En México no tenemos un sistema de justicia capaz de dar respuesta a todos los casos de feminicidios y violencia contra las mujeres, que se han incrementado de manera notable, afirmó la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), al inaugurar la Audiencia Pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”.
El propósito es escuchar a familiares de víctimas de feminicidio y a las autoridades “involucradas en el laberinto de la injusticia”. Es fundamental, porque es un reclamo de justicia, en virtud de que este delito aumentó de manera exponencial en el país.
La coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres agregó que en el primer mes de 2019 fue cuando hubo más asesinatos violentos de mujeres, “por el hecho de serlo, y esto nos obliga a involucrarnos”. Refrendó el compromiso de la LXIV Legislatura con los derechos, libertades y justicia para la población femenina.
“Por eso hacemos el esfuerzo, para contribuir a disminuir estos índices de violencia contra las mujeres y los feminicidios que tienen de luto al país y generan mucho dolor. Lo haremos a través de quienes han conocido las deficiencias de la administración y procuración de justicia”.
Este compromiso, enfatizó, lo verán reflejado en el trabajo legislativo a lo largo de estos años. Añadió que a partir de la información y propuestas que se generen de estas audiencias, se iniciará un proceso de marcaje para cada autoridad involucrada en el tema de feminicidio.
Dijo que se dará seguimiento a cada feminicidio porque se busca una respuesta puntual de las autoridades. Adelantó que se presentará un punto de acuerdo en el Pleno para solicitar información puntual de los 454 municipios en Alerta de Género, a fin de conocer exacta y específicamente, sin omisiones, cuáles son las medidas de prevención, seguridad y justicia que operan en cada uno, “y también lo estamos promoviendo para los gobernadores”.
Asimismo, dijo, se han generado iniciativas para modificar el tipo penal sobre el feminicidio y que se establezca en todos los códigos estatales.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) destacó la importancia de que participen en este foro autoridades del Poder Ejecutivo federal y del Judicial, así como representantes de organismos internacionales, ya que este delito ha avanzado día con día y afecta a diversos estados de la República.
Dijo que el feminicidio ya llegó al rango de alarma social y arroja cifras cada vez más preocupantes; por eso, el sistema de procuración de justicia debe eficientarse y garantizar los derechos de víctimas y sus familiares.
Consideró indispensable hacer más dúctiles los instrumentos jurídicos, en especial por las inconsistencias que existen en la integración de las carpetas de investigación, lo que conlleva a la impunidad. Las fiscalías deben dar cabal cumplimiento al artículo 21 constitucional, a fin de conformarlas debidamente y que se pueda detener a quien agravie la vida e integridad de una mujer.
Para garantizar una sentencia efectiva y que no haya impunidad, el Ministerio Público tiene que estar capacitado para no negar órdenes de captura, obtener un auto de vinculación a proceso, detener materialmente a la persona y, en el periodo que determine el juez de control, reunir los datos probatorios para que puedan acreditar la responsabilidad penal y el hecho delictuoso de feminicidio, dijo.
Consideró necesario apostar a la prevención del delito para reducir esos índices.
Al dar inicio a la primera mesa de trabajo “Cumplimiento de recomendaciones internacionales e incorporación de los estándares de la sentencia Mariana Lima y Campo Algodonero”, la diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que los feminicidios constituyen una gran problemática en México; “es algo que como legisladoras y como mujeres no podemos pasar por alto”.
Refirió que, si bien se han tomado medidas para erradicarlo, “la realidad es que no han surtido efectos como debería”. De ahí que con esta mesa se busque nutrir las leyes para evitar que siga este fenómeno tan lamentable.
Enseguida, la diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) destacó la necesidad de homologar el delito de feminicidio en el todo el país a lo que marca el Código Penal Federal. Reconoció que hay avances en 11 estados de la República. “El último fue Veracruz, donde hay una situación crítica en esta materia, pues la entidad ocupa el primer lugar nacional en feminicidios”.
La homologación debe contener puntualizaciones importantes, como la máxima publicidad de alerta de género para que la sociedad sepa qué pasa y exigir a las autoridades que cumplan con cada acción que deban llevar a cabo en torno a esta situación.
