Inseguridad pone en riesgo la operación de empresas de Gas L.P. en Veracruz y el abasto a la población

El principal objetivo de la industria de la distribución de Gas L.P. consiste en garantizar su abasto en condiciones de seguridad a todos los consumidores del país. Para ello, cuenta con una amplia infraestructura en todo el país que consiste en 1,270 plantas de distribución, 35 mil unidades de reparto, incluyendo autotanques y camionetas repartidoras de cilindros, así como 2,600 tráileres y 4,481 estaciones de servicio y bodegas de expendio.En dicho sentido, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y Empresas Conexas (Amexgas) informa que ante el creciente problema derivado por la inseguridad en los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores, Estado de Veracruz, las compañías distribuidoras de Gas L.P., legalmente constituidas y que durante años se han encargado de abastecer el indispensable producto a todos los consumidores en la región, requieren de la existencia de garantías mínimas de seguridad para la debida prestación de sus servicios.
La inseguridad que prevalece en nuestro país, en el caso particular, dentro de la región mencionada se ha salido de control, al grado de volver riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de empresas formalmente establecidas, así como de la población en lo general. En dicho sentido, se presume que se está distribuyendo gas de procedencia ilícita con personas y vehículos ajenos al mercado legalmente establecido, y por ende, no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes, lo cual pone en riesgo a trabajadores de la industria formal y a la población en lo general.
En cualquier solución planteada para este grave problema es indispensable la participación coordinada de todas las autoridades, principalmente a nivel federal:
a) En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), es necesaria una representación en materia de hidrocarburos en las localidades con mayor conflicto en esta materia. Dentro del ejercicio de sus facultades sugerimos considerar adicionalmente lo siguiente:
(i) Simplificación de gestiones y el debido ejercicio de la acción penal al tratarse de delitos tipificados como graves y de competencia federal en la legislación de la materia.
(ii) Recepción y depósito de vehículos utilizados en la comisión de presuntos delitos así como con la consignación de personas presentadas por fuerzas federales de seguridad pública para su debido proceso.
(iii) Verificar la debida acreditación de la propiedad lícita del producto mediante la presentación de la factura o CFDI correspondiente así como los permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el alta de los vehículos dentro del parque registrado ante dicha autoridad.
b) En el mismo sentido de ideas es indispensable que la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya sea, mediante personal enviado a regiones con esta problemática o bien, a través de delegaciones con representación al interior de la República ejerzan las facultades que les han sido conferidas por el marco jurídico vigente a efectos de realizar operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, que no reúnan las condiciones normativas de una operación segura así como su coadyuvancia con autoridades de seguridad, ministeriales y de impartición de justicia, solicitando el apoyo a Guardia Nacional (GN).
c) Se tendrá que involucrar a autoridades reguladoras y autoridades locales para realizar operativos constantes con la finalidad de evitar el fortalecimiento de grupos criminales que se dedican a la extracción, distribución y comercialización ilegal del Gas LP.
d) Finalmente, la conformación de comisiones integradas por GN, FGR, CRE, ASEA y la SHCP (particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera) para realizar inspecciones y auditorías de controles volumétricos a empresas denunciadas por compra, distribución y comercialización de Gas LP robado. Lamentamos el deterioro del estado de derecho en los municipios antes citados que pone en riesgo a la población y es una clara muestra de una crisis de seguridad pública que se vive en el Estado de Veracruz.
Exhortamos a las autoridades federales a efectos de una pronta y urgente atención a este problema, para garantizar la seguridad de los repartidores del producto y de los usuarios en la región.