CHIHUAHUA , Chih.- El Gobierno de Chihuahua y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que permita combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en el estado, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas.Con la firma del documento por parte del gobernador Javier Corral y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en firmar un convenio de este tipo para combatir de manera frontal y conjunta la corrupción y la impunidad e inhibir así las conductas delictivas.
El evento en Palacio Nacional contó con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, como testigo de honor, así como la participación del secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez.
Con la firma se faculta a la instancia estatal a investigar evasión o elusión de impuestos federales, dar vista a la dependencia federal y en caso de recuperar recursos económicos, el Gobierno de la República los regresará íntegramente a Chihuahua.
“Si ellos (el Gobierno de Chihuahua) a partir de las auditorías, detectaran algún problema, se le puede dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que a su vez lo litigaría y si se recobra algo a través de las instancias judiciales, esos recursos irían para el estado, serían 100 participables”, destacó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
El convenio afianza la colaboración institucional para el intercambio de información que en el combate de delitos fiscales y financieros permita generar una mayor recaudación participable, el acceso a procedimientos eficaces en la investigación de hechos, además de una intervención ante autoridades administrativas y jurisdiccionales de manera coordinada.
“Estamos muy contentos de ser los primeros en firmar este convenio. Vamos a implementar en el estado de Chihuahua, mediante la coordinación con la Federación, la nueva reforma penal fiscal para combatir diversos delitos: la compra-venta de facturas falsas, las empresas fantasmas, los prestanombres, a la delincuencia organizada, a los beneficiarios finales de la evasión fiscal”, expresó el gobernador Javier Corral.
La Secretaría de Hacienda enlistó los principales beneficios del convenio de colaboración interinstitucional:
- Se fortalece la coordinación fiscal.
- Se fortalecen las finanzas públicas de Chihuahua.
- Se eleva la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros.
- Se favorece a los ciudadanos de Chihuahua con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público: “todo dinero que se defrauda en el Estado regresa al Estado”.
En el marco de este convenio, la entidad federativa remitirá toda la información que posea al respecto sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales.
El acuerdo servirá incluso para procesar penalmente a quienes hayan recurrido a empresas factureras para el desvío de recursos públicos del Estado.
Además, toda la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio será directamente en beneficio de la entidad federativa, una vez que se obtengan sentencias favorables de un juez o se celebren acuerdos reparatorios con los imputados.
En su mensaje, el gobernador Javier Corral recordó que previo a la firma del convenio, se designaron enlaces institucionales, operativos y técnicos, para dar un cumplimiento cabal al acuerdo.
“Se incluye una cláusula muy importante. De los asuntos que denunciemos, Chihuahua podrá participar de recursos económicos que serán fruto de esta colaboración, como lo hacemos ya en algunos otros instrumentos de la fiscalización”, destacó.
El titular del Ejecutivo estatal dijo que actualmente sí se tiene una plena confianza y seguridad en los convenios con la Federación para estos propósitos, en la Procuraduría Fiscal por la fortaleza de la institución y en la integridad de su titular, Carlos Romero Aranda.
“En Chihuahua nosotros hemos resuelto, desde el inicio de nuestra administración, combatir la corrupción en sus distintas facetas, no solamente la corrupción política que tiene que ver con el abuso de los recursos públicos para el provecho personal o el desvío a otros fines ilícitos, ilegales, sino también las otras formas de la corrupción que defraudan también al pueblo, a la sociedad, como son los fiscales y financieros”, indicó.
Consideró que no es casualidad que sea Chihuahua es el estado que más empresas fantasmas ha reportado a la Federación durante la actual administración estatal.
Informó que más de 120 de ellas están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y hay otras 80 que se encuentran en ese proceso.
Javier Corral señaló que tampoco es casual que sea Chihuahua el estado número uno en el tablero de fiscalización del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Detalló que desde hace cinco años ningún estado obtuvo un 99.4 por ciento de los cuatro ejes evaluados que son cumplimiento de la normatividad, combate a la elusión y evasión fiscal, ingresos propios por el esfuerzo de la recaudación y el de las medidas de ejemplaridad.
“En un Estado, el que se roben el dinero que corresponde a la nación los servidores públicos o los particulares, deben ser sancionados y perseguidos, con todos los instrumentos de coordinación”, destacó.
Recordó que Chihuahua firmó un convenio al poco tiempo de entrar el actual Gobierno Federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que ha permitido una extraordinaria colaboración en investigaciones de desvío de recursos, enriquecimientos inexplicables y en diversos delitos de defraudación fiscal.
Para cerrar su participación, el mandatario estatal citó al prestigiado jurista italiano Luigi Ferrajoli: “la criminalidad que hoy en día atenta contra los derechos y los bienes fundamentales no es ya la vieja criminalidad de subsistencia, ejecutada por sujetos individuales, prevalentemente marginados”.
“La criminalidad que amenaza más gravemente los derechos, la democracia, la paz y el futuro mismo de nuestro planeta es seguramente la criminalidad del poder: un fenómeno no marginal ni excepcional como la criminalidad tradicional, sino inserto en el funcionamiento normal de nuestras sociedades”, agregó.
En su intervención, el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, celebró el acuerdo y dijo esperar que existan más con otras entidades.
Agregó que con este acuerdo se inaugura una nueva coordinación con los estados, los cuales tienen la facultad de auditar sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para evasión o elusión.
Expresó que las entidades federativas son mucho mejores con cierto tipo de contribuyentes en campo, pero la SHCP tiene más experiencia litigar las irregularidades.
A su vez, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que los delincuentes fiscales siempre dejan huella en sus delitos, un rastro que en los procesos se denomina evidencia, misma que se utilizará para combatir la evasión fiscal.
Afirmó que los llamados factureros mermaron la Hacienda Pública y durante la última década, se calcula que cuando menos cada año se robaban cerca de 350 mil millones de pesos.
Lamentó que en ocasiones el dinero que llega a las empresas fantasmas proviene de los diferentes órdenes de Gobierno, que dejan de utilizarse en los servicios a la ciudadanía, porque a través de los funcionarios se forman pactos criminales.
Explicó que ese tipo de operaciones siempre dejan huella porque las empresas se inscribieron en el RFC, se constituyeron ante un notario, dieron un supuesto domicilio, emitieron facturas electrónicas o digitales con operaciones simuladas y debieron presentar declaraciones fiscales para proveer su servicio ilegal, se coludieron con funcionarios, simularon licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de entrega de bienes o servicios y realizaron transacciones en el sistema financiero.
Agregó que en todos esos pasos se dejaron evidencias que las autoridades federales y estatales recabarán para llevar a la justicia a quienes han dañado a este país.
El funcionario federal expuso que la reforma fiscal que entró en vigor el 20 de enero de 2020 permite sancionar a los pseudo-despachos que se dedican a planear estrategias para evasión fiscal.
Enfatizó que quienes cometieron estos delitos enfrentarán todo el rigor de la ley si no se regularizan a la brevedad, incluso podrían enfrentar el embargo de los bienes de la empresa o el cierre de la misma.
“Todo el dinero que se recupere a través de estos casos que se coordinen con el Gobierno de Chihuahua, regresará con base en la coordinación fiscal, regresará y beneficiará a los chihuahuenses, fortaleciendo las finanzas públicas del estado y generando una percepción de riesgo, necesaria para desincentivar este tipo de conductas reprobables”, acotó el procurador fiscal federal.