El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, rechaza la propuesta de la dirigencia de MORENA de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”, puesto que es, a todas luces, arbitrario, inconstitucional e inconvencional.Es inadmisible que el gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder.
La propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
Lisa y llanamente, la propuesta de MORENA representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
De igual forma, violenta los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio.
Cualquier acto de molestia debe cumplir con las formalidades y requisitos constitucionalmente exigidos, y observar los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues, de lo contrario, resulta atentatorio de derechos humanos elementales. La propuesta de MORENA no cumple con ninguno de estos requisitos.
En los hechos, se trata de otorgar amplias facultades a la autoridad para que allane un domicilio particular y fiscalice información financiera, sin controles jurisdiccionales ni restricciones legales que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos.
