La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, saludan la presentación oficial del Proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, ante el Congreso Nacional de Honduras, el pasado 14 de octubre de 2020. Ante el contexto actual en la región, marcado por el impacto de la pandemia de COVID-19 y desastres naturales, reconocen la iniciativa y urgen al Estado a implementar medidas para garantizar la protección integral de los derechos humanos de las personas desplazadas internamente.

La CIDH y la Relatora Especial observan la gravedad de la situación de los desplazados internos en Honduras, debido entre otras razones a los niveles de violencia aún prevalecientes en el país, la actuación de organizaciones criminales, los impactos generados por el COVID-19 y los fenómenos naturales. En este contexto, consideran que la pronta adopción de un nuevo marco legal y su efectiva implementación permitirían al Gobierno mejorar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de desplazamiento forzado y de derechos humanos.

En este sentido, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU destacan la relevancia del trabajo coordinado entre instancias del gobierno –como la Secretaría de Derechos Humanos–, y la sociedad civil, así como entre las diferentes instituciones que forman la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV). Asimismo, destacan el rol de las víctimas del desplazamiento para impulsar la tramitación de este marco legislativo. En particular, la Comisión Interamericana y la Relatora Especial reconocen la consecuente creación de la CIPPDV como órgano encargado de impulsar la formulación de políticas públicas, y saludan su creación y proceso de estructuración dentro del sistema integral de respuesta al desplazamiento interno en Honduras.

En este contexto, por invitación del Gobierno de Honduras, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, visitó el país en 2015 y presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos. En dicho informe, el Relator acogió con satisfacción el compromiso de Honduras de redactar una ley en consonancia con los Principios Rectores y con la «asistencia técnica dimanante de su mandato y otros socios nacionales e internacionales». Adicionalmente, precisó que Honduras debía reforzar los marcos jurídicos y políticas institucionales, así como adoptar medidas globales y coordinadas para hacer frente a las causas fundamentales de los desplazamientos y proteger los derechos de los desplazados internos.

En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su visita a Honduras en 2018, recomendó al Estado hondureño desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas. Ello, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado hondureño y de acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Asimismo, a la luz de los deberes consagrados en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión destaca la importancia de avanzar en la internalización de los mecanismos legislativos y de otra naturaleza para garantizar el respeto integral a los derechos humanos. De igual forma, llama al Estado a que en el marco de este proceso de implementación, tome en consideración los estándares y lineamientos de políticas públicas sobre protección de las personas desplazadas internas sistematizados en su Informe Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica – Lineamientos para la formulación de políticas públicas, así como incorpore en lo aplicable, los estándares y recomendaciones consagrados en los Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas.

Con base en los instrumentos referidos, así como en la permanente asistencia técnica brindada al Estado hondureño, el Sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alentado y acompañado de manera decidida a las instituciones competentes en este proceso de consolidación del marco legal de atención a la población desplazada en Honduras.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.