El gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California está plagado de corruptelas que van desde “moches” de empresarios a funcionarios de su administracoón a cambio de millonarios contratos en los que afloran los sobreprecios en las obras del estado, hasta proyectos inconclusos como el viaducto elevado que agilizaría el tráfico vehicular hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana, y que ni siquiera ha empezado.
En un reportaje que publica el diario La Opinión de México, bajo la firma del periodista Ricardo Ravelo, se establece que la obra que descongestionaría varias avenidas centrales, no ha empezado pero ya arrastra diversas irregularidades, tan sólo en el Proyecto Ejecutivo.
En la investigación se destaca que el gobierno de Bonilla Valdez pagó 209 millones de pesos con recursos públicos –lo que había negado- cuando en realidad sólo cuesta entre 25 y 30 millones, según algunos expertos consultados. El resto del dinero nadie sabe dónde está.
En su corta administración, el gobierno de Baja California exhibe obras, proyectos y compras que están infladas, ya que los sobreprecios rebasan por mucho a los costos reales, lo que ha significado una merma para las finanzas públicas.
Las irregularidades -escribe Ravelo- se detectaron desde antes que Bonilla Valdés asumiera la gubernatura de Baja California, hace poco más de un año, cuando un grupo de funcionarios que ya habían recibido su nombramiento para desempeñar un cargo en el gobierno fueron detectados realizando negociaciones con una red de proveedores con los que iban a trabajar a lo largo de los dos de gobierno de Bonilla.
De acuerdo con las investigaciones, la titular de Honestidad y Función
Pública, Vicenta Espinosa, descubrió, por ejemplo, que el empresario Humberto Valadez García –mejor conocido en Baja California como “El Huevero”– habría entregado 20 millones de pesos a funcionarios cercanos al gobernador Jaime Bonilla para ser beneficiado con contratos millonarios como proveedor de alimentos a los reclusorios de Baja California. También buscaba ser el único contratista responsable de los llamados desayunos escolares.
Otro caso que se investiga es el del empresario Carlos Patiño, quien entregó 100 mil dólares ante la promesa de obtener contratos en el sector de la vivienda a partir de 1 de noviembre de 2019.
De acuerdo con las investigaciones, el dinero fue entregado a un intermediario de la Secretaría del Bienestar, quien a su vez lo entregó al Oficial Mayor, Jesús Núñez, quien hizo un reparto en partes iguales con tres secretarios implicados en este negocio tipificado como tráfico de influencias y corrupción institucional.
Las indagaciones realizadas por la Función Pública del Estado indican que en este entramado de corrupción han participado tres integrantes del primer nivel del gabinete de Jaime Bonilla: Cyntia Gissel García Soberanes, secretaria del Bienestar; Jesús Núñez, quien se desempeñó como Oficial Mayor y el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Los dos primeros solicitaron licencia en diciembre de 2019, tras estallar el escándalo de los llamados “moches” a cambio de contratos millonarios.
En la investigación de Ricardo Ravelo se señala que “según las pesquisas, por los posibles actos de corrupción, sobornos y extorsiones por parte de los funcionarios mencionados se manejaron montos que oscilan entre los 24 y 28 millones de pesos tan sólo en la Secretaría del Bienestar, que encabezada García Soberanes”.
Ya operaba la corrupción antes de asumir el cargo
Otros eventos dieron cuenta del manejo de efectivo que, antes de tomar posesión como gobernador, ya operaban los hombres de confianza del gobernador electo Jaime Bonilla.
Ravelo cuenta que “el 27 de septiembre de 2019, 36 días antes de que Bonilla tomara posesión, una camioneta matrícula G/FJ276 fue interceptada para una revisión en un retén militar en un lugar conocido como La Laguna Salada, a la salida del municipio de Mexicali”.
Agrega que el conductor recibió la señal de que se detuviera. Un militar se acercó al vehículo y solicitó al chofer que se identificara. Lo hizo. Luego le dijeron que harían una revisión al vehículo.
El conductor le confesó al soldado que llevaba 100 mil pesos en efectivo, que los iba a entregar a una persona. Pero al momento de inspeccionar el vehículo detectaron que llevaba ocultos dos millones de pesos, además de 600 mil dólares.
El dinero estaba oculto en un maletín que había sido colocado en un lugar oculto de la camioneta.
