El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados –a través de Antonio Ortega Martínez- festejó el logro obtenido por la resistencia social y popular hacia un acto autoritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de pretender anular al Poder Legislativo en su función de definir el Presupuesto y cómo se gastan los recursos  que la sociedad entrega a la administración pública.Señaló que la renuncia del grupo mayoritario de Morena y sus aliados a imponer un Período Extraordinario de sesiones para aprobar las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (enviadas la semana pasada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador), a fin de manejar –sin el aval de esta soberanía- más de 600 mil millones de pesos bajo el concepto de “emergencia económica”, es “un triunfo democrático que se seguirá repitiendo en los próximos meses, de modo que la ruta de la llamada ‘4ª. Transtormación’ se está desfondando y no tiene futuro”.

El representante del PRD de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, enfatizó que académicos, intelectuales y estudiosos de los temas constitucionales y legislativos consultados en Parlamento Abierto, así como expertos que han vertido sus opiniones por los medios públicos, han dejado claro que la iniciativa presidencial es inconstitucional, innecesaria y una agresión contra el equilibrio de poderes; sin embargo, alertó que “es posible que el Presidente esté reconociendo que ha perdido una batalla; pero no la guerra, y que en septiembre, cuando inicie el Período Ordinario, reinicie los esfuerzos para aprobar la iniciativa comentada”.

“No dejará de lado la aprobación de las Reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria porque lo que está en juego es dar al Presidente López Obrador autorización discrecional para legalizar el decreto que emitió el jueves 23 de abril y que le permitiría –en términos generales- disponer de cerca de 700 mil millones de pesos cuyo destino y planeación estaría en manos del Ejecutivo, haciendo despóticamente a un lado, las facultades exclusivas que la Constitución otorgó a la Cámara de Diputados para definir el ejercicio del gasto”.

“Se ha dicho que la oposición ha modificado radicalmente la iniciativa. Yo diría que la sociedad en su conjunto es quien ha identificado el peligro y los riesgos de la iniciativa, y ha reclamado y propuesto medidas para evitar el atropello; pero aún restan elementos que mantienen el riesgo, y la condición dictatorial con la que el Presidente ha inscrito en su iniciativa”.

Entonces, agregó Ortega Martínez, el debate continúa porque no está definido con claridad en la propuesta de modificación: Cómo se precisan la contingencia y la emergencia económicas; ni los elementos que pudieran configurarlas.

“Insistimos en que –en un acto de colaboración- el Ejecutivo puede declararla; pero debe ser el Legislativo quien la confirme por mayoría calificada y esto requerirá, por lo tanto, quedar inscrita en la Constitución”.

Igual tenemos pendiente de analizar, agregó, la temporalidad del Estado de Emergencia y las facultades extraordinarias a aplicarse. No se precisa tampoco qué recursos estarían disponibles en la contingencia para hacer uso de ellos y si son todos o solo los reductibles porque, si se ponen en riesgo las participaciones de estados y municipios; o los patrimonios de órganos autónomos y muchos más, el riesgo sería mayor.

Sin duda, concluyó, requiere precisarse con mayor claridad la intervención del Legislativo respecto a la modificación de los montos en el Presupuesto anual enviados por el Presidente.

En fin, hay tantos temas por discutir y resolver que, el albazo que pretenden dar aprobando el dictamen y tenerlo listo para septiembre, deja aún en riesgo este acto contra la Constitución y la estabilidad, alertó.