Hoy más que nunca se requiere de un nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con un perfil independiente, alejado de cualquier índole política, partidista, religión o conflicto de interés, así como de un profundo conocimiento de las atribuciones de dicho organismo, con la finalidad de que sus recomendaciones sean emitidas en estricto apego a derecho.
Por lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hace un llamado a los Senadores, para que sea turnado el dictamen nuevamente a Comisiones y nombrar una nueva terna, que permita designar la mejor propuesta en el marco de un proceso de participación ciudadana y de parlamento abierto con objetivos claros para evaluar a los candidatos.
Al próximo Presidente de la CNDH, le tocará continuar con el trabajo de este organismo en un momento en que, de acuerdo a datos de la propia Comisión, México enfrenta un entorno crítico en el respeto y vigencia de los derechos humanos, como consecuencia de la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad, la falta de cumplimiento de la ley, así como mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.
El Poder legislativo tiene la trascendente responsabilidad de renovar la titularidad de esta Comisión, seleccionando a la persona no solo con las mejores aptitudes y conocimientos, sino además que garantice la confianza de los diversos representantes de la sociedad, agrupaciones, activistas, organizaciones no gubernamentales, entre otras instancias de la comunidad.
Instamos a un proceso de selección abierto y transparente, después del reciente registro de 56 aspirantes, quienes presentaron su plan de trabajo y expusieron las razones por las cuales se consideran aptos para el cargo y su revisión de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia tomado aspectos como trayectoria académica, conocimiento de marco jurídico nacional e internacional, participación en la promoción defensa, protección y observancia de la materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es, la principal entidad en la materia y posé autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y de patrimonio propios, con la facultad de emitir recomendaciones por las quejas que emiten los ciudadanos, así como de llevar ante la suprema Corte de Justicia de la Nación, las Leyes que considera son contrarias a la Constitución para que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para evitar o resarcir los daños.
