En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de las comisiones de Gobernación y Población, y de Pueblos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Voz plena y efectiva a los pueblos y comunidades

Al fundamentar el dictamen, por la Comisión de Gobernación, su presidente, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, señaló que es un proyecto trascendente, necesario, histórico y uno de los más ambiciosos y nobles que ha discutido esta Legislatura; nos conecta con nuestras raíces, demostrando con hechos y no palabras “que no seguiremos ignorando la composición pluricultural de nuestra nación y los derechos que asisten a nuestros pueblos”.

Indicó que persiste en los pueblos indígenas y afromexicanos una insostenible y lacerante desigualdad y en el sistema jurídico la urgencia de ser enriquecido en temas como su plena capacidad de autodeterminación, el reconocimiento pleno de sus derechos y, como es hoy, la obligación del Estado de consultarles en los temas que los involucran y planear junto con ellos el desarrollo nacional.

Con la emisión de la Ley General, dijo, nos ponemos a la altura de los tiempos de México, el cual debe ser garante del cumplimiento de los derechos de todas y de todos sin exclusión.

La consulta, expuso, es un instrumento que permite establecer las bases del diálogo responsable, sostenido e incluyente entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos, en una relación de respeto e igualdad procurando el pleno reconocimiento a sus derechos.

También, es un derecho y una obligación estatal reconocida por los ordenamientos internacionales y de manera implícita por el ordenamiento nacional. Se habla de una consulta libre e informada. “Se dota de una voz plena y efectiva a los pueblos y comunidades”.

Refirió que la ley es fruto de un amplio ejercicio de todos y cada uno de los pueblos indígenas y afromexicanos; su proceso de creación incluyó la celebración de 10 foros regionales y un Parlamento Abierto nacional. Destacó el papel del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Se acaba con el despojo

Por la Comisión de Pueblos Indígenas, su presidenta, diputada Irma Juan Carlos, calificó el dictamen como único e histórico para el país y para la vida de los pueblos y comunidades indígenas; con su aprobación “se deja atrás la negra y larga historia de despojo de nuestros territorios y recursos naturales realizados por el régimen neoliberal”.

Mencionó que después de 30 años de ratificado el Convenio 169 de la OIT por parte del Estado mexicano, que establece el derecho a la consulta indígena, “por fin ha llegado el día en que estamos armonizando nuestra legislación con dicho instrumento internacional”.

Agradeció a quienes participaron en el proceso de consulta para fortalecer el dictamen: diputadas y diputados, a las autoridades y organizaciones de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos, a las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, instituciones educativas, entre otras.

Se congratuló por acompañar la lucha por la defensa y protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando se prevén medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos. “Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hemos vivido en un desierto normativo”.

La ausencia de una ley de consulta, añadió, ha sido el pretexto idóneo para el despojo y robo de los recursos; antes de la ley se promulgaban otras, pero ninguna atendía el reclamo sobre sus derechos, como hoy se atienden con este dictamen.

El documento, expuso, representa una demanda histórica de los pueblos y comunidades, así como una bandera de lucha. Añadió que la ley reúne la mayor parte de las reivindicaciones indígenas en las últimas décadas: se reconoce la voz de los pueblos y comunidades, cumple con los estándares Internacionales en la materia y se construyó con la participación de las comunidades y diversos sectores.