, enfatizó Ruiz Suárez en el encuentro realizado en el salón Heberto Castillo del recinto parlamentario.

Abogado de formación, Ruiz Suárez recordó que su primera experiencia profesional fue como defensor público. Comentó que aún cursaba la universidad y comenzó a desempeñarse en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador –órgano público de defensa en materia laboral-.

“Ahí se ve que la gente con más necesidad debe contar con herramientas e instrumentos para poder realmente acceder a los derechos que marcan los ordenamientos. Recuerdo que entré y me dijeron ‘que le asignen la materia en que la va a litigar´. Fui a mi lugar y me pusieron una fila de expedientes que me correspondían; me anunciaron de inmediato: ‘Le aviso que en una hora tiene la primera audiencia para que presente pruebas en el juicio’”.

Esa experiencia marcó el desempeño profesional de Ricardo Ruiz y el interés de buscar reducir la desigualdad social y económica.

En tanto, el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda confirmó que la iniciativa presentada en febrero de este año se encuentra en proceso de análisis y dictaminación.

“Con esa iniciativa el Congreso de la Ciudad de México se metió en la discusión de un tema importante, una materia sensible, es decir, dar una atención y una adecuada asistencia de abogados públicos”, dijo el presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo.

El mayor rango que puede tener un órgano del Estado es la autonomía constitucional

En su oportunidad, Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública del gobierno de México, reconoció la importancia de la iniciativa que se discute en el Poder Legislativo capitalino, ya que se pretende dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Pública.

“Celebro esta iniciativa porque esta autonomía que mandata la Constitucional local pudo haberse matizado, es decir, sólo darle una autonomía técnica, pero se trata de una autonomía constitucional”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que los órganos constitucionales autónomos en realidad cambian la división de poderes, porque son prácticamente un poder. Esto es importante porque en México el mayor rango que puede tener un órgano del Estado es la autonomía constitucional”, resaltó.

Durante su participación, agregó que la Ciudad de México se mantendrá a la vanguardia legislativa, ya que fue la primera entidad en tipificar el feminicidio, permitir la interrupción legal del embarazo, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de que protegió a los no fumadores.

“La legislación de la Ciudad de México, en muchos sentidos, ha sido guía para el país. La legislación de esta ciudad ha sido un parteaguas modelo y ejemplo para que los demás estados de la República imiten la normatividad”, dijo.

En tanto, la coordinadora general de la AIDEF, la guatemalteca Nydia Lissette Arévalo, reconoció la iniciativa que se analiza en el Congreso de la Ciudad de México, misma que busca dar autonomía constitucional a la Defensoría Pública, “porque así se puede realizar una defensa técnica de alta calidad profesional, con independencia y solvencia, eso nos hace diferentes”.

Asimismo, precisó que los dos puntos base de la ADEP son el litigio internacional por medio de la creación del defensor público interamericano, de los cuales México tiene dos personas preparadas y avaladas por la Corte Interamericana y la Comisión, para poder litigar ante el Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos; y el segundo es la unión para salir adelante en la materia.

Igualmente hizo un llamado para trabajar coordinadamente por el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para los grupos vulnerables, pues, recordó, “sin defensa no hay justicia”.

Daniel Ramírez, coordinador general de la Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela, señaló que la autonomía que plantea la iniciativa del diputado Ricardo Ruiz es el primer paso para lograr una institución con funcionarios capacitados que ejerzan su profesión de manera objetiva, libre y sin coacción de organismos o instituciones del propio gobierno.

Mientras, Pedro Paulo Coelho, presidente nacional de la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Brasil, felicitó a los diputados de la Ciudad de México por construir una legislación que dotará de autonomía a la Defensoría Pública.

“Los diputados de América Latina debemos dar certeza al mundo de que habrá menos desigualdad. La forma de enfrentar la violencia de género, la violencia contra las personas más pobres, la desigualdad, es a través de la Defensoría Pública”, concluyó.