Antonio Ortega Martínez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emplazó al gobierno federal a retomar el diálogo hasta llegar a un buen acuerdo con elementos de la Policía Federal, luego de criticar el hecho de que, por ahorrar los gastos de liquidación para más de 37 mil miembros, el Gobierno de Andrés Manuel López lance irresponsablemente al desempleo o a los brazos de la delincuencia a ese personal y eche a la basura el trabajo, experiencia y recursos públicos destinados en los últimos 20 años para la formación de una fuerza cardinal para la seguridad nacional.
“La que parecía ser una buena oportunidad para aclarar y construir puentes de solución al conflicto con policías Federales, por el contrario: El discurso del Presidente López Obrador determinó firmeza, mano dura y, prácticamente, declaró la conveniencia de separar a la Policía Federal y todos sus miembros, de la Guardia Nacional”, fustigó.
“Al calificarlos el Presidente de: corruptos, policía descompuesta, que ya no sirve, en realidad lo que pretende es extinguir la materia de trabajo para ahorrarse las liquidaciones bajo el argumento jurídico de que la causa de la separación no es atribuible al patrón (es decir, al gobierno) sino que, sencillamente, la materia de trabajo desaparece y, por lo tanto, las liquidaciones y compensaciones por la separación se reducen al mínimo”, precisó.
Planteó, sin embargo, que “no deberíamos dar una patada” a estos cuerpos especializados que han costado al Estado tiempo, recursos y sacrificios: “El Presidente debe modificar el discurso, rectificar el posicionamiento, invitar al diálogo y resolver -con pleno derecho a sus garantías humanos, laborales- los compromisos que la Policía Federal tiene con el país; buscar la manera de resolverlos dándoles certeza y atendiendo a lo que tienen derecho, no maltratándolos ni discriminándolos”, aseveró.
El perredista aseguró que hay, por parte del Presidente López Obrador, un trato discriminatorio (que viola la Constitución) hacia la Policía Federal, pues las y los integrantes de la misma demandan respeto a sus derechos: Además del salario establecido en el contrato, no se quieren respetar bonos, compensaciones, seguros de vida y de riesgo, gastos médicos, vivienda, becas para sus hijos.
“Estamos hablando de ventajas laborales, de condiciones de trabajo para una actividad que no cualquiera puede desarrollar, sencillamente porque ponen en juego su integridad, su seguridad, y su vida”, enfatizó.
En cambio, añadió, “quienes proceden del Ejército y la Marina tienen mayor certidumbre. Solo cambiaron de uniformes; pero conservan a sus mismos mandos, instalaciones, garantías. Ellos y sus familias pueden recibir atención en los hospitales militares; mantienen bonos, compensaciones y antigüedad”.
“Durazo ha anunciado que el contrato para quienes proceden de la Policía Federal es de dos años, a reserva de las evaluaciones y condiciones en las que desarrollen su actividad. Por lo tanto, se ponen en riesgo absoluto derechos laborales, antigüedad y condiciones que fueron acumulándose durante años para ellos y sus familias. El problema –entonces- expuso, es ése: La incertidumbre, la duda, y el desasosiego”.
Tras recordar, finalmente, que hasta el momento se ha visto la inconformidad en la división más grande (Fuerzas Federales), falta ver el destino de la fuerza de mayor formación profesional, integrada por: Inteligencia, Investigación; Seguridad Regional; Científica; Antidrogas, y la Unidad de Asuntos Internos.
“Creo que es de altísimo riesgo, de una irresponsabilidad meridiana, no solo del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, sino del Presidente de la República, echar a los tianguis, al desempleo o a los brazos de la delincuencia a esta fuerza”, remató.
sábado, abril 20, 2024
