Durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, diputados de todos los grupos parlamentarios externaron sus interrogantes respecto a la reducción de impuestos en la frontera norte, disminución de recursos, inversión, apoyos sociales, austeridad y crecimiento económico.

En la primera ronda de preguntas, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) dijo que los programas sociales son indispensables para mejorar la condición de vida de los grupos vulnerables, aunque estimó que se requieren reglas de operación que permitan medir su cumplimiento y evitar la corrupción.

Preguntó cuáles han sido los impactos en la actividad económica y el consumo de la reducción del IVA en la frontera norte, cómo se fomentará la relación con el sector privado y qué función tendrá el comercio exterior en el desenvolvimiento de la economía mexicana.

De la misma bancada, el diputado Luis Javier Alegre Salazar inquirió sobre el plan de reducción del IVA e ISR, al 8 y el 20 por ciento, respectivamente, en la frontera sur como lo ofreció el Presidente de la República para beneficiar a la economía y el bienestar de la zona.

También de Morena, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona celebró el compromiso del gobierno por estabilizar la deuda del sector público y sus esfuerzos para reducirla en los próximos años, lo cual dará estabilidad y confianza a la economía mexicana y respaldó las políticas públicas que en materia de gasto, deuda y finanzas públicas ha implantado.

El diputado Ricardo Villarreal García (PAN) interrogó cómo se debe trabajar para mejorar la economía en vivienda, servicios básicos de calidad, espacios públicos, acceso a la salud y empleo digno. Además, “¿dónde quedan los recursos de las y los mexicanos si no están en esos rubros para combatir la pobreza?”. También si el asistencialismo mejorará la economía del país y generará empleo y cómo se pretende recuperar la confianza de los inversionistas.

Del mismo partido, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba comentó que se propone que los más de 72 mil millones de pesos del Presupuesto programado al Seguro Popular, se haga sin la obligación de difundir criterios para la definición de la población sujeta a la afiliación y que no se informe sobre el destino de recursos federales que se transfieran a las entidades federativas para el fortalecimiento de la infraestructura médica; por lo que pidió reflexionar  para tener mayor certeza de cómo y a qué se destina cada peso.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) preguntó a cuánto asciende el monto de los impuestos y gravámenes que se han dejado de percibir por el nulo crecimiento de la economía y el monto que se ha dejado de recaudar por la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte y si realmente está cumpliendo su papel en el desarrollo integral de esta región. Asimismo, sobre el impuesto a las ventas por catálogo.

En la réplica del PRI, el diputado Enrique Ochoa Reza comentó que la nueva Ley de Extinción de Dominio afecta la confianza de las inversiones en nuestro país y ésta ha disminuido cada año. Consideró que esta norma tiene algunos abusos, por lo que planteó establecer un grupo de trabajo con la SHCP para resolver los problemas y que la ley realmente permita castigar a delincuentes y no inhiba la inversión.

Por su parte, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) dijo que el Paquete Económico 2020 volverá a privilegiar los apoyos sociales porque no hay otra forma, ante la nación que se recibió con tanta marginación y pobreza.

Preguntó cómo va la iniciativa de adelantar este año las convocatorias de diversos programas presupuestales y no tendrá un impacto significativo en el flujo de la caja del gobierno federal.

El diputado Higinio del Toro Pérez (MC) cuestionó al titular de la Secretaría de Hacienda, sobre la situación que enfrentarán 2 mil 450 alcaldes de todo el país y específicamente sobre la desaparición del ramo 23. “Qué vamos hacer después de nuestros recorridos, en donde se presentan parálisis económicas en muchos municipios que sólo se dedican a actividades cosméticas de pintar una banca, o inaugurar alguna aula que remozaron”; establezcamos un mecanismo para que no estén desamparados en materia económica.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (PES) afirmó estar de acuerdo con las políticas de austeridad, las cuales eliminan todos los excesos y privilegios en el servicio público y que han generado un ahorro de cerca de 145 mil 614 millones de pesos; no obstante, preguntó cuál será el destino de este monto y en qué tiempo se estima que se logrará un salario mínimo que permita realmente satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía.

También del PES, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández externó su preocupación por el destino del ahorro y el crecimiento del salario mínimo, el poder adquisitivo y la inversión pública y privada como motor de crecimiento y desarrollo. Ante ello, dijo que desde la Cámara de Diputados se impulsará la recuperación del salario en tres segmentos: trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas y profesionistas.

Por el PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata interrogó sobre cuáles son las acciones concretas para mantener las finanzas públicas sanas y a la vez detonar crecimiento, desarrollo y bienestar. Indicó que el país mantiene una economía interconectada con la actividad comercial fluida, tanto de importación como de exportación, por lo que el crecimiento general es limitado.

El diputado perredista, Antonio Ortega Martínez mencionó que de acuerdo con el Ejecutivo no se endeudará al país; sin embargo, hay una emisión de oferta pública de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes) por un monto de 220 mil millones de pesos, los cuales vencen al término del sexenio de la actual administración. Este bono tiene un precio nominal de cien pesos, dando un saldo total que asciende a 623 mil 195.9 millones de pesos.

Ante este panorama, interrogó al titular de Hacienda ¿por qué este monto y cuáles son las pretensiones de esta subasta de bonos y si se utilizarán los recursos que se obtengan para pagar gasto corriente del 2019, que no se pudo sostener o van a ser dedicados a fomentar la inversión física de carácter productivo?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, consideró que le haría un gran bien al país si el Congreso tuviera un consejo asesor o fiscal, organismo apartidista, súper técnico y que hace las mejores proyecciones, porque éste “sería el principal contrapeso para nosotros”.

