Al concluir el parlamento abierto “Centros de Justicia para las Mujeres”, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y proponente de una iniciativa que plantea fortalecer estos espacios, diputada Mildred Ávila Vera (Morena), mencionó que de concretarse esas reformas se elevarían las denuncias, porque sólo el 10 por ciento de las víctimas busca apoyo jurídico.

Comentó que es necesario homologar, en el marco legal, la creación y operación de estos sitios de auxilio con la finalidad de que haya más y alta calidad en sus servicios. “Ojalá algún día podamos medir las vidas que han salvado y los feminicidios que se han evitado por las intervenciones oportunas a través de los centros”.

Dijo que lo planteado en este parlamento virtual servirá para enriquecer y construir consensos legislativos que eviten la desigualdad de género.

Su correligionaria, la diputada Beatriz Rojas Martínez recalcó que es indispensable la incorporación de estas instancias de auxilio a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reforzar sus actividades.

La diputada del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, comentó que es importante que se definan en la ley las funciones y facultades de los centros de justicia, si serán organismos públicos descentralizados o si van a formar parte de las fiscalías. “Se tienen que conjuntar todas las experiencias para que coadyuven a erradicar la violencia contra la mujer.”

Dar jerarquía a los centros de justicia

Teresa Medina Villalobos, directora general adjunta de Vinculación Interinstitucional y Territorial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dijo que es importante que las leyes estatales se adecuen para darles jerarquía. “Propongo que nos permitan recoger informes de todos los centros que tenemos, de manera que sirvan de insumo a las diputadas para que puedan tener todo el contexto”.

Opinión de directoras de Centros de Justicia para las Mujeres

La directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, de Coahuila, Leticia Beatriz Charles Uribe, dijo que en su entidad hay cinco y se está construyendo otro. Cuando una mujer acude es atendida por una orientadora quien define los servicios que se otorgarán, ya sea terapia para mujeres, niñas y niños, áreas médicas, y atención de abogados. Deben ser “organismos descentralizados pero que dependan de una secretaría de gobierno que respalde su crecimiento y autonomía”.

Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, comentó que a la víctima se le atendía de primera instancia y se le “soltaba en el camino”, lo cual no es adecuado. Hizo un llamado para las secretarías de los estados relacionadas con el empoderamiento de las mujeres y el sector educativo pongan en primera línea la protección y orientación de las agredidas.

La directora del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Jalisco, Maribel Jorge Martínez, señaló que esta iniciativa es necesaria porque da prioridad a estos sitios de auxilio y permitirá “un rango mayor de operatividad de atención, desde que llega la víctima hasta los demás filtros por los que pasa la persona”.

Concepción de los Ángeles Requena Ochoa, directora del Centro de Justicia de Quintana Roo, expuso que en su entidad se atienden siete mil carpetas de investigación, por lo que estas reformas representan una oportunidad para fortalecer estas áreas, se logre un trabajo interinstitucional y mayor presupuesto para su operación.

La directora del Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, María Guadalupe Cruz Vázquez, mencionó que estos espacios en la capital del país han impulsado el acceso a la justicia de manera íntegra. “Si bien no se pueden atender todas las necesidades en los centros, se les da el seguimiento puntual”.

Que exista un centro justicia en municipios violentos

Gabriela Ortiz Quintero, integrante de Fortis Consultoría, opinó que es necesario considerar la diversidad, realidad y contexto de los estados, por lo que expresó que la ley no tiene que resolver dónde deben estar, sino que cada entidad federativa decida la ubicación de estos espacios.

Gretha Jimena Vilchis Cordero, directora ejecutiva de Reconcilia DH, agregó que de aprobarse estas reformas se lograría que estos espacios de impartición de justicia se incorporen a la ley, lo que los convertiría en una política homologada y vinculante para las entidades y se les dotaría de presupuesto; sin embargo, se debe estipular la obligatoriedad de que haya uno en cada entidad y en los municipios de mayor índice de violencia.