El PRD en la Ciudad de México demandó al gobierno de Claudia Sheinbaum que mediante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informe que tipo de mecanismos se están implementado para evitar que licencias de conducir y demás documentos oficiales se han falsificados, pues ha sido recurrente la detención de personas con credenciales apócrifas emitidas por esta institución.“Exigimos al gobierno de la Ciudad y a la secretaría de Movilidad encabezada por Andrés Lajous, informe a la ciudadanía qué medidas se están tomando para prevenir y eliminar este delito, lo que muestra que no hay un control en las oficinas reflejo de la corrupción que prevalece y que no se está haciendo nada para combatirla, como presumen todos los días”, señaló la dirigencia.
A raíz de que en fechas recientes se detectó a diversos ex funcionarios como Emilio Lozoya, ex director de Pemex y a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social con licencias de conducir falsas, la dirigencia perredista exigió se informe detalladamente pues estos hechos representan un riesgo para la seguridad de la población.
La dirigencia local integrada por Brenda Villena Guillén, Carlos Estrada Meráz, Daniel Pacheco Santiago y Nora Arias Contreras, señalaron que las autoridades competentes deben realizar una investigación exhaustiva al respecto y aplicar mecanismos de control para evitar este tipo de violaciones, “sino se actúa al respecto, entonces, se están convirtiendo en cómplices”, apuntaron.
“Es responsabilidad del gobierno averiguar lo que está sucediendo e informar públicamente a la población, pues si se falsifican licencias quiere decir entonces que también se pueden alterar otro tipo de documento como la entrega tarjetas de circulación a vehículos robados”, cuestionaron los perredistas.
Asimismo el PRD afirmó, que la primera acción de las autoridades de la Ciudad por medio de Semovi es presentar de inmediato denuncia penal contra quien resulte responsable por la falsificación de documentos oficiales, como las licencias de conducir.
En ese sentido exigieron que el gobierno de la Ciudad realice las investigaciones pertinentes y dé a conocer las medidas preventivas por medio de un informe público que permita a la ciudadanía y a los propios servidores públicos identificar las características y diferencias entre documentos oficiales auténticos y falsos.
