Diputadas, diputados, especialistas y funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, expresaron sus puntos de vista sobre las reformas al artículo 19 de la Constitución Política, relativas a incorporar los delitos de extorsión y ambientales a aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Balance de qué tanto ha funcionado la tipificación

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, aplaudió la propuesta de trabajar con el Secretariado Ejecutivo para evaluar la mejor solución y atender estos delitos, puesto que “necesitamos hacer un balance de qué tanto ha funcionado la tipificación”.

En la clausura del Parlamento Abierto destacó el hecho de que se haya expuesto la estadística institucional sobre los delitos de extorsión y ambientales, así como datos sobre el tráfico de especies y que el comercio ilegal de vida silvestre asciende a más de 20 mil millones de dólares al año y la existencia de 122 zonas críticas forestales.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) señaló que “si concedemos la prisión preventiva en extorsión, no solamente estaríamos tutelando la posibilidad de hacer justicia sino también protegiendo a los jóvenes que realizan este delito y encuentran facilidad para salir de la cárcel bajo caución”.

Por MC, la diputada Martha Tagle Martínez se manifestó por conocer qué tan eficiente ha sido la figura de prisión preventiva oficiosa, sobre todo cuando recientemente se amplió el catálogo. Dijo que con esta figura se deja en indefensión a quienes no tienen forma de defenderse y ellos estarán llenando las cárceles.

Trabajar de manera coordinada

El Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ángel Pedraza López, expresó que las cifras reflejan que ha ido incrementándose la posibilidad del delito de extorsión y se ha concentrado en cinco entidades federativas.

Consideró importante trabajar de la mano con la Cámara de Diputados y coincidió en que hay mecanismos menos lesivos para atajar el fenómeno, ya que la reforma constitucional debe ser la última instancia.

Uno de los filtros que tiene este Sistema, dijo, han sido las Unidades de Medida Cautelares, y “si se logra que funcionen de manera homogénea y cumplan con su responsabilidad, podemos abonar a la resolución del problema”. Además, está pendiente una reforma a las Unidades de Asuntos Internos, “por lo que sería vital trabajar coordinadamente en la construcción de una reforma de esta naturaleza, la cual resolvería muchas problemáticas que enfrenta la seguridad pública desde lo local”.

Se manifestó por hacer una evaluación transversal que permita identificar qué modificaciones legislativas han tenido un impacto razonable en la reducción de las estadísticas de la violencia y la delincuencia. “Para nosotros es importante que ustedes sepan que el esfuerzo de compilar la información estadística a nivel nacional, ha sido compartido por todas las entidades federativas y hoy se pone a disposición de la Cámara de Diputados”.

Mencionó que también se ha trabajado en un modelo de policía y justicia cívica, el cual ha dado evidencias claras de funcionamiento en lo local; su propósito es modificar las conductas de las policías municipales y estatales, reforzar las áreas de atención específica a la ciudadanía y dar un compromiso real en la reducción de la violencia y la delincuencia.

Necesaria, prisión preventiva oficiosa para daños ambientales

Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora Federal de Protección al Ambiente, destacó que hay delitos ambientales graves que van desde el tráfico de especies hasta construcción de grandes desarrollos en zona federal que no son castigados por falta de instrumentos suficientes para actuar.

Ante ello, subrayó que la autoridad requiere de instrumentos jurídicos adicionales que le permitan lograr la efectiva aplicación de la ley. “Es cierto, deben respetarse los derechos humanos, pero también debe procurarse la protección del ambiente, y una manera es la figura de la prisión preventiva oficiosa que debe aplicarse para hacer que el ambiente sea sano y logar la reparación del daño”.

Consideró necesario modificar el artículo 19 constitucional, con el fin de aplicar prisión preventiva oficiosa a los miembros de bandas delincuenciales, porque son personas que mueven miles de millones de dólares y se enriquecen a costa del ambiente y de la salud. “Llamo a la reflexión sobre la necesidad de esta reforma, porque los mafiosos ya conocen cómo opera el tema de la delincuencia organizada. Sí es cierto que se les priva de momento de su libertad, pero a las 48 horas están libres y se burlan de la autoridad”.

Destacó que otro tema por atender, es el daño al ambiente por sustancias altamente peligrosas que se encuentran depositadas en distintos lugares del país. Ejemplo de ello, añadió, es que existen empresas que dejan residuos peligrosos y se burlan de la acción de la justicia porque no hay prisión preventiva oficiosa.

“No nos hemos detenido a analizar las hipótesis de omisión de los delitos ambientales, no hemos visto que no solo se trata de infracciones administrativas, son cuestiones, actuaciones y conductas que causan daño a los mexicanos, por lo que deben ser sancionadas. Es cierto, la prisión preventiva es una medida cautelar; sin embargo, estos grupos de delincuentes saben que siempre estarán sujetos a impunidad, mientras no se lleve a cabo esta reforma”.

Incluir extorsión en la Constitución no reducirá el flagelo

Adrián Franco Zevada, especialista en derecho penal, consideró que con incluir los delitos de extorsión y contra el medio ambiente en el texto del artículo 19 no se reducirá el índice delictivo; si acaso, agregó, se incrementarán. Sugirió dotar de recursos suficientes a las entidades federativas y a la Federación, a fin de que las Unidades de Medidas Cautelares tengan medios materiales, financieros y humanos para cumplir sus obligaciones.

Insistió en que es necesario capacitar a los jueces a fin de mejorar la calidad del servicio jurídico, y trabajar para reducir la impunidad y la sensación de injusticia de los ciudadanos. “Debemos dejar atrás que cualquier persona que termina la licenciatura en derecho, al día siguiente de que hace su examen tiene su cédula profesional y con eso puede