Grupos parlamentarios fijan posicionamientos sobre reformas a la Ley de Instituciones de Crédito

Política
  • Participan diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD emitieron posicionamientos sobre el dictamen a la minuta que reforma la denominación del Título Quinto y adiciona un capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito.

Ajuste de trámite práctico 

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) señaló que la minuta busca realizar un ajuste de trámite práctico, el cual deviene del artículo 1156 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloqueo de cuentas, no el orden judicial. “Este es un procedimiento que estamos normando a partir de jurisprudencia de la Suprema Corte”.

Manifestó que el dictamen que regresa como minuta se votó en esta Cámara a favor, ya que atiende una resolución de la Corte para habilitar el debido proceso en el bloqueo de cuentas y que no fuera solamente de carácter extranjero, sino también nacional; se respeta el derecho de audiencias y se brinda certeza jurídica a los usuarios del servicio financiero.

Vulneración al debido proceso

Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, expresó la postura de su grupo en contra, toda vez que no resuelve de fondo la garantía al debido proceso en el régimen de prevención de lavado de dinero; al contrario, “hiere el uso faccioso del mismo. No puede haber despropósito mayor que darle perfil ministerial a la UIF”.

Calificó como increíble la vulneración al debido proceso y la importancia de la presunción de inocencia. Advirtió que no es sano dar más poder al Ejecutivo Federal; que cese la filtración ilegal de información de la UIF sobre los asuntos que en estricto derecho solamente le deben de dar conocimiento al Ministerio Público.

Afecta principios constitucionales fundamentales

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) precisó que su grupo parlamentario vota en contra porque afecta principios constitucionales fundamentales, ya que le da facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas y posesiones sin que medie mandato judicial.

Añadió que se lesionan los principios constitucionales de garantía de audiencia y de seguridad jurídica. “Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus concesiones y de su libertad sin previo juicio; no acompañaremos una medida legislativa que estreche libertades, vulnere derechos y lastime posibilidades de crecimiento”.

La modificación respeta los derechos procesales

La diputada del PVEM, Eunice Monzón García, se manifestó en favor del dictamen, ya que avanza en la consolidación de un país donde las garantías fundamentales se respeten y la corrupción y el crimen organizado no tengan lugar. Enfatizó que la modificación respeta a plenitud los derechos procesales, fundamental en todo proceso jurídico.

Subrayó que el espíritu de la reforma privilegia la libertad de la ciudadanía, al brindar total seguridad de que la capacidad del Estado de prevenir, detectar, evitar el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo se pueda aumentar sin contratiempos

La reforma permitirá combatir el lavado de dinero

 

Del PT, el diputado Benjamín Robles Montoya apuntó que su bancada refrenda el apoyo para combatir el lavado de dinero, toda vez que en el país se lavan alrededor de 50 mil millones de dólares al año.

“Esta reforma no acabará con el problema por sí sola, pero sin duda será una herramienta de gran utilidad para potenciar los esfuerzos del Gobierno”, consideró.

Preservar el artículo vigente

Por MC, el diputado Salvador Caro Cabrera expuso que este dictamen libera a la Unidad de Inteligencia Financiera de una tarea legalmente necesaria, como lo es participar de manera directa en la notificación del bloqueo de una cuenta a quienes están relacionados con actividades criminales.

Ante ello, propuso que se preserve el artículo vigente y se fortalezcan las reglas procedimentales, pero que en tanto suceda esto se doten de los recursos humanos y financieros a la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir con su propósito.

Es a todas luces anticonstitucional

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) se pronunció en contra de este dictamen, toda vez que se institucionaliza la intimidación mediante la posibilidad de congelar cuentas.

Resaltó que la reforma está en contra de los derechos humanos de los ciudadanos y es, a todas luces, anticonstitucional.

Posturas a favor y en contra

El diputado Riult Rivera Gutiérrez (PAN) señaló que su bancada está en contra porque el dictamen no contempla el debido proceso, pero “sí tiene un elemento que fortalece el autoritarismo y debilita el derecho de las y los mexicanos; concentra la decisión en una sola persona”.

Carlos Augusto Pérez Hernández, diputado de Morena, mencionó que la minuta coincide en esencia con lo aprobado en esta Cámara de Diputados el 6 de diciembre de 2019 y armoniza la ley con los criterios jurisdiccionales, porque actualmente el bloqueo de cuentas es una medida cautelar. “No debemos permitir que los delincuentes escapen de la justicia por falta de un procedimiento en la ley que respete su garantía de audiencia”.

Por el PRI, el diputado Yerico Abramo Masso argumentó que el dictamen pone en riesgo garantías establecidas en la Constitución y propone romper el debido proceso, deja en abandono a las personas sin posibilidad de demostrar su inocencia. Dijo estar a favor de que sean auditadas y sancionadas todas aquellas personas que violenten el sistema bancario mexicano, pero se debe contar con las garantías suficientes.

La diputada de Morena, Alejandra Pani Barragán, señaló que el dictamen tiene como fin incorporar herramientas que incrementen las capacidades de las instituciones encargadas del combate a los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones de procedencia ilícita. Además, propone el fortalecimiento institucional necesario para combatir la corrupción.

Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil comentó que esta modificación permite que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas ante la UIF, por lo que su postura es a favor de su aprobación.

Al manifestarse a favor, el diputado de Morena, Manuel Guillermo Chapman Moreno, indicó que la reforma combate de manera integral la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Agregó que se trata de bloquear recursos obtenidos mediante actividades ilegales y garantiza los derechos de los usuarios financieros.

La diputada Gina Gerardina Campuzano González (PAN) se pronunció en contra del dictamen, ya que sólo el Ministerio Público puede imponer congelamientos o inmovilización de cuentas bancarias. La reforma pretende dar la impresión de legalidad; no obstante, genera mayor incertidumbre, discrecionalidad y malas prácticas.

Al hablar a favor del dictamen, Gerardo Fernández Noroña, diputado el PT, indicó que es preocupante lo expresado por los grupos parlamentarios que se manifiestan en contra y dijo “no hay ningún tráfico de influencias”.