El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, destacó la importancia de una regulación más estricta sobre las operaciones de efectivo que permita rastrear el dinero que sale o entra de cuentas bancarias relacionadas con el posible financiamiento ilícito en las campañas.
Al participar en la mesa “Financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos” de los Foros para la Reforma Electoral y del Estado, aseguró que “el efectivo es como un callejón sin salida, si no se toman medidas para saber quiénes hicieron los retiros o quiénes los depósitos”.
Asimismo, indicó que se puede robustecer la regulación respecto de empresas fantasma o “fachada”, que a menudo son utilizadas en esquemas de triangulación ilícita de fondos que terminan en las campañas. “En diferentes casos hemos encontrado este tipo de empresas que se usan para que recursos vayan a partidos políticos”.
Afirmó que también existen áreas de oportunidad para fortalecer el sistema de financiamiento y de fiscalización de los grupos políticos; el objetivo es evitar el flujo ilegal de dinero y preservar las condiciones de equidad de las contiendas.
Además, consideró necesario agilizar el proceso de intercambio de información con instituciones financieras, particularmente los bancos, para completar investigaciones dentro de los plazos de ley. “A menudo los bancos retardan la entrega de información y hacen que casos grandes como el de Asismex, sean revocados por caducidad”.
Nacif Hernández destacó que la aportación a los partidos políticos debe ser considerada como un derecho como en otros países democráticos, pero regulado para no afectar el funcionamiento del sistema. “Se debe ejercer con restricciones que eviten la corrupción electoral y que grandes donadores tengan influencia excesiva en candidatos y partidos”.
Destacó que para acortar distancia entre lo aportado a campañas y lo real, se obtienen fuentes externas, con el objetivo de cruzar información de partidos políticos. “La fiscalización no sólo es de glosa de la contabilidad del partido, sino de comparar lo que dan las fuentes externas, monitoreo de espectaculares, redes sociales, internet y medios impresos; son procesos que se siguen en el INE para estimar el gasto no reportado”.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que hay 32 OPLE y 32 tribunales locales nombrados por la nación, removidos y regidos por la Federación. “Son entidades autónomas, pero sus estados no las constituyen ni las pueden remover sino la Federación; los estados solamente las financian, “¿esto es federalismo?”.
Además, capacitación y organización de las casillas, todo lo que es la recepción del voto, no lo hacen, no lo pueden hacer, eso lo emprende el INE. Les han dejado el registro de candidatos y el cómputo que dura un día, ésa es su tarea, “trabajan seis meses cada tres años y descansan dos años y medio”. Consideró que eso no es lógico y habría que pensar el sistema federal o federalista como estaba antes.
Subrayó que la austeridad no se limita al plano electoral, sino a todo el estado nacional; las propuestas electorales no son específicamente por motivos de carácter de austeridad y ésta debe ser pareja. “Vamos a seguir revisando cada vez el presupuesto del INE, la Cámara muchas veces lo ha reducido, lo vamos a seguir reduciendo, eso no tiene remedio”. Un exceso económico del INE es el sueldo de su presidente, aseguró.
En tanto, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) señaló que parte de lo caro del sistema electoral es por la desconfianza que se tiene hacia los partidos, lo cual genera que estén buscando cómo cuidar que las elecciones no sean manipuladas y esto provoca que haya fiscalización que cada día es más grande y cara.
En el tema de redes sociales, planteó que la Unidad Técnica de Fiscalización genere un estimado de los “influencers” a través de un estudio que se realice para la siguiente elección. Subrayó que se requiere buscar el verdadero federalismo y fortalecer a los OPLE.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) destacó la importancia de que los candidatos reciban “un dinero definido por el Estado y que de ninguna otra manera haya otro tipo de financiamiento”. Respecto al tema de las redes sociales, expresó que se debe contar con una regulación que restrinja a los candidatos la emisión de información durante las campañas y limitar opciones de acceso, especificar qué pueden hacer o no, y castigar si se viola la regulación.
