Javier Divany Bárcenas

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó a las instancias correspondientes investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que sus acciones no queden en la impunidad, pues no puede quedar en una simple sustitución.

La diputada recordó que, tan sólo de la revisión de la Cuenta Pública de 2019 resultaron 7 mil 141 observaciones, solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa, recomendaciones y solicitudes de promoción de facultades de comprobación fiscal.

Dijo que la exfuncionaria prácticamente incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia hasta hoy a su cargo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público, y en cambio se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que Irma Eréndira y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, como lo señalan diversas informaciones publicadas recientemente, sobre su acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años.

Además, no hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno y, por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80% que se realizaron en los dos años y medio que lleva la actual gestión.

Otra omisión de Sandoval Ballesteros fue no expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, conforme a las bases y principios que al respecto emitiría el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue dejado en el más absoluto olvido por esta administración federal.

Recordó que el PRD denunció en diversas ocasiones la opacidad y simulación de la SFP en el combate a la corrupción. Es decir, ni siquiera informaba qué hacía para combatir las prácticas indebidas en la captación de ingresos y el ejercicio del gasto público, como cuando negó información sobre inconsistencias y anomalías descubiertas en el patrimonio de un líder sindical, quien, en su calidad de tal, también recibe recursos públicos.

Los incumplimientos por parte de Sandoval Ballesteros son constitutivos, por lo menos, de actos de simulación, según lo prevé el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A reserva de formalizar su solicitud, exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, revisar exhaustivamente la gestión de Sandoval, en tanto a las nuevas autoridades de la SFP y a las instancias hacendarias y ministeriales les pidió investigar su declaración patrimonial.

La ex funcionaria deja la SFP habiendo incumplido claramente los principios de legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas a los que estaba obligada a promover como parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

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