Javier Divany Bárcenas
Diputados del PRD en San Lázaro, consideraron como insuficiente la destitución de Florencia Serranía Soto, directora General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), por lo que exigen investigar su gestión, particularmente sus acciones y omisiones, mismas que habrían dado lugar al accidente del 3 de mayo en la Línea 12 que costó la vida a 26 personas, a fin de fincarle las responsabilidades que procedan.
Mencionaron que la exfuncionaria incumplió sus deberes en cuanto a la coordinación de la supervisión y mantenimiento de instalaciones y equipo de ese medio de transporte, lo cual resulta cuanto más grave dado que ya existían avisos, denuncias y advertencias de trabajadores y usuarios sobre el funcionamiento anormal de la Línea 12.
Agregó que otros acontecimientos, como el incendio del Puesto de Control Central el pasado 9 de enero y el de un tramo de cableado de la Línea 4 el 24 de abril, evidenciaban que la ahora exfuncionaria estaba descuidando esos importantes deberes de supervisión y mantenimiento, por las razones que fuese.
Los diputados del PRD lamentaron que tuviera que pasar más de mes y medio tras el accidente de la Línea 12 para que Serranía Soto fuera destituida, pues ya existían evidencias de su inoperancia e irresponsabilidad.
Además de su negligencia e incompetencia, los accidentes del Metro pueden ser producto de factores como el recorte al presupuesto del SCT que derivó en falta de personal, cancelaciones en compra de bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento, y la falta de supervisión y mantenimiento a sus instalaciones y equipos.
Así también, la tragedia del 3 de mayo haya contribuido la corrupción de empresas constructoras y proveedoras del Metro, con o sin conocimiento de los directivos de éste.
Todos estos hechos están costando más costoso a las finanzas públicas, pero sobre todo a la ciudadanía, por la permanencia de Serranía Soto al frente del STC, haberle regateado presupuesto para mantenimiento de éste en aras de “ahorros” y haber solapado la corrupción.
El PRD confía en que los informes pendientes de la empresa DNV, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de cualquier otra autoridad con competencia en el asunto den lugar a la justicia, la reparación del daño, la rehabilitación de la Línea 12 y su puesta en operación en condiciones seguras.