Preguntó si hay relación de causalidad entre el dinero que se desina y la participación ciudadana en las elecciones. “¿Qué se sugiere hacer? Porque el costo de la desconfianza es monstruoso”. Cuestionó si se puede garantizar que la automatización sea impenetrable para implementar el voto electrónico sin riesgos.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) afirmó que, a pesar de los esfuerzos por controlar el gasto con el Sistema de Fiscalización, aún se percibe dinero por fuera, y de cada peso reportado hay 15 externos, por lo que es necesario saber cuál es el gasto real de los partidos.
Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, sostuvo que el tema de las prerrogativas de los partidos es muy importante y si bien se habla del financiamiento no se abordan los recursos totales, pues sólo reciben 26 por ciento y el INE el 74 por ciento. “Nos pronunciamos en contra del recurso privado, porque los candidatos llegan comprometidos”.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) externó su preocupación por los mecanismos para nombrar a los OPLE; fortalecer el sistema de partidos; la distribución presupuestaria igualitaria; la protección de los datos personales de donantes, y los gastos de representantes de casillas.
Víctor Alarcón Olguín, académico de la UAM-Iztapalapa, consideró que se debe empezar a reformar para que los partidos paguen el verdadero costo de su participación en la democracia, “aunque no necesariamente significa recortarles recursos sino ayudarles a que gasten mejor y que cambien su percepción de que los costos son del INE y del Tribunal cuando en realidad los que lo negociaron fueron ellos”.
Enrique Cuna Pérez, académico de la UAM-Iztapalapa, afirmó que esta reforma necesita un análisis amplio y planteó partir de la idea de que los partidos están en una crisis, analíticamente, para suponer que no cumplen totalmente las funciones y que los recursos asignados para ellos se gastan solamente en procedimientos electorales; es decir, “estamos en procesos completamente de elección y no necesariamente de conformación”.
Daniela Castillo, académica de la UAM-Xochimilco, resaltó la importancia de revisar la forma en que se abordan las campañas electorales en las redes sociales, las cuales cada día son más concurridas. Estimó que se deben identificar los retos en estos medios para replantear y repensar el modelo actual de fiscalización.
Rodrigo Sánchez Gracia, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que el dinero es un bien necesario para el desarrollo de los procesos electorales; sin embargo, llega a distorsionarlos a través de los rebases de topes de campaña o las aportaciones ilícitas.
Indicó que cualquier reforma en materia electoral debe tener el componente de la integridad, entendiéndola como el postulado ético y que concierne a los distintos actores políticos, analizar cuál fue su comportamiento: honesto, íntegro y conforme a los valores democráticos.
Se manifestó por generar equidad o una fórmula que otorgue proporcionalidad entre el financiamiento a los partidos y el tope de las campañas en las entidades.
Alejandro Romero Millán, consultor especialista en derecho electoral, señaló que la reforma que se pretende instrumentar responde a una lógica distinta a las anteriores, pues no es producto de acuerdos políticos originados por conductas que intentaron vulnerar los principios rectores de las contiendas; por ello, requiere adaptarse a los principios de austeridad y combate a la corrupción que exige la sociedad.
Erik Odín Vives Iturbe, representante del PT en el estado de México, consideró que la democracia es muy importante para el país, por lo que es equivocado querer interponerle austeridad. Afirmó que quitar financiamiento a los partidos políticos provocará que recurran a organismos de la iniciativa privada, al exterior o al crimen organizado.
En su ponencia “Austeridad y reforma electoral, el ahorro por encima de la democracia”, el ex consejero distrital del INE, Pablo Javier Becerra Chávez, indicó que el planteamiento central de la austeridad republicana conduce a una política de “neoliberalismo populista”, que toma recursos públicos de donde puede, por medio de recortes y restricciones para destinarlos a políticas sociales.
Propuso evaluar el resultado de la reforma de 2014, las atribuciones sobreconcentradas del INE y las muy empobrecidas de los OPLE, “que han sido un modelo interesante en los últimos cinco años, aunque es cuestionable cómo se organizarán las elecciones si desaparecen los OPLE”.