El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y el Comité Directivo Estatal en Baja California, consideran inconstitucional y temeraria la resolución del Tribunal Electoral de esa entidad, que pretende modificar el texto de la Constitución Política del estado para desconocer que la duración del próximo periodo del Ejecutivo local es de dos años.
La resolución que emitió el Tribunal Electoral de Baja California atenta contra la legalidad electoral, porque pretende modificar la Constitución al margen del órgano competente para hacerlo.
Además, va contra la certeza electoral, porque pretende modificar la duración del próximo periodo del Ejecutivo del estado en pleno desarrollo del proceso comicial.
Cabe destacar que la Constitución General de la República prohíbe al legislador expedir o reformar la legislación en todo aspecto relevante de los procesos electorales, durante el periodo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral y durante el mismo. Este principio permite establecer, con mayor razón, que las sentencias judiciales están sujetas a la Constitución y no pueden modificar las normas esenciales conforme a las cuales se inicia y desarrolla el proceso electoral.
Con base en las normas constitucionales y precedente judicial, el Partido Revolucionario Institucional impugnará con toda seriedad, firmeza y determinación, la inconstitucional resolución del Tribunal Electoral, por considerar que atenta contra la certeza que requiere el elector sobre la duración del mandato de quien le pide el voto.
Esta resolución judicial es particularmente grave, porque puede confundir a las y los ciudadanos en la valoración de las propuestas de quienes son candidatos a la gobernatura del estado.
POSICIONAMIENTO DEL CEN Y DEL CDE EN BAJA CALIFORNIA SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE DETERMINÓ CONSIDERAR EL MANDATO DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN DE GOBERNADOR POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS
Es no solo inconstitucional sino temerario que el Tribunal Electoral del estado de Baja California, en resolución dividida adoptada en esta fecha, pretenda modificar el texto de la Constitución Política del estado para desconocer que la duración del próximo periodo del Ejecutivo local es de dos años.
El órgano revisor de la Constitución del estado, en cumplimiento de la reforma político-electoral de 2014, con objeto de homologar la celebración de elecciones locales en fecha coincidente con la jornada comicial de las elecciones federales, estableció que por única vez el periodo para el desempeño del cargo de Gobernador del estado de quien fuera electo en los comicios del 2 de junio del presente año tendría una duración de dos años.
La legalidad y la certeza son principios fundamentales de las elecciones en nuestro país, porque tutelan el derecho político de los ciudadanos a votar y ser votados. Por ello, en su momento el órgano competente para reformar la Constitución de Baja California determinó adecuar sus procesos comiciales a los federales y la duración del periodo del titular del Ejecutivo local que sería votado en 2019.
La resolución del Tribunal Electoral del estado de Baja California atenta contra la legalidad electoral, porque pretende modificar la Constitución al margen del órgano competente para hacerlo. Además, atenta contra la certeza electoral porque pretende modificar la duración del próximo periodo del Ejecutivo del estado en pleno desarrollo del proceso comicial.
La Constitución General de la República prohíbe al legislador expedir o reformar la legislación en todo aspecto relevante de los procesos electorales durante el periodo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral y durante éste. Este principio permite establecer, con mayor razón, que las sentencias judiciales están sujetas a la Constitución y no pueden modificar las normas esenciales conforme a las cuales se inicia y desarrolla el proceso electoral.
Es de toda evidencia que la duración del mandato emanado de las urnas es una norma fundamental del proceso electoral y no puede ser objeto de reforma legal ni de interpretación judicial contraria a los principios de legalidad y certeza electorales.
El Partido Revolucionario Institucional impugnó una resolución precedente del Tribunal Electoral del estado de Baja California que pretendía establecer en 5 años la duración del mandato del titular del Ejecutivo local que será electo el 2 de junio del presente año, cuando la norma constitucional aplicable determinó su duración en dos años.
Con base en las normas constitucionales y ese precedente judicial, el Partido Revolucionario Institucional impugnará con toda seriedad, firmeza y determinación la inconstitucional resolución del Tribunal Electoral de Baja California que atenta contra la indispensable certeza que requiere el elector sobre la duración del mandato de quien le pide el voto.
Esta resolución judicial es particularmente grave porque puede confundir a las y los ciudadanos en la valoración de las propuestas de quienes son candidatos a la gobernatura del estado.
