La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) impulsa una iniciativa para reformar la Constitución Política, con el objetivo de prohibir la diferencia salarial, en razón de género o nacionalidad.
La legisladora resaltó que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en México es de 16.7 por ciento, según el informe “La lucha por la Igualdad de Género: una batalla cuesta arriba” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2017.
Además, el 53.4 por ciento de los egresados de alguna licenciatura son mujeres; sólo 34.4 por ciento de los gerentes en México son mujeres y 44.9 por ciento de las mexicanas en edad de trabajar están empleadas.
La de México es la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE. Los hombres, por el contrario, tienen una tasa de empleo mayor (78.5 por ciento).
Subrayó que en nuestro país una mujer tiene que trabajar casi 15 meses para ganar lo que un hombre percibe por laborar un año, diferencia mucho más pronunciada en el caso de las madres de familia, para quienes es de 33.2 por ciento, según datos de la Organización Internacional del Trabajo en 2016.
Con base en un informe publicado en 2017 por una de las instituciones bancarias más importantes del país, si México lograra reducir la brecha de género a un nivel de una economía desarrollada, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 5.1 por ciento por año, generando un avance económico de 11.8 por ciento, indicó.
Gómez Cárdenas mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la brecha salarial es de 12 por ciento entre las diferentes secretarías de Estado y de 7 por ciento en otro tipo de instituciones gubernamentales.
Agregó que la CNDH recomendó al gobierno procurar emplear más mujeres en puestos de mando, más ascensos, igualdad salarial, menor segregación, mejor balance entre vida personal y laboral y acatar las normativas existentes en materia de igualdad.
La diputada panista consideró que la batalla por la igualdad de género en materia salarial, “no solamente trastoca la dignidad de las personas o la absoluta igualdad ante la ley; representa también un lastre para nuestra economía”.
Propuso reformar el artículo 123 de la Constitución Política para que se prohíba cualquier tipo de discriminación salarial, “aportando un elemento más en nuestra ley fundamental en pro de la erradicación de la terrible práctica de la discriminación salarial, y como un signo, del compromiso de esta legislatura en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres”.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
