Principal Cultura Impagable, el fondo de ahorro de los braceros mexicanos

Impagable, el fondo de ahorro de los braceros mexicanos

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Los más de 122 mil millones de pesos de adeudo al fondo de ahorro aportado por los trabajadores que participaron en el Programa Bracero, vigente de 1942 a 1964 como parte de los acuerdos laborales entre México y Estados Unidos, son impagables a través del erario de la Federación.

De acuerdo con lo publicado por el doctor Philippe Schaffhauser en la revista electrónica Diarios del Terruño, que edita la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en ese periodo se firmaron alrededor de cuatro millones 646 mil contratos de trabajo, con la participación de tres millones 233 mil jornaleros mexicanos.

Esas cifras, aproximadas por a falta de información precisa, y los efectos de dicho problema son analizados por el investigador de El Colegio de Michoacán en el artículo Cantidades endebles y esmero retórico: por una lectura crítica de los números en torno al conflicto bracero en México.

El acuerdo migratorio y laboral denominado Mexican Farm Labor Program Agreement fue suscrito por los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt el 23 de julio de 1942 y renovado por el Congreso de Estados Unidos hasta su conclusión oficial, en 1964.

Al amparo de ese acuerdo, el 29 de septiembre de 1942 llegó a Stockton, California, el primer grupo de 500 braceros –término coloquial cuyo significado remite metafóricamente a la fuerza de trabajo que representan los brazos de los trabajadores agrícolas procedentes sobre todo de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Durango y Michoacán, esta última la mayor entidad proveedora de mano de obra durante el programa– en especial campesinos, aunque miles de ellos se emplearon también en la construcción de vías férreas.

El investigador establece que no existen datos estadísticos precisos sobre los contratos laborales, así como el número exacto de personas, además de que se desconoce el destino del diez por ciento del salario retenido a los trabajadores.

En un principio el banco Wells Fargo fue el encargado de la gestión financiera de ese fondo hasta su transferencia a México a los bancos del Ahorro Nacional y Nacional de Crédito Agrícola (posteriormente convertido en Banco de Crédito Ejidal (Banrural) y finalmente en Financiera Rural).

Los datos cuantitativos relacionados con el programa bracero son escasos, fragmentarios y hasta cierto punto fruto de una parcialidad política y burocrática. “Estas lagunas cuantitativas constituyen una de las principales aristas del actual conflicto bracero, ya que desconocemos las cifras exactas en torno al número de braceros contratados y tampoco tenemos una idea clara sobre los montos acumulados que integraron el fondo de ahorro campesino cuya no entrega a sus beneficiarios constituye el epicentro del conflicto actual”.

Por esa razón sólo existen estimaciones más o menos confiables, en México los archivos del Programa Bracero se destruyeron después del sismo de 1985, en tanto que en Estados Unidos los archivos son de carácter confidencial, por lo que se impide su desclasificación y el libre acceso para el público.

El investigador precisa que un estudio encargado en marzo de 2008 por la Cámara de Diputados calculó que 3 millones 233 mil 754 braceros participaron en el programa (1942-1964), entre los cuales 2 millones 973 mil 567 tuvieron hasta dos contratos y 260 mil 188 más de dos.

Según cálculos aportados en un estudio realizado por la Cámara de Diputados se calculó que tan sólo el pago, correspondiente a un programa de apoyo social para ex braceros, de la cantidad de 38,000 pesos para cada uno de los 3,233,755 braceros que probablemente participaron en el programa, equivale a 122 mil 882 millones de pesos.

El programa igualmente incorporaba beneficios sociales en salud, alimentación y alojamiento, y formaba parte de una corriente internacional progresista que concebía la protección social a los trabajadores como parte del Estado de Providencia (Welfare State).

Una vez concluido, detalla el doctor Schaffhauser, surgieron organizaciones de ex Braceros tales como el Braceroproa, la Unión Binacional de ex Braceros y la Coordinadora Binacional de ex Braceros (COBIEB), que ha logrado agrupar a decenas de organizaciones de braceros en ambos lados de la frontera.

En el plano jurídico, en 2016 cinco mil ex braceros obtuvieron una sentencia a favor del amparo presentado en relación con la restitución del fondo de retiro. El fallo indica que se le pagará a cada trabajador o derechohabiente un millón 95 mil pesos.

Ante este amparo el gobierno federal interpuso un recurso de apelación con el argumento que tal pago ponía en peligro las finanzas públicas y la continuidad de programas sociales; sin embargo en 2018 La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de apelación y confirmó la sentencia emitida en primera instancia.

Entre 2005 y 2015 el gobierno federal a través del programa de apoyo social atendió a 266 mil 748 personas, devengando 38 mil pesos a 212 mil 340 braceros y 4 mil pesos a 21 mil 354 personas.

Sin embargo, “de los más de 750 mil braceros aún vivos sólo 245 mil 539 de ellos volvieron a cobrar vida como sujetos institucionalizados a través del programa. Los otros permanecen en el olvido, sin existencia, borrados del mapa de la vulnerabilidad.”

El caso de los braceros representa una falta de reconocimiento y consecuentemente un acto de reparación para remediar esta situación longeva. “Hablar solo de contratos disipa la existencia de hombres de carne y hueso que aviva una forma de desprecio y conduce a la marginación y al olvido que han vulnerado tanto la dignidad del público bracero”, concluye.