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La administración federal ha establecido una forma de gobernar de cara a la ciudadanía

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La nueva administración federal ha establecido una forma distinta de gobernar respecto de sexenios anteriores, al mostrar a la ciudadanía las acciones de gestión día a día, contrario a lo que ocurría antes, cuando “todo se procesaba en el marco estrecho y cerrado de la oficina presidencial y del teléfono rojo”, señala el doctor Ricardo Espinosa Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En las conferencias de prensa matutinas, el primer mandatario es muy efectivo en sus comentarios, aunque a decir de algunos críticos las medidas oficiales no siguen el mismo ritmo de sus declaraciones, ya que no siempre consulta a sus colaboradores antes de informar, por lo que es común que los ponga en evidencia o corrija públicamente.

“En sexenios anteriores sólo nos enterábamos del poder de la esposa de algún ex presidente, de los berrinches de otro y de la dislalia de uno por filtraciones a la prensa. Era costumbre que los dislates se ocultaran o corrigieran por medio de boletines de prensa y publicidad”, explica el académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

La prensa escrita y electrónica comercial, así como voceros destacados estaban acostumbrados a trabajar mediante contratos, al grado de que en el sexenio anterior se gastaron 60 mil millones de pesos en publicidad, de acuerdo con la organización Artículo 19, “lo cual no es libre mercado ni menos libertad de prensa ni de expresión“.

En el artículo Transformar la política, el doctor Espinosa Toledo define que la acción central del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha desplegado mediante la batalla contra el robo de combustible, al desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en acabar con los contratos abusivos que han deteriorado las finanzas públicas.

La política presupuestal y de ahorro de esta administración se ha centrado en disminuir la alta burocracia gubernamental; los altos salarios y prestaciones excesivas de los funcionarios, así como los gastos innecesarios, superfluos y por tanto ofensivos, lo que significa que se está aplicando una política de austeridad, sin afectar los programas sociales o la inversión pública.

Otro dato significativo del nuevo gobierno es la eliminación de gestores o intermediarios de los programas sociales quienes en otros sexenios recibían los recursos para posteriormente entregarlos a los destinatarios, pero ahora se darán directamente a los beneficiarios.

Acerca de los órganos creados para regular la competencia en cada sector económico explica que accedieron a la autonomía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, aunque nunca fueron verdaderamente independientes como tampoco representaron un contrapeso al Poder Ejecutivo; por el contrario, su tarea fue desmantelar los sectores económicos estratégicos establecidos en la Constitución para favorecer su traslado al sector privado.

En opinión del doctor Espinosa Toledo, con las reformas estructurales operadas en 2013 se posibilitó la privatización del petróleo y de la energía eléctrica, es decir, Pemex y la CFE fueron desactivadas.

En el terreno de la seguridad pública, en conjunto con los programas sociales se pretende fortalecer la presencia del Estado en contraste con los gobernantes anteriores, que no se preocupaban por la seguridad de los ciudadanos, debido a que los operativos policiacos se hacían para perseguir a ciertos grupos delincuenciales, pero no se planteaba proteger a las personas; de ahí la necesidad de la Guardia Nacional, que con sus 266 coordinaciones territoriales llegará a cubrir ese vacío, describe el especialista de la UAM.

Autoridades anteriores creyeron que las privatizaciones resolverían todos los problemas del país, por lo que no se ocuparon en afianzar un verdadero Estado de derecho y la estructura centralizada de poder no se modificó entre 2000 y 2018, a pesar de que había condiciones políticas para hacerlo.

El autoritarismo fue la condición política para imponer las reformas estructurales, debido a lo cual no podían generar una democracia fuerte, sino sólo instituciones fragmentadas y capturadas por intereses privados. La falla de los partidos y sus líderes estuvo en no impulsar el cambio requerido y en someterse a la oligarquía dominante.

“Hicieron más desiguales a los desiguales y la polarización se volvió un fenómeno social. Por eso para garantizar la convivencia pacífica son necesarias nuevas políticas”, concluye.