Planteó que se requiere la coordinación adecuada de todos los responsables de la implementación de la estrategia y que se comunique a través de un sistema único de información
Natalia Calero, integrante de ONU Mujeres, urgió al Estado a adoptar medidas para prevenir las muertes violentas, asesinatos y desapariciones forzadas en nuestro país.
En particular, dijo, tienen que enfrentarse las causas profundas de estos actos, como violencia armada, delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes, además de los estereotipos como la pobreza y la marginación de las mujeres.
Es necesario, advirtió, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, incluyendo a los agentes estatales y no estatales, así como un código penal único, que es una de las formas para enfrentar la problemática de homologación.
Desde las Naciones Unidas “hacemos un llamado a las instituciones públicas para implementar acciones y entender cómo poner en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencia”.
En ONU Mujeres proponemos, enlistó: “marcos normativos y de política pública con perspectiva de género; fortalecer las instituciones estatales y sus mecanismos de coordinación para actuar con perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos; generar información estadística y evidencia que permitan dimensionar integralmente el fenómeno; proveer de servicios accesibles de calidad para la atención a las víctimas”.
Por su parte, la maestra Nira Cárdenas Oliva, de ONU-Derechos Humanos, sostuvo que se necesitan los espacios de diálogo entre sociedad civil y Estado porque desde el enfoque basado en los derechos humanos se permite generar una acción común e identificar soluciones medibles y sostenibles.
Informó que en México, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas ha trabajado en muchos espacios para fortalecer las capacidades técnicas, conocimientos, mejoramiento de protocolos de investigación y búsqueda, con las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que incluye Alertas de Violencia de Género.
“Compartimos en mucho las observaciones, las frustraciones y comentarios de quienes han sido víctimas y siguen en la lucha, y el reto sin embargo parece ser más vigente que nunca”.
Dejó claro que el Estado tiene aún muchos pendientes en materia de derechos de las mujeres, como la garantía sexual y reproductiva, enfrentar la creciente violencia contra mujeres adultas, jóvenes y niñas en México.
Las estadísticas lo delatan: “en 2017 se tuvo un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres, tres veces más que en 2007. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se contabilizaron tres mil 606 feminicidios, sólo en enero de este año más de 304 mujeres han sido asesinadas, pero únicamente 75 casos han iniciado con protocolo de feminicidio”.
A la lista se suma, la violencia sexual en víctimas niñas, mujeres adolescentes y adultas. “A la fecha hay una violación cada hora en el país”.
Cada vez, dijo la representante de ONU-Derechos Humanos, son más visibles las víctimas mujeres y niñas de desaparición forzada. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta nueve mil 327 mujeres en esta situación.
Cárdenas Oliva sostuvo que la impunidad en el caso de las mujeres suscita enorme preocupación en el mundo porque “cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren abusos, sino que envía un mensaje a la sociedad de que la violencia masculina contra las mujeres es aceptable e inevitable” advirtió.
La funcionaria de la ONU sostuvo que el homicidio de mujeres constituye una violación a los derechos, a la vida, a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación y a no ser objeto de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
La obligación de los Estados, reiteró, es proteger a las personas de violación de los derechos humanos en su jurisdicción, prevenirlas, castigar a los autores y reparar en caso de violación.
Advirtió que si los Estados no garantizan el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, crean y son responsables de la agresión que puede continuar en la muerte de las mujeres.
Desde la ONU-DH confiamos en que existe la voluntad renovada de seguir mejorando este camino de justicia. Las mujeres y las niñas no pueden esperar; no queremos ni una más, demandó.
Mayra González Solís, Magistrada de Circuito en el Centro Auxiliar de la Octava Región, con Residencia en Mérida, Yucatán, se comprometió a trabajar desde su responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Reconoció que “los juzgadores no siempre pueden intercambiar la información con las víctimas de violencia porque su función implica” dijo, buscar la posición de equilibrio, de armonización entre el debido proceso, la justicia y la reparación del daño cuando se ha cometido un delito”.
