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Inició en la Cámara de Diputados el parlamento abierto para la reforma en materia de subcontratación laboral

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Inició en la Cámara de Diputados el parlamento abierto para la Reforma en materia de Subcontratación Laboral (outsourcing), donde legisladores, funcionarios federales, empresarios y trabajadores analizaron y presentaron sus propuestas para enriquecer la iniciativa jurídica con el objetivo de proteger los derechos laborales.

El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, aseguró que “la subcontratación laboral es uno de los asuntos más importantes a tratar en esta legislatura, donde se busca proteger los derechos de la clase trabajadora, pero sin afectar el equilibrio entre los factores de la producción de nuestro país”.

El propósito es que estén claras las reglas para las empresas y patrones que utilicen la figura de la subcontratación laboral, y que haya certeza jurídica de las atribuciones de las autoridades para fiscalizar y supervisar este modelo.

La iniciativa es de trascendental importancia, dado que significa modificar nuestro marco jurídico laboral, toda vez que esta figura jurídica fue integrada a la Ley Federal del Trabajo con la reforma del 2012.

Destacó que el outsourcing es un pendiente derivado de la reforma laboral aprobada en abril de 2019 y el análisis plural del parlamento abierto será enriquecedor y valioso “porque estamos en un esfuerzo inédito de todos los grupos parlamentarios”.

Baldenebro Arredondo afirmó que es deber del Poder Legislativo coadyuvar con los otros niveles de gobierno en dar certeza jurídica y competitividad a la inversión nacional y extranjera, con el fin de generar fuentes de empleo para encaminar al país a una verdadera transformación que lo coloque como uno de los más competitivos.

El coordinador del PT, diputado Reginaldo Sandoval Flores, resaltó que la competitividad de México se basa en el bajo salario y no en la innovación tecnológica, esquema que incluyó la figura de la subcontratación para mantener la precarización del trabajo.

“Sólo por contención salarial de 36 años se generó una riqueza de 54 billones de pesos; sin embargo, ¿dónde está esa riqueza, porque no se reinvirtió en México”. No tenemos política industrial y las altas tasas de interés en los créditos detienen la inversión. No se ha atinado en diseñar una estrategia para el país, afirmó.

Sostuvo que la subcontratación es un abuso y viola el artículo 123 constitucional. Propuso que se abrogue, porque funge como un intermediario que “se come” el producto laboral de los empleados. Además, cada año cambian de nombre, de domicilio y evaden obligaciones.

Al inaugurar el parlamento abierto, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), planteó que “no haya tregua” para los que estén en la ilegalidad al subcontratar trabajadores y que “no haya impunidad”.

Esa es la responsabilidad que hoy tiene el Congreso; que defina muy bien cuándo se puede y cuándo no se puede subcontratar, “por eso celebramos que se discuta, pero sobre todo que se escuchen las voces”. Lo que importa es que nos pongamos de acuerdo porque “no podemos seguir solapando mecanismos que afecten de esta manera tan grotesca y agresiva los derechos de las y los trabajadores”.

Apuntó que el registro de empleados con salario mínimo se ha convertido en un “deporte nacional”, a través de la subcontratación abusiva que impacta a los trabajadores e instituciones de seguridad social, proceder que se vincula con conductas delictivas. “Esa es la realidad que vemos hoy y que tenemos que abatir entre todos”.

Es un tema crucial para el gobierno de México, porque la subcontratación abusiva se ha convertido en un cáncer que creció durante los últimos años y que contamina y precariza el mercado laboral. Señaló que se dejó de crecer y por parte de la STPS no había una sola inspección en la materia.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), refirió que el outsourcing nocivo afecta los niveles de recaudación de la institución por “21 mil millones de pesos, en un cálculo realmente conservador; eso nos duele y nos agravia. Lo no recaudado representa la mitad de lo que se invierte en medicamentos al año”.

Explicó que con esa pérdida se hubiese podido comprar 55 por ciento más de medicamentos; cuatro mil 528 mastógrafos y mil 380 tomógrafos; equivale a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades de medicina familiar “que tanta falta nos hacen”.

Consideró que esa afectación “es parte de lo que ha ido socavando la capacidad de atención”; lesiona la competencia, la economía y a los trabajadores. “Algo tiene que ocurrir, porque no puede seguir habiendo impunidad, se tiene que regular poniendo en el centro de todas las acciones los derechos de los trabajadores.  Nosotros somos garantistas en este sentido y eso es lo más importante”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que en la revisión de enero de 2020 se tuvieron tres mil 70 reportes de operaciones inusuales, de las cuales, 84, todas vinculadas con outsourcing presuntamente ilícito, 42 casos se detectaron a partir de un modelo matemático global que detecta peculiaridades en la transferencia, manejo, flujo y permanencia de recursos.

Al momento, se han presentado 51 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachada; 15 vinculadas con facturación apócrifa (delito equiparable a delincuencia organizada) de operaciones simuladas y seis con outsourcing ilegal, “el punto central es que se ven factureras y empresas fachada”.

Ante este fenómeno, planteó establecer un proceso de regulación y sensibilización, en virtud de que las normas han cambiado y se afectan los derechos de los trabajadores y la recaudación. “Podemos estar en casos de lavado de dinero y otros delitos como defraudación fiscal con recursos de procedencia ilícita mediante acciones simuladas con facturación de actividades mercantiles que no son reales”.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, señaló que un trabajador subcontratado tarda cuatro años más o nunca califica para un crédito. Cotiza al instituto y acumula ahorro, pero no es sujeto de crédito porque no cumple con las políticas laborales.

Comentó que el año pasado 46 mil personas hubieran calificado para un crédito, que no lo consiguieron por la discontinuidad en el mercado laboral y la rotación de registros patronales, provocando que el empleado tarde entre 10 y 12 años más para pagar el préstamo, en comparación con alguien que tiene una estabilidad laboral plena.

Planteó perfeccionar el marco legal tomando en cuenta la legislación existente, complementarla y potenciar las capacidades de las autoridades para detectar y sancionar; propuso incluir en la ley la creación de un padrón de empresas outsourcing.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), expresó su interés y compromiso por eliminar los esquemas ilegales de contratación (outsourcing ilegal) en el que 4.2 millones de trabajadores se encuentran. Llamó a los diputados a hacer modificaciones para combatirla, pero sin sobrerregulación y manteniendo la flexibilidad que requieren las micro y pequeñas empresas en la nueva realidad social y económica global.

De la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), su vicepresidente, Juan Carlos de la Vega, condenó el outsourcing ilegal, defraudador y que lava dinero. Propuso que las reformas se analicen con visión holística para aclarar conceptos como el outsourcing ilegal, solidaridad, subsidiariedad, competitividad y sustentabilidad que ofrezcan estabilidad a las empresas. Indicó que eliminar esa figura implicaría una pérdida del 10 por ciento a las compañías.

Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), sostuvo que la subcontratación, lejos de precarizar el empleo, reduce los costos administrativos empresariales vinculados a la selección y capacitación de personal. Exhortó a los diputados a revisar puntualmente las iniciativas. Afirmó que mantener las figuras de outsourcing e inoutsourcing es fundamental para áreas de soporte y servicios.