El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) denunció que el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el pasado viernes por la tarde, disfraza decisiones de naturaleza política e ideológica con una fachada de supuestos criterios técnicos y económicos en el contexto de la pandemia, cuyas consecuencias para la inversión, el sector eléctrico y la recuperación de la economía nacional serán muy graves.“Es una piedra más de un planteamiento económico y político nostálgico de los peores años de ineficiencia energética del país, pero que ya ha demostrado su fracaso en la década de los años setenta en México, y que se tradujo en crisis económicas recurrentes y millones de pobres”, señalaron en conferencia de prensa virtual la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y el senador Julen Rementería del Puerto.
Con estas decisiones, el gobierno de Morena atenta contra el estado de derecho, destruye la confianza de las inversiones que generan miles de empleos bien remunerados, merma la economía nacional, ya de por sí impactada por la actual pandemia de coronavirus, y actúa de manera irresponsable en materia medioambiental, acusaron.
“En el fondo se trata de un proyecto de renacionalización de la industria eléctrica que aprovecha el contexto actual para promover un extractivismo trasnochado consistente en una mayor generación de electricidad con combustibles fósiles y un interés desmedido por estatizar una industria que es mucho más eficiente con inversión privada nacional y extranjera”, sostuvieron.
Reprocharon que el acuerdo fue hecho público utilizando una de las peores costumbres del antiguo régimen, a la sombra de la tarde-noche del viernes 15 de mayo, aprovechando la entrada del fin de semana, buscando que pasara desapercibido por los medios de comunicación y la opinión pública.
Por ello, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional se pronunciaron en contra del acuerdo y condenaron el desaseo jurídico y mediático desatado por su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, hicieron un llamado al titular del Poder Ejecutivo a no afectar aún más la imagen internacional del país, a no ahuyentar la Inversión Extranjera Directa y a ajustar la operación de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Federal de Electricidad a la ley.
Lo anterior, con el fin de recuperar la lógica económica, la protección del medio ambiente y la protección de los derechos del consumidor como ejes rectores de la industria eléctrica nacional, y para que recurra al Congreso cada vez que busque cambiar las normas vigentes, ya que, advirtieron, operar a espaldas del Legislativo hace gala de un talante autoritario y antidemocrático.
Alertaron que las nuevas resoluciones son perjudiciales para el Sector Eléctrico Nacional y la economía del país por las siguientes razones:
Se cancelan unilateralmente los acuerdos prestablecidos entre el gobierno mexicano y la iniciativa privada.
Previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo, la actual administración ya ha atentado contra la industria eléctrica nacional con las siguientes acciones:
Se canceló la licitación para la construcción de una línea de transmisión que garantizaría el abasto de energía a toda la península de Baja California. Su objetivo era integrar fuentes de energía renovable, con especial énfasis en la eólica y solar. Las bases fueron publicadas desde el 2 de febrero de 2018 y fueron canceladas por el actual gobierno.
A principios del año 2019, también se canceló un proyecto de licitación para la línea de Transmisión de Corriente Directa Yautepec–Ixtepec, de 1,221 kilómetros circuito, que atravesaría seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con una inversión estimada de 1,200 millones de dólares y la transmisión de 3,000 mega watts, y cuyo objeto era desahogar la generación renovable del sur-sureste del país, ya que tan sólo Oaxaca tiene 27 de los 49 parques en operación del país, con una capacidad instalada de 2,360 mega watts, que es 57% del total nacional.
Por otro lado, conviene tener presente la suspensión de las subastas a largo plazo y los cambios a la normatividad de certificados de energías limpias como dos de las primeras muy preocupantes acciones por parte de la Secretaría de Energía.
Se argumentan cuestiones técnicas para imponer políticas ideológicas en el sector eléctrico.
Este gobierno considera nociva la inversión privada pues creen que el Estado debería involucrarse en todas las áreas de la economía, a pesar de que se ha demostrado a lo largo de la historia, que el peor administrador de una empresa es el gobierno.
Bajo la premisa de recuperar la rectoría del Estado del sector eléctrico, se establecerán barreras muy importantes para el desarrollo de proyectos de generación de electricidad con energías renovables y se sentarán las bases para un mayor uso de combustibles fósiles como las carboelétricas.
