Garantizar la verdad, la justicia y la reparación es la mejor estrategia para evitar que haya más víctimas en Colombia

Internacional

El asesinato de líderes sociales y comunales continúa, pero los avances que se van logrando en el avance del proceso de paz y las reuniones entre el Gobierno y los ex responsables de la guerrilla hacen expresar al responsable de la Misión de la ONU en el país sudamericano que al cierre de 2021 pueda reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia recordó al Consejo de Seguridad este miércoles que las víctimas están en el centro del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, pero destacó que pese a ello continúan los asesinatos contra líderes sociales y comunales en departamentos como el Cauca.

“Recientemente tuve la oportunidad de dialogar con representantes de víctimas tanto de crímenes cometidos por las antiguas FARC-EP como por agentes del Estado. Estas conversaciones constituyen un importante recordatorio de que, sin importar el origen de su dolor, garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, es la mejor estrategia para resarcir el daño y evitar que haya más víctimas en Colombia”, aseguró Carlos Ruiz Massieu.

Para materializar la promesa del Acuerdo en torno a ese objetivo, es necesario reforzar la inclusión, la participación efectiva y la seguridad de todas las víctimas, dijo.

“Igualmente, es imprescindible que todos los actores involucrados en el conflicto den muestras concretas de su compromiso para que se pueda satisfacer las expectativas de las víctimas y se consoliden las bases para cerrar las heridas dejadas por la guerra”, añadió.

En este aspecto, calificó de “alentadora” la reunión sostenida recientemente entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, antiguo dirigente de las FARC-EP.

Continúan los asesinatos de excombatientes

Pese a los logros del Acuerdo de Paz hasta ahora, en su último informe trimestral al Consejo de Seguridad, el Secretario General indicó que, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, 14 excombatientes (13 hombres y una mujer) fueron asesinados, lo que eleva la cifra a 262 (254 hombres y 7 mujeres) desde la firma del Acuerdo.

Ruiz Massieu informó hoy de que, desde la publicación del Informe de António Guterres, “se han registrado hechos de violencia contra líderes sociales y comunidades en departamentos como el Cauca, donde ayer fue asesinada la líder indígena Sandra Peña, y han sido asesinados cuatro excombatientes más, para un total de 266 desde la firma del Acuerdo”.

“Proteger la vida es la finalidad primordial de todo proceso de paz. En el caso de Colombia, la importancia de llevar a cabo acciones efectivas para lograrlo es aún más evidente ante la incesante violencia contra comunidades, líderes sociales y exintegrantes de las FARC-EP”, añadió el jefe de la Misión de la ONU.

El 9 de abril las autoridades reportaron la capturara del presunto responsable de los homicidios de una lideresa social y de dos excombatientes.

Este es un resultado positivo que resalta la importancia de redoblar esfuerzos por parte de los entes estatales vinculados a la lucha contra la impunidad y de garantizarles recursos financieros y técnicos apropiados”, dijo Ruiz Massieu, para quien “es urgente” que la implementación de políticas y medidas tomadas por el Estado –incluido el recientemente adoptado Plan Estratégico de Seguridad y Protección para personas en proceso de reincorporación– se traduzca en mejores resultados, especialmente en los 25 municipios que concentran la mayor parte de esta violencia.

Revertir la tendencia de los asesinatos

Basado en los desarrollos positivos mencionados, expresó su esperanza de que “al cierre de 2021 podamos reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida”.

Ruiza Massieu coincidió con el informe del Secretario General en que para frenar la violencia contra los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, la fuerza pública debe tener mayor presencia en las zonas críticas del país.

“La presencia sostenida de la fuerza pública, acompañada de un despliegue creciente de entidades y servicios públicos, es fundamental para garantizar el control efectivo del territorio y mejorar la protección de las comunidades por parte del Estado, así como para permitir que se consoliden las oportunidades de desarrollo y el estado de derecho”, observó Ruiz Massieu.

Como ejemplo de los aspectos positivos y los avances en el Acuerdo de Paz, Ruiz Massieu recordó que una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de exintegrantes de las FARC-EP a la vida social, política y económica.

Los avances logrados por las partes en esta materia han sido notables. En este periodo, es alentador el progreso en la adquisición por parte del Gobierno de tierras para antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), incluyendo para dos adicionales desde la publicación del informe. Gracias al compromiso del Gobierno y al trabajo concertado con los y las excombatientes, siete de los de los 24 antiguos ETCR ya cuentan con tierra”, añadió.