Una comisión designada por el Congreso guatemalteco presentó este viernes un informe en el que acusa al personal de la comisión que luchó contra la impunidad durante doce años en el país, de haber cometido “ilegalidades”.
Tras la emisión de un informe del Congreso de Guatemala relativo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIG, el Secretario General dijo que confía en que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales, incluyendo aquellas que se refieren a los privilegios e inmunidades del personal internacional de la Comisión, de conformidad con el derecho internacional.
El portavoz de las Naciones Unidas publicó un comunicado este viernes, indicando que António Guterres se encontraba al tanto de un informe que denuncia presuntos vejámenes cometidos por el personal de la entidad internacional.
“Tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia, han hecho una contribución decisiva para la erradicación de la corrupción y la impunidad en Guatemala y para fortalecer las instituciones, tal como han reconocido repetidamente las autoridades guatemaltecas, defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, aseguró el Secretario General en la declaración.
Guterres instó a las autoridades guatemaltecas a proteger los derechos y garantizar la seguridad del antiguo personal de la CICIG, así como de los operadores de justicia y defensores de derechos humanos que trabajan a favor al Estado de Derecho en Guatemala.
Según despachos de prensa, el informe, presentado al Congreso este viernes por una “Comisión de la Verdad” que investigó el trabajo de la CICIG durante los últimos doce años, tiene el objetivo de determinar posibles irregularidades en la labor de la institución y su personal.
Entre las supuestas ilegalidades se encuentran una serie de incumplimientos del mandato de la CICIG. La Comisión de la Verdad recomendó a la sala legislativa de Guatemala que condene las presuntas irregularidades y anunció que remitirá el informe al Ministerio Público, que podría solicitar órdenes de captura.
Las actividades de la CICIG finalizaron oficialmente el 3 de septiembre del 2019 tras doce años de labor en los que contó con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias.
Durante todos estos años, y con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró que se procesara a más de 660 y, a julio de 2019, se habían dictado 400 condenas.
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció unilateralmente, el 7 de enero del año pasado, el cese inmediato de los trabajos de la CICIG alegando extralimitación de sus funciones, una decisión que ha sido revertida por la Corte de Constitucionalidad. Desde septiembre de 2018, el jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, estuvo fuera del país después de que el Gobierno guatemalteco le prohibiera la entrada.