El conductor se identificó como Einar André Hernández Garza, quien fungía como secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes. En ese entonces ya se había anunciado públicamente como la nueva secretaria del Bienestar del gobierno de Jaime Bonilla.
Tras varias gestiones, se dijo que el dinero era propiedad del gobierno del estado de Baja California y los soldados, después de hacer varias llamadas, dejaron ir al conductor.
Las obras con sobreprecios
El reportero Ricardo Ravelo, en su reportaje en el diario La Opinión de México, explica que en el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, en Baja California, imperan las mentiras, los proyectos inconclusos, el sobreprecio de obras de alta plusvalía y los negocios al amparo del poder.
Publica que “al menos este ha sido el sello característico del gobierno de Bonilla, lo que ha quedado plasmado en el proyecto del viaducto elevado –una obra emblemática que ni siquiera han empezado- que supuestamente conectará al aeropuerto de Tijuana con la garita de San Ysidro y Playas de Tijuana –tan necesario para descongestionar a buena
parte de esa ciudad fronteriza –una obra que por desgracia no se realizará en lo que resta del bienio de Bonilla debido a litigios y falta de planeación, pero sobre todo porque para el gobernador sólo representa un gran negocio para embolsarse unos 170 millones de pesos con un Proyecto Ejecutivo que originalmente fue tazado en 35 millones y ahora su costo es de poco más de 200 millones de pesos”.
Herencia del ex gobernador Vega
Añade el reportaje que “esto implica que hay un sobreprecio de 170 millones de pesos. La obra lleva varios años en proyecto, sin que hasta la fecha se haya podido colocar ni un ladrillo. Hay varias razones que lo explican y que involucran al exgobernador Francisco “Kiko” Vega, quien impulsó originalmente el proyecto, pero nunca lo pudo ejecutar, supuestamente por falta de dinero, lo que derivó en un embrollo legal y político que hasta la fecha mantiene este proyecto en el papel”.
Además de enormes deudas, Vega de Lamadrid heredó este proyecto “en papel” a Jaime Bonilla, aunque ya con una empresa ganadora que se adjudicó la licitación y que a lo largo de dos años fue mantenida en el limbo, pues la obra simplemente no pudo ser arrancada.
El proyecto tiene antecedentes: Fue licitado y el 17 de marzo de 2016 el fallo positivo recayó en la empresa “Cointer Concesiones México S.A de C.V.– que después constituyó la empresa “Viaducto Express, S.A de C.V.”- cumpliendo con todos los requisitos que exigía la ley. El proyecto se realizaría mediante el esquema de Inversión Pública y Privada.
Según el objetivo del contrato, se trataba de desarrollar el proyecto “Periférico Aeropuerto-Zapata-doble piso a playas de Tijuana, el cual comprendía entonces el diseño, elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de la vía interurbana que uniría de forma rápida y continua la zona del Aeropuerto Internacional de Tijuana con la garita de San Ysidro y con la vía internacional que conduce hasta la zona de playas de Tijuana, así como su operación, conservación y mantenimiento por un periodo de 27 años.
Pero debido a problemas financieros y políticos, el contrato entre el gobierno del estado y “CointerConcesiones México S.A de C.V no se firmó. Otra causa fue que el gobierno de “Kiko” Vega no impulsó el proyecto ante el Congreso de Baja California. Por esa razón, al quedarse a la deriva, la empresa se amparó el 21 de febrero de 2019 contra el Congreso y el gobierno del estado “por no ser diligentes y tardar dos años sin realizar ninguna gestión al respecto”. Con esto se cometió una gran injusticia en perjuicio de la empresa que ganó la licitación.
Entre trámites burocráticos, desidia del gobierno estatal, falta de inversión y complicaciones políticas, el tiempo transcurrió sin que se ejecutara la obra. Así concluyó el gobierno del panista “Kiko” Vega, lo que privó a la ciudadanía de una obra que agilizaría el tránsito al aeropuerto tijuanense.
Ningún cambio con Bonilla
En junio de 2019 las cosas pintaron de otro color en Baja California. El PAN, el partido hegemónico, perdió la gubernatura al ser derrotado por el candidato de MORENA, Jaime Bonilla Valdez, en quien se fincaron esperanzas de un verdadero cambio en favor de la sociedad bajacaliforniana. Pero todo siguió igual e incluso existen voces que sostienen que la situación en el estado empeoró, pues acusan a Bonilla de prohijar la corrupción en todos los niveles de gobierno:
Inicialmente Bonilla vio muy positiva la obra del viaducto elevado y/o Periférico; valoró su importancia en la agilización del tráfico, el ahorro de tiempo, entre otras bondades, pero tampoco la ha ejecutado.
El reportaje de Ricardo Ravelo subraya que al principio de su gobierno, Bonilla criticó el esquema de inversión privada y pública, por lo que propuso que el proyecto se realizaría durante su gobierno con inversión privada, según dijo, “para no afectar las finanzas del gobierno del estado”. Pero el mandatario mintió.
De buenas a primeras, desconoció a la empresa ganadora de la licitación –Cointer Concesiones México, S.A de C.V –y decidió entregarle la obra a otra compañía, “Conjunto de Servicios Industriales”(CSI), que arrastra la
mala fama de ser “una empresa fantasma”, pues en el domicilio que reporta en la ciudad de México –Durango 243-901, colonia Roma Norte –nadie la conoce ni existen evidencias de su operación, ya que en ese edificio la mayor parte de los espacios están ocupados por consultorios médicos.
No sólo eso: La empresa representada por Enrique Fragoso también tiene antecedentes negativos en Petróleos Mexicanos: En 2015 ganó un contrato por 608 millones de pesos –número de contrato 640905 – que no cumplió.
Se trataba de un contrato para la terminación de la ingeniería, procura, construcción, estabilización, deshidratación y desalado de crudo; tratamiento e inyección de agua congénita en la batería de Cárdenas, Tabasco. El plazo de trabajo pactado abarcó del 3 de agosto de 2015 al 27 de junio de 2016 (330 días naturales), pero ya transcurrieron cuatro años y la obra sigue inconclusa. Lo peor es que, en este caso, no han sido sancionados ni empresarios ni funcionarios por el incumplimiento de la empresa.
La corrupción en el gobierno de Bonilla quedó más que evidenciada el 23 de abril de 2020, cuando le asignaron de manera directa el contrato del viaducto elevado a la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI). Lo peor de todo es que se confirmó que el gobernador Jaime Bonilla mintió al afirmar que en dicho proyecto no se usarían recursos públicos para “no afectar las finanzas del gobierno”, pero resultó todo lo contrario.
Uso de recursos públicos
El proyecto ejecutivo de la obra se pagó con dinero público y a un costo inflado: Unos 209 millones de pesos, cuando algunos ingenieros consultados por este reportero estiman que un proyecto ejecutivo a lo mucho tiene un costo de entre 25 y 30 millones, ya que dicho costo es “en función de aproximadamente el uno por ciento del valor de la construcción de la infraestructura que se va a desarrollar, aunque si se revisan a detalle los costos de las especificaciones técnicas a desarrollar en el estudio que contrató el gobierno de Baja California, éstas fueron infladas
desproporcionalmente”.
Según la factura con folio fiscal 222921E3-F172-463ª-BC61AF9F5CE216DB, emitida el 23 de abril de 2016, la empresa Conjunto de Servicios Industriales S. A de C.V recibió un pago del gobierno de Baja California por 34 millones 712 mil 880.07 pesos como anticipo del 14 por ciento para realizar el Proyecto Ejecutivo del proyecto de construcción del viaducto elevado Aeropuerto-El Soler, en la ciudad de Tijuana. Este pago forma parte del contrato D-PRONT-20-TU-12.
En la parte de debajo de la factura, se lee: “Operado con recurso programa normal de obra 2020”. Y más abajo dice: “Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
En otro documento con fecha 23 de abril de 2020, la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California –oficio 10010180843, resalta otra evidencia: El Secretario de Hacienda del estado, Víctor González Verduzco le informa a Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial que se prueba a esa dependencia el recurso económico para el ejercicio 2020 a fin de realizar el Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción del citado viaducto.
Se agrega en el reportaje que el monto de inversión, según el documento citado, es de 115 millones 518 mil 524.49 pesos. Y enseguida se lee: “Con la finalidad de agilizar la ejecución motivo de la presente aprobación, es oportuno puntualizar que cuenta con el periodo no mayor de 60 días naturales a partir de la recepción del presente para concluir el procedimiento de contratación respectivo y para solicitar en su caso el pago del anticipo.