En sus respuestas a los legisladores, dijo que los ahorros generados por las medidas de austeridad se han dirigido hacia los programas sociales y destacó que, en la última cifra del Banco de México, la inflación en el país para la última quincena es de 2.99 por ciento, mientras que en la zona norte del país, donde hubo un incremento salarial, es menor a la media nacional.

De tal forma que los aumentos en el salario mínimo no tuvieron ningún impacto en la inflación. “Si bien esto son buenas noticias, también es algo que da tristeza, porque quiere decir que los salarios eran tan bajos que aun con este aumento no tuvieron ninguna presión en la inflación”.

Enfatizó que la inversión total en el país es de alrededor del 23 por ciento del PIB, lo cual dice que el sector privado invierte casi siete veces lo que invierte el Estado. De tal forma que esto nos plantea un reto: incrementar más la inversión y generar un sector financiero dinámico y más profundo con finanzas sanas.

El funcionario dijo que la tasa del PIB per cápita desde los ochenta para acá, ha sido únicamente del 0.7 por ciento, por lo que las políticas que se impulsan son referentes a que el sector financiero sea más dinámico y profundo, para ello, se propone estimular al rubro bursátil y del fondo de pensiones.

Precisó que por cada medio punto porcentual que deja de crecer nuestra economía, la caída es de 17 mil 247 millones de pesos, de tal forma que cada punto porcentual del PIB representa alrededor de 34 mil millones de pesos.

Apuntó que cuando la fase de aceleración es por razones de demanda, usualmente lo que se hace y recomienda es que los países posean políticas fiscales contracíclicas; es decir, que haya un aumento en el gasto propiciado por el gobierno. Subrayó que se buscará impulsar proyectos específicos con gastos en las entidades.

Al dar respuesta, Arturo Herrera explicó que la deuda del país es alrededor al cierre del 2018 de un poco menos del 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda tiene cierta composición, la más importante es que se necesita que sea a largo plazo, que sea en pesos para no tener un riesgo de tipo de cambio y a tasa fija; sin embargo, a lo largo del año hay bonos que se están venciendo y otros que se están refinanciando.

Precisó que a lo largo de los primeros meses no ha aumentado la deuda sino bajado, hasta junio de este año es de alrededor del 42 por ciento del PIB. “No vamos a incrementar la deuda por arriba de lo previsto”.

El funcionario señaló que no solamente hay pobreza, sino hay desigualdad entre las distintas capas mexicanas y en los últimos 30 años de las 32 entidades federativas; el PIB per cápita de Chiapas es el único que ha decrecido. Por ello, dijo, las inversiones van hacia el sur del país y los programas sociales a las clases más necesitadas que están fundamentalmente orientados a esa región.

Respecto a la reducción del IVA e ISR en la frontera norte, explicó que hay tres cosas que la hacen distinta del resto del país. La economía de Tijuana y de Ciudad Juárez, por ejemplo, es de carácter binacional y está ligada a la del El Paso y San Diego; por el recrudecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, a esa zona han llegado ciudadanos de diversas nacionalidades, por lo que requieren un apoyo adicional. Entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, Tijuana y Ciudad Juárez están en el lugar 5 y 20, respectivamente; por ello, necesita un tratamiento singular en las finanzas públicas.

Precisó que algunos de los resultados de este impacto, han sido, que a julio de este año, el índice de comercio al por menor presentó una tasa de crecimiento de 3.6 por ciento en los estados de la frontera norte, mientras que el promedio nacional fue del 1 por ciento. La inflación anual a agosto de 2019 fue de 1.9 por ciento en la frontera norte y a nivel nacional de 3.2 por ciento.

Sobre el aeropuerto aclaró que la decisión de cancelarlo fue para moverse a un modelo unitario, de un solo aeropuerto o de un sistema de aeropuertos, donde se fortalece el Aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca.

En cuanto al gravamen por ventas de catálogo, negó que tenga que ver con un impuesto nuevo, “tiene que ver con permitir que los impuestos que tienen que pagar, de cualquier forma sean retenidos por aquéllos con los que tienen una relación comercial. Esto existe en muchísimas actividades económicas”.

El funcionario indicó que el presupuesto tiene que ser realista, se refirió al Índice de Desarrollo Humano compuesto por variables económicas y sociales para medir el bienestar de una población que se mide en el ámbito municipal.

El más alto en nuestro país lo tiene la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, idéntico al de Suiza; el de Miguel Hidalgo que es de .917, se compara con el del Reino Unido, que es de .918, el de San Pedro Garza García, Nuevo León, es idéntico al de Israel.

Los tres municipios que están peor son: Batopilas, Chihuahua, San Martín Peras, Oaxaca, y Cochopa el Grande en Guerrero.

Aclaró que una parte muy importante de los recursos son para las regiones más desfavorecidas y los programas sociales van para quien menos tienen. “No es casualidad, es producto de un análisis de la realidad que tenemos”, precisó.

Respecto del destino de los recursos, explicó que se lanzarán licitaciones por alrededor de 96.3 mil millones de pesos de cinco procesos de licitación, uno registra un avance del 25 por ciento en tanto que ya se realizó la atención de la demanda y en cuatro se avanza en procesos de licitación que se lanzarán en la última semana de octubre y primera de noviembre.  Esto, dijo, no tendrá ningún impacto en el flujo de caja del Gobierno de la Ciudad de México.

Sostuvo que del total de los recursos para estados y municipios sólo el 18 por ciento están bajo discreción y eso incluye salarios, pago de servicios generales y programas del sector social, lo que nos muestra lo apretado que están las finanzas públicas, lo que nos obligará a que a la segunda mitad de la administración se realice un replanteamiento de la estructura fiscal del gobierno.