En el diálogo interinstitucional, precisó la magistrada, escuchamos las propuestas de las víctimas, de las autoridades y miembros del Estado para construir un México en paz para todos y detener la violencia más extrema que puede sufrir una mujer: el feminicidio.
En su oportunidad, Dilcya Samantha García Espinoza, de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, destacó que en esa entidad se ha logrado “sacar de las entrañas de la impunidad” muchos asuntos, aunque reconoció que el camino es incipiente y las metas, los altos objetivos, son “enormes”.
Expresó que de las carpetas iniciadas en aquella entidad, 55 por ciento está judicializada y 30 por ciento tienen sentencias de condena, “pero esto no puede ser triunfalista. Hasta que no tengamos la última sentencia de feminicidio no podemos decir que hicimos nuestro trabajo cabalmente”.
Añadió que hay un camino “brutal” que falta por recorrer, empezando por realizar investigaciones con perspectiva de género.
Se pronunció por propiciar, desde la prevención, que no haya una víctima más de feminicidio ni de desaparición”. Dijo que se requieren recursos, “pero también voluntad”; revisar protocolos de feminicidio; fortalecer herramientas y acompañar instituciones que requieren apoyos para la prevención de la violencia desde los albores, porque tenemos niñas víctimas de violencia feminicida y sexual”.
Dijo que se requiere un engranaje fortalecido para no dejar en la impunidad a los feminicidas y a las autoridades insensibles, omisas y corruptas que han retardado el acceso a la justicia. “Debe haber un círculo donde la autoridades que se queden a trabajar, no sólo los temas de violencia sino de la procuración de justicia en general, tengan el perfil adecuado, y quien no lo tenga, que se vaya a la calle o a la cárcel; lo que le toque”.
Karla Micheel Salas, abogada feminista, al referirse a la Sentencia de Campo Algodonero, emitida hace 10 años sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en 2001, afirmó que “estamos ante una emergencia nacional por los feminicidios en México”. Casi veinte años después “no se sabe la verdad, ni quiénes son los asesinos o qué grupos cometen esta serie de crímenes. La justicia no llega”.
El Estado no ha asumido plenamente esta obligación ni su deber jurídico, porque el presupuesto aprobado para este año en el Anexo 13, destinado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para prevenir y atender la violencia hacia ellas, en su mayoría se usa para pagar sueldos de funcionarios en algunos organismos.
Pidió que la Cámara de Diputados, como contrapeso, llame a cuentas a ex funcionarios y actuales autoridades judiciales y del Ejecutivo, porque no ejercen bien el presupuesto y actúan de manera dolosa, omisa, negligente y tampoco escuchan las voces de los familiares de las víctimas.
Familiares de víctimas demandaron justicia, cero tolerancia y ninguna mujer más asesinada. Pidieron investigar de oficio con perspectiva de género la muerte de mujeres por la violencia que se sufre y ceñir las averiguaciones al debido proceso. “Dejen la impunidad, corrupción, indiferencia, negligencia, omisiones y discriminación. Cumplan los protocolos especializados fijados por la Suprema Corte de Justicia (sentencia Mariano Lima) y organismos internacionales (sentencia de Campo Algodonero)”, pidieron.
Afirmaron que se incrementan los feminicidios porque en México no pasa nada ni se castiga a nadie, pese a que nueve mujeres mueren al día por ese delito.
Manifestaron que prevalece el rezago al existir casos con 18 años de antigüedad sin que avance su proceso, se pierdan expedientes e, incluso, se premie a policías con ascensos por eliminar pruebas y coludirse para fabricar culpables. Los agresores están en la calle, mientras que las madres que exigen justicia han sido víctimas de atentados, amenazas y despidos injustificados de sus empleos.
Exigieron castigar de forma ejemplar a los asesinos y funcionarios irresponsables, porque han obstruido el acceso a la justicia; policías, ministerios públicos y jueces disfrazan los feminicidios por suicidios. Dicen y hacen lo que quieren ante la agresión y abusos en contra de las mujeres, expusieron.
