La Cámara de Diputados aprobó adiciones a la Ley de Vivienda para incorporar a la resiliencia como parte de los requerimientos mínimos contenidos en la regulación de la construcción de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo.
Además, se le define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos.
El dictamen, que adiciona la fracción XIII al artículo 4 y la fracción XVII del artículo 8 de la Ley de Vivienda, se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Vivienda, diputado Miguel Acundo González (PES), refirió que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 87.7 millones de mexicanos habitan en zonas de riesgo. De igual manera, según el Banco Mundial la mayoría de las lesiones y muertes ocasionadas por desastres naturales son a causa de inmuebles construidos con calidad deficiente.
Se necesita armonizar la Ley de Vivienda con la Ley General de Asentamientos Humanos, para establecer el concepto de resiliencia, para garantizar que las viviendas cumplan con los requisitos mínimos para ser consideradas resilientes, tengan un diseño arquitectónico y estructural que ofrezca seguridad a sus habitantes, garantizar su pronta reoperación una vez soportado un desastre natural, conservar la tradición arquitectónica local, materiales de calidad y encontrarse fuera de los mapas de riesgo.
Consideró que la reforma abonará a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo social, particularmente con el objetivo 11, el cual es comunidades y ciudades sostenibles, cuya meta es lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
La promovente de la reforma, diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz (PES) indicó que incluir el principio de resiliencia en el Programa Nacional de Vivienda, obligará a la Federación, a entidades federativas y a los municipios a regular la construcción de viviendas con una perspectiva de prevención con calidad, garantizando que nunca más la negligencia sea motivo de pérdidas humanas.
Resaltó que es necesario tomar las medidas correspondientes para que las viviendas de los mexicanos se construyan con criterios que reconozcan nuestra condición de país sísmico, porque México por su particular condición climatológica está sujeto a constantes amenazas de desastres naturales, como el caso particular del estado de Campeche.
