Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Presupuesto, afirmó que después de una reunión sostenida con expertos de la UNAM para conocer propuestas de financiamiento al “Instituto de Salud para el Bienestar” en 2020 como quiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que hay más dudas que certezas porque no hay dinero y planteó que será necesario informarse más para definir con mayor claridad qué se va a hacer con la desaparición del Seguro Popular.
El diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática indicó que, tras la evaluación realizada por los académicos de la Máxima Casa de Estudios, no quedó claro –por ejemplo- cómo será administrada la infraestructura de los estados que están por decidir si se incorporan al Instituto o mantienen los servicios que brindan a nivel local, pues se habla de costos equivalentes a los 37 mil millones de pesos que las entidades no asumirán tan fácilmente.
El año pasado, explicó Ortega Martínez, hubo un presupuesto de 122 mil millones de pesos para la incorporación del Seguro Popular al Sistema de Salud, así como para la administración; infraestructura hospitalaria; servicios médicos, todos los cuales –mencionó- requieren un incremento importante de recursos, y no hay a la vista, una holgura económica en el gobierno que permita pensar que se puede lograr.
Ejemplo de ello, dijo, es que se ha llegado al extremo de que el Presidente López Obrador, ha instruido para que más de 40 mil millones de pesos (50 por ciento) del Fondo de Contingencias -que es una bolsa acumulada durante casi 15 años para atender problemas no considerados en el catálogo del Seguro Popular- sean empleados en la basificación de médicos y enfermeras.
“Estamos de acuerdo en que se basifique a médicos y enfermeras, que se atienda una vieja demanda y un derecho; pero en lo que no estamos de acuerdo, es que se desmantele un fondo dedicado a enfermedades ‘tipo’ que requieren una inversión mucho más grande”, detalló.
“Nuestra reunión con los académicos dejó más dudas que certezas. No queda suficientemente claro de dónde van a salir los recursos que el gobierno federal necesita en esta decisión de centralizar un importante universo de servicios de salud que se prestaban por el Seguro Popular y que hoy pretenden ser asumidos por el Instituto (de Salud) para el Bienestar”.
Ejemplificó también con los casos del IMSS y el ISSSTE, que son las entidades públicas que dan atención al mayor número de mexicanos; pero que ante la estrategia gubernamental de “austeridad republicana”, redujeron este año en 60 por ciento su inversión física en hospitales, equipo médico, tecnología y mantenimiento estructural:
“En el 2018, el gasto en este segmento por parte del IMSS fue de 527 millones, se redujo para convertirse en el más bajo del 2015. Y en el ISSSTE –añadió- es todavía más dramática la reducción: 90 por ciento”.
“La austeridad, los recortes, el gasto ineficiente han venido castigando el presupuesto en el sector salud. En el 2013 era de 154 mil millones; en el 2019, este que se está ejerciendo, es de 121 mil millones de pesos”, acusó.
De acuerdo con el perredista, la situación económica del país “castigará” a las instituciones que reciben aportaciones patronales y de los trabajadores -ante un sensible incremento del desempleo y de la informalidad- “y no sabemos si vaya a haber baja de la aportación pública” citó.
“El discurso de AMLO en el sentido de que ‘en pocos años tendremos servicios de salud equiparables a los de países de Europa central como Noruega’ (que gasta 5.9 por ciento de su PIB en ese sector) es solo político si consideramos que nosotros en México, estamos gastando el 0.53 por ciento de nuestro PIB”, refutó.
Entonces, concretó Ortega Martínez, “el presupuesto requiere ser sustancialmente elevado y la pregunta es: ¿De dónde? ¡Aún no sabemos si el del próximo año será inercial! ¡No habrá política hacendaria nueva, progresiva que aumente el ingreso público y, por lo tanto ¿cómo vamos a resolver el problema de salud?!”
“La pregunta es: ¿Hay condiciones para un aumento de tal tamaño que sirva para aliviar el gasto, la inversión que se requiere para la decisión política de re-centralizar el Seguro Popular (que dice el Presidente que “ni es seguro ni es popular”)? Evidentemente que se debe cobrar también cuota a los asegurados en el Instituto de Salud para el Bienestar; pero la pregunta sustancial es: ¿Habrá recursos para el aumento?”, cuestionó.