De no cumplir con el plazo señalado en el párrafo anterior, ésta secretaría podrá reorientar el recurso a otra obra y/o acción que requiera atención prioritaria.
En el mes de abril del 2020 el gobernador Jaime Bonilla estimó que la obra estaría terminada para agosto del mismo año.
Sin embargo, en Tijuana no existen ni siquiera evidencias de un posible arranque, pese a que se han erogado pagos para el proyecto ejecutivo que ya le causaron una merma financiera al gobierno estatal.
Entre la clase empresarial lo que más se cuestiona es la contratación de una empresa como Conjunto de Servicios Industriales S.A de C.V., que tiene negros antecedentes ante el gobierno federal y que carga con la fama, además, de prestarse a malos manejos.
Por ello, es considerada una compañía fantasma, pues suele cobrar los anticipos de obra que luego no realiza, como lo demuestra el caso de Pemex.
Una fuente que conoce la historia de dicha empresa dice: “Tanto la empresa Conjunto de Servicios Industriales, propiedad de Erick Walter Legorreta López como su representante legal, Enrique Fragoso Méndez, tienen una serie de denuncias y señalamientos por irregularidades en el desempeño como contratista del gobierno federal, que hoy tiene como estandarte la lucha contra la corrupción”.
La empresa beneficiada por Bonilla, según sus antecedentes, fue creada en Tampico, Tamaulipas, en 1993. A pesar de las irregularidades en las que incurrió, particularmente con Pemex, fue ampliamente favorecida con contratos millonarios en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además, en el mes de enero de 2018 fue denunciada en Tabasco por la falsificación de documentos oficiales para cobrar ilegalmente 60 millones de pesos a Pemex, resultado de un contrato embargado por un presunto fraude cometido por la propia compañía.
Por esas mismas fechas, se dio a conocer que era investigada por incumplimiento de un contrato por 608 millones de pesos a Pemex, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que fue acusada de insolvencia por parte de algunas empresas subcontratadas y proveedores.
Los quejosos también dijeron que la empresa carecía de maquinaria para ejecutar el citado contrato millonario con Pemex.
Todo le ha salido mal a Bonilla
En su reportaje, Ricardo Ravelo escribe que “al gobernador Jaime Bonilla nada le ha salido bien en los meses que lleva como gobernador: la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de ley que pretendía ampliar de dos a seis años su periodo gubernamental. Y fracasó”.
Ya clara: “Pese que sus operadores –entre ellos Ricardo Peralta, corrido de la Administración de Aduanas en los primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador por presuntos actos de corrupción –operaron los sobornos para los diputados de Baja California con dinero proveniente de la corrupción aduanera, Bonilla se tuvo que conformar con dos años de gobierno, tiempo en el que, según sus críticos, se ha dedicado a recuperar lo invertido en la campaña presidencial y en la suya”.
Agrega que también perdió la posibilidad de imponer a Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, como candidato a gobernador. Tuvo que aceptar a la exalcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, pues se la impusieron desde el centro.
Bonilla pretendía imponer a Escobedo pese a que sobre él pesan varios señalamientos y denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por desvíos de recursos.
La última que se conoce la presentó la gasera Blue Propane, la distribuidora de gas en Baja California: lo acusa de los delitos de abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, obstrucción de actos de comercio y colusión.
Pero las irregularidades en el gobierno de Bonilla van más allá y no sólo lo comprometen a él y a su camarilla cercana, pues todos los funcionarios del Gabinete están implicados en presuntos actos de corrupción: según se pudo corroborar a través de diversas fuentes, todos ellos recibieron la
indicación de que “todo proyecto, estudio, programa, obras o compras tenían que ser orientadas y manejadas de manera conveniente para favorecer a empresas sin antecedentes en el estado o que, según decían, les eran impuestas o recomendadas desde la Ciudad de México.
Parte del mecanismo a seguir –lo que se ha cumplido a pie juntillas – ha sido inflar montos y costos, pero a niveles desproporcionados. Esto fue lo que llamó la atención de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la Auditoría Superior de la Federación.
Estas dependencias están dando seguimiento a los abusos oficiales mediante la ruta del dinero, pues lo que pretenden evitar es que Bonilla se llene las bolsas de dinero, quede impune y se convierta en el Javier Duarte de Baja California.
