MADRID.- Al menos 67 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en mayo, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, de acuerdo con los datos recopilados en la isla por la red de activistas del OCDH. También reportó 74 actuaciones represivas de otro tipo, principalmente de acoso mediante citaciones policiales.
Aunque el Gobierno no ha declarado de manera oficial el Estado de Emergencia, sí ha aprovechado para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos.
El gobierno ha continuado con las amenazas e imposición de multas a opositores y activistas utilizando el Decreto Ley 370, que limita de libertad de expresión.
«Denunciamos la ola de juicios ejemplarizantes con la que el régimen busca intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país. La utilización del sistema judicial para imponer el miedo, se realiza violando el debido proceso», afirmó Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH.
En este sentido, el empleo del método de «atestado directo» del procedimiento proceso penal «sumario» implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados, que suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio. Varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema. Según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita.
«Es paradójico, que el gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia al, por ejemplo, no usar mascarilla, cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia. Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero», añadió Cires.
El día 1 de mayo, fuerzas represivas del gobierno cubano detuvieron e incomunicaron por más de 48 horas al activista Enix Berrio Sardá, quien había presentado el 29 de abril una solicitud formal para que la Asamblea Nacional del Poder Popular declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
La petición se fundamentó en el derecho constitucional a presentar quejas y peticiones; sin embargo, la respuesta oficial fue la detención del activista y una serie de amenazas por supuestamente violar el distanciamiento social cuando fue a la oficina de atención al ciudadano de la ANPP.
