La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, inauguró el Parlamento Abierto de análisis para dictaminar la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, donde participaron legisladoras, especialistas, académicos, funcionarios, representantes empresariales, organizaciones autóctonas y sociales.

La diputada Irma Juan Carlos afirmó que la consulta es un derecho humano, porque efectivamente los pueblos originarios tienen que decidir el desarrollo desde su cosmovisión, donde el Parlamento Abierto es uno de los principios rectores de la actividad parlamentaria por lo que es de vital importancia escucharlos.

Destacó la importancia de analizar, discutir y debatir a través del Parlamento Abierto, para enriquecer el proyecto de decreto que creará este nuevo marco jurídico, mecanismo alternativo y moderno que tiene por principio la transparencia y acceso a la información como una nueva forma de interacción sobre las legislaturas nacionales entre la ciudadanía y el Poder Legislativo.

En esta nueva relación entre las y los legisladores y los ciudadanos se busca que las decisiones sean transparentes y justificadas, que exista disposición y colaboración para facilitar la interacción de las personas y se adopten altos estándares de responsabilidad ética e integridad en la actividad parlamentaria en un ejercicio democrático.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, aseguró que “nunca más una ley sin la voluntad y consentimiento, sin la consulta libre, previa e informada y sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Queremos que todos participen”.

Las comunidades han plasmado sus propuestas, las cuales se analizarán en comisiones unidas para definir el proyecto, para no violentar los derechos de los pueblos autóctonos que por más de 500 años han estado en el olvido y abandono. Por primera vez en la historia del país son tomados en cuenta en cada decisión y su voluntad se hará valer, afirmó.

Refirió que se han realizado diez foros en todo el país, donde se han escuchado las propuestas de las etnias y de las comunidades afromexicanas, que se fortalece con este Parlamento Abierto.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), dijo que es importante el proceso de consulta que se ha desarrollado en los meses de febrero y marzo, ya que es valioso que se escuche la voz de los pueblos y comunidades. También, que el INPI se ha sumado a esta tarea, con aportes tanto en el ámbito técnico como en las cuestiones sustantivas de esta propuesta de ley.

Señaló que esperan que las propuestas y planteamientos que han sido vertidos sean debidamente considerados en la dictaminación y, desde luego, en el proceso de aprobación correspondiente. “El tema de la consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos es un derecho que está establecido y reconocido en el ordenamiento jurídico internacional”.

Intervención de asociaciones indígenas y sectores productivos

Jorge Gaxiola Moraila, presidente de la Comisión de Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) festejó que el Congreso vaya a expedir esta ley de consulta indígena, ya que urge tener reglas claras; estas comunidades necesitan protección a su autonomía y condiciones de desarrollo social y económico, es una deuda que se tiene con ellas.

En su participación, María Antonieta Gallart Nocetti, coordinadora de becas de posgrado para indígenas del CIESAS-CONACYT, destacó la definición de consulta, la cual recoge de manera sintética las formulaciones de los diferentes instrumentos normativos que constituyen una base sólida para definir a quiénes, cómo se consulta y en qué materia. Sin embargo, consideró necesario aclarar, en el documento, las categorías o sujetos de consulta establecidos.

Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México, explicó que la industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Consideró que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y  territorio que ocupan.

Christopher Ávila Mier, integrante de la Cámara Minera de México, comentó que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

Rita Bell López Vences, directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, pidió incluir el principio de paridad de género y especificar el concepto de equidad; no discriminar y respetar las decisiones de las etnias y afromexicanos; garantizar la participación plena en igualdad de condiciones de las mujeres, personas discapacitadas, de diversidad sexual y jóvenes, en lenguaje materno y de señas; designar una autoridad indígena facultada para resolver los problemas a través de la consulta.

Jesús García López, integrante del grupo de trabajo en materia de Consulta Indígena del CCE, aseguró que es de suma importancia expedir esta ley. Presentó ocho propuestas para incluir en el dictamen, destacando la irreversabilidad para que el resultado de la consulta tenga un carácter de cosa juzgada y evitar que sea revertida por otros grupos de interés y reglas para que sea definitiva y no haya impugnaciones judiciales a los proyectos que hayan sido aprobados.

Javier López Sánchez, miembro del pueblo maya-tzeltal, de Chiapas, dijo que la consulta y participación de los pueblos indígenas y afromexicanos es piedra angular para garantizar los derechos colectivos en situaciones y decisiones que les puedan afectar en toda su vida. “La ley general de consulta sin duda es un gran vacío jurídico en México, yo creo que era necesario y por ello felicito por este trabajo que han realizado hasta este momento”.

Ligia Claudia Gonzalez Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del CCE, comentó que la ley debe ser nacional dado que así no hay riesgo de falta de uniformidad de posibles leyes estatales. También, que derivado de la consulta es posible generar acuerdos que sean vinculantes para generar seguridad jurídica a todas las partes y vigilarse su cumplimiento.