Al respecto, se aduce la falta de recursos y el abandono en la ampliación de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, sin embargo, el acuerdo con la iniciativa privada consistía en que aquellos que se dedicasen a generar energía serían responsables en su totalidad por ello, mientras que el gobierno sería el encargado de las líneas de transmisión y distribución.
Ante la supuesta falta de recursos, no se entiende por qué el gobierno está empecinado en construir la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto en Santa Lucía, continuar con las pérdidas de Pemex y destinar recursos al béisbol, que en conjunto representan más de 1.1 billones de pesos (4.7% del PIB), que perfectamente se podrían destinar a cumplir con los acuerdos del gobierno en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, al mismo tiempo de implementar una correcta política económica para enfrentar la pandemia de coronavirus en nuestro país.
Se violan las Leyes de la Industria Eléctrica, de Transición Energética, General de Cambio Climático y General de Mejora Regulatoria, y se atenta contra el Acuerdo de París en materia de utilización de energías limpias.
Al tratarse de un Acuerdo, el mismo debió sujetarse al procedimiento de mejora regulatoria al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria. Esto resultaba sumamente importante para cumplir con el propósito de la propia ley de conocer previamente las consecuencias que tendrán las nuevas reglas, particularmente tratándose de un sector tan importante para la economía como lo es el de las energías limpias, y al no conseguir el visto bueno de la CONAMER, el Titular presentó su renuncia para evitar ser cómplice de una franca ilegalidad, pero como es costumbre en este sexenio, se nombró a un incondicional que avalara semejante tropelía.
El Acuerdo inhibe el sector de energías limpias y privilegia el de energías fósiles, con lo cual está contraviniendo tanto el objeto de la Ley de Transición Energética, como el de la Ley General de Cambio Climático, además de que México estaría colocándose en la muy alta probabilidad de incumplir sus compromisos internacionales en materia de mitigación de emisiones de carbono negro en un 51% y de gases de efecto invernadero en un 22% hacia 2030 asumidos ante la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático (COP-21) de París.
De manera consistente con este acuerdo, el gobierno mexicano no ha invertido en energía renovable y es necesario hacer notar que más del 95% del presupuesto del sector para 2020 se ha ido a la extracción y producción de combustibles fósiles con las ya conocidas consecuencias funestas en términos económicos del rescate a PEMEX.
Por si fuera poco, es una medida que muestra el desprecio a los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, que tendrá que atenerse a este nuevo ordenamiento, y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria cuyo dictamen no fue tomado en cuenta.
Se encarece el costo de generación de energía eléctrica del país.
El costo de generación de energía eléctrica con combustibles fósiles es aproximadamente 7 veces más caro que con energías renovables, las cuales además por economía de escala y eficiencia en la producción serán considerablemente más baratas en el futuro que sus contrapartes contaminantes.
Lo anterior no solo va en detrimento de las finanzas de la CFE, sino que existe una enorme probabilidad de que las tarifas eléctricas para uso doméstico e industrial suban de precio en el futuro cercano, lo cual se sumaría a las condiciones económicas adversas en las que nos encontramos actualmente a causa del coronavirus.
Se da un nuevo golpe al Estado de Derecho y a la credibilidad de México ante el mundo.
Una de las consecuencias más importantes de cambiar las reglas unilateral y sorpresivamente, es que se pierde credibilidad. Esta medida no solo da pie tanto a la presentación de amparos por parte de las empresas afectadas, como a procedimientos de arbitraje en términos de los tratados comerciales que México ha signado con América del norte y con la Unión Europea, sino que se suma a una serie de decisiones que han puesto al país en recesión económica desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial en 2018 y que son:
La cancelación del aeropuerto en Texcoco,
El pésimo manejo de Pemex que año con año registra pérdidas multimillonarias,
La obsesión por la construcción de proyectos económicamente inviables como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía,
La cancelación de la fábrica de cerveza en Mexicali, Baja California,
La abrupta cancelación de los gasoductos por parte de la CFE, que terminó en una renegociación desventajosa para México en términos de valor presente neto, y
La cancelación de las Subastas de Energía Limpia y de Líneas de Transmisión en Baja California y el Sureste del país.
Recientemente, las representaciones diplomáticas de Canadá y la Unión Europea señalaron que los cambios propuestos impactarían a 44 proyectos de generación de energías limpias en 18 Estados de la República lo que pondrá en riesgo inversiones que superan los 6 mil 800 millones de dólares.
