El deterioro económico en México es considerable y apremia que el Gobierno federal ponga en marcha un programa de estímulos fiscales que posibilite a las y los mexicanos aplazar el pago de impuestos y amortizar gastos de servicios básicos, como el eléctrico y de agua potable.

Así lo propuso la diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, al advertir que la reactivación económica siempre estuvo atada a la campaña de vacunación contra el COVID-19, pero la estrategia falló, hay retraso en la entrega de dosis justo cuando registramos un alto número de contagios y decesos, y el indicio oficial es que se contará con vacunas suficientes para inocular a la totalidad de la población, hasta principios del 2022.

La legisladora de Veracruz presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para solicitar al Gobierno federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, anuncie un paquete fiscal emergente de incentivos a personas físicas y morales, donde participen todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas para focalizar la ayuda.

“Lo que buscamos es garantizar la conservación de empleos existentes y la continuidad del funcionamiento económico. Que el Gobierno desista  en su postura de negar ayuda a las empresas y entregar apoyos sociales directos, especialmente ahora que la contingencia sanitaria se prolonga más de lo que la Administración pronosticó y aumenta el riesgo de tener menos crecimiento al esperado”, expuso Ingram Vallines.

Explicó que la nueva política fiscal deberá incluir: la ampliación del plazo para realizar la declaración anual; la dispensa de 90 a 180 días del Impuesto Sobre la Renta; eliminar el Impuesto al Valor Agregado durante los meses pares; dar financiamiento a pequeñas y medianas empresas a través de la Banca de Desarrollo con una tasa de interés del cero por ciento, en una primera etapa a productores de alimentos e insumos de higiene y médicos, a fin de evitar el desabasto y en una segunda fase, enfocados a la reactivación de la economía; apoyos al sector turístico con la suspensión temporal del pago del Impuesto por Prestación de Servicio de Hospedaje.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad debe otorgar una exención o en su caso, posponer el pago del servicio eléctrico a usuarios que no excedan el consumo promedio doméstico; corrija los recibos con cobros desproporcionados del servicio y autorice nuevos programas o convenios de pago a las Mipymes, al igual que a usuarios domésticos, a fin de permitir la continuidad del servicio, evitando cortes de energía eléctrica mientras dure la emergencia sanitaria.

Finalmente, la petición a los gobiernos de los estados es que apoyen a las empresas locales y regionales a mantener su plantilla laboral, para que concedan la exención de 90 a 180 días del Impuesto sobre Nómina y que a través de los Organismos Públicos de Agua y Saneamiento se otorgue a la ciudadanía, así como al sector empresarial más vulnerable, la exención en el pago de uno y hasta dos bimestres de la cuota del servicio de agua potable, difiriendo el costo en recibos posteriores.