Javier Divany Bárcenas

Legisladores del PRI en la Cámara de Diputados pidieron al gobierno federal atender el llamado de aviso de organismos expertos, como la Plataforma México Clima y Energía, que advierte que la paraestatal que pretende crear el Andrés Manuel López Obrador “Gas Bienestar”, no es la mejor estrategia para solucionar el problema del gas, debido a que en infraestructura -como camionetas repartidoras, cilindros y terminales para almacenar el gas-, al menos se deben invertir 11 mil millones de pesos y Pemex deberá asumir los costos y los subsidios, lo que provocará más deuda.

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían, y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano.

Los legisladores del tricolor recordaron que en nuestro país, ocho de cada 10 hogares usan gas LP, y es un producto de primera necesidad, incluido en la canasta básica.

Pidieron al gobierno federal dar sustento legal y económico a la decisión de crear la empresa estatal “Gas Bienestar”, por lo que solicitaron a la Secretaría de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, presenten al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo.

Los priistas proponen un Punto de Acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, donde plantean tres requerimientos en el análisis: La evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas  gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor y el estudio de mercado e impacto económico  sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.

Los diputados del PRI, recordaron que el 81 por ciento del gas que consumen los mexicanos es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38 por ciento, desde 2018 hasta abril de 2021.

“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen, terminar con sus prácticas oligopólicas, la Secretaría de Energía, la Comisión “Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores.

“Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”, sentenciaron.

Reiteraron la importancia de que el gobierno federal asuma sus responsabilidades, en vez de intervenir como competidor directo en el mercado donde, por cierto, ya existen más de seis mil 500 permisionarios de gas LP.

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