La Comisión de Salud analizará las propuestas de diputados, funcionarios, investigadores, médicos, académicos y sociedad civil presentadas durante las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para enriquecer la iniciativa en la materia. 

Durante la mesa cuatro “Federalismo y Salud; distribución de competencias y los sistemas estatales de salud”, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) comentó que lo expuesto en el parlamento será tomado en cuenta por la comisión organizadora.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MC) agradeció a los participantes sus exposiciones y recordó a sus compañeros integrantes de la junta directiva de la Comisión de Salud que deberán realizar una mesa de trabajo para que todo lo escuchado pueda ser aterrizado.   

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que es bienvenida la iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, porque será el punto de partida que cambiará el paradigma en la organización del sistema nacional de salud para que sea público, equitativo, universal y gratuito, a fin de transformar la visión financiera a un derecho.

El paciente dejará de ser un cliente que consume servicios pro mercado como se etiquetó al Seguro Popular, el cual no presta atención, sólo fondea recursos, afirmó.

Destacó la importancia de definir cómo los sistemas estatales de salud se podrán articular al nuevo esquema, a través de la Secretaría de Salud.

Destacó que en la Ciudad de México se impulsa el modelo de “Salud en tu vida”, basado en la estrategia integral de atención primaria personalizado, desde la prevención, atención, rehabilitación, cuidados paliativos hasta la muerte digna, articulado a la perspectiva de universalidad y gratuidad que propone el Insabi. Se promueven también las redes de servicio ambulatorio y hospitalario.

Maricela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, destacó que la iniciativa para crear el Insabi sentará las bases jurídicas para implantar un modelo de salud que ofrezca atención progresiva a la población carente de seguridad social, de manera oportuna y con calidad, de forma integral y acceso a medicamentos gratuitos, sin las restricciones o limitaciones planteadas en el Seguro Popular.

Se requiere revertir la desarticulación y fragmentación actual en el sistema nacional de salud, mediante el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud y la creación del Insabi, impulsar una verdadera coordinación y articulación de las instituciones del sector que asegure la cobertura y acceso a los servicios, que dé orden al gasto, alinee de manera estratégica las fuentes de financiamiento y homologue la atención en disponibilidad y calidad. Propuso que en la ley se definan claramente las facultades del nuevo instituto.

Del Instituto de Salud del estado de México, Carlos Aranza Doniz, señaló la importancia de fortalecer el sistema de salud para beneficiar a la población y que no se pierda el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los servicios médicos.

Dijo que la fiscalización de recursos es fundamental y propuso crear un comité para mejorar este ejercicio, y que haya un acompañamiento directo de la Secretaría de la Función Pública.

“Se ha hablado de corrupción, de malos manejos, de muchas cosas que sin duda alguna existen y no podemos tapar el sol con un dedo, pero hay mecanismos financieros para establecer candados y hacer uso y distribución adecuado de estos recursos”.

María Eugenia Lozano Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud (Conasa), afirmó que los retos del nuevo modelo de salud son la universalización y gratuidad en los servicios y medicamentos. Propone ampliar la cobertura y llevar la atención a la población más vulnerable con calidad y celeridad; dar a todos los mexicanos la cobertura de padecimientos sin limitación y corresponsabilidad financiera entre la Federación, entidades y municipios.

Asimismo, establecer una nueva federalización de los servicios, donde la salud es prioridad en los tres órdenes de gobierno; rescatar la rectoría del sector; eliminar cargas burocráticas que incentivaron el desvío de los recursos públicos; suprimir eslabones de corrupción que llevaron a los sistemas estatales de salud a deudas que se atienden para que no colapsen y pongan en riesgo su operación.

Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, comentó que se necesita contar con un instituto como el que se pretende crear, que puede integrarse con los estados en temas de servicios financieros, tecnológicos y materiales.

Expuso que la creación de un fondo de aportaciones para la nómina y gastos operativos de los servicios de salud, permitiría integrar los recursos de seguro popular y esto ayudaría a centralizar el pago de las nóminas y los gastos operativos de los servicios estatales del sector.

Miguel Ángel González Block, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que la iniciativa amplía el acceso de medicamentos a la población sin Seguro Social; da continuidad a mecanismos vigentes de gestión financiera y derechos de la salud, y pretende integrar la gama de funciones en torno a un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios con una visión de integralidad.

 Manifestó que es necesario definir el monto mínimo del gasto en salud, del cual debería gozar cada ciudadano para cubrir prestaciones garantizadas. Asimismo, la propuesta deberá definir como función central del instituto, la gestión de redes integrales de alcance verdaderamente nacional, ampliando a todos los prestadores de servicios públicos y privados.

Ana Sofía Charvel Orozco, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expresó que la reforma tiene un impacto enorme y no debe ser aprobada con premura o generar crisis en la población con su derecho a la salud.

La iniciativa, abundó, carece de claridad en los padrones y su integración; no hay vinculación entre el padrón y el financiamiento, lo que podría provocar una manipulación del dinero. Al derogar los indicadores de seguimiento en la operación, no se podrá conocer la realidad del estado de salud de la población; carece de un modelo para la atención primaria. Si bien, es deseable la unodosis, se requiere un cambio en la infraestructura y en la política farmacéutica.

Cristina Heliane Rosas Balán, consultora en temas de salud, puntualizó que es innegable hacer ajustes presupuestarios y legales que permitan al mayor número de residentes en el país acceder a estos servicios. En materia de federalismo, planteó rescatar y conocer cómo el Seguro Popular se ha desarrollado como un sistema de aseguramiento, y llamó al gobierno para que defina quién asumirá la rectoría de estas actividades, si es la Secretaría de Salud o el Insabi.

Sugirió que la discusión se dé en las entidades federativas y se establezcan responsabilidades para aquellos estados que no colaboren en esta tarea; definir los planes estratégicos; mantener criterios de acreditación, para permitir conocer si los estados tienen la capacidad de atender o no una enfermedad; debe fortalecerse la supervisión; garantizar el Fondo de Gastos, así como continuar con los criterios de atención.

Fernanda Cobo, especialista en derecho y salud pública, planteó definir todo lo retributivo en materia de competencias y la manera en cómo se integrarán los fondos. Añadió que la iniciativa genera incertidumbre al gobernado sobre la cobertura que se oferta, al no definir el financiamiento y la manera de integrar los capitales. 

Se debe definir en la ley cuáles serán los mecanismos de priorización para el incremento de la cobertura, dado que será peligroso dejarlo en la legislación reglamentaria.  Hay que fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Luis Martínez Liévano, director de Nuevos Modelos de la Secretaría de Salud, señaló que ante la búsqueda de formas innovadoras de atender a la población, será necesario un cambio organizacional si se quiere mejorar la cobertura, calidad y efectividad, y eficientar las instituciones públicas y privadas.

Subrayó que la Secretaría de Salud mantendrá su papel como rector en las acciones y políticas en la materia, siendo el Insabi el operador de éstas hacia la población sin seguridad social. “Es tiempo de que este tema sea visto como un elemento para el crecimiento de la nación, porque no puede haber niños desnutridos queriendo aprender en las escuelas”.

María Enriqueta Barido Munguía, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN), denunció la falta de recursos en el sector salud. “Los médicos funcionan bien, pero no hay estructura, en los hospitales no hay camas disponibles, están ocupadas por pacientes muy enfermos y no hay sondas, catéteres, ni medicamentos”.

Sugirió que esta nueva iniciativa sea funcional y se le financie, para que el modelo sea capaz de ofrecer servicios de salud en los tres niveles de atención, porque en todos se necesitan recursos, estructura y calidad. Resaltó que México es de los países que destina menos recursos al sector. Recomendó empoderar a los pacientes y las familias para que exijan y se mejore la atención médica, a fin de lograr calidad, y cobertura. Falta financiamiento, estructura y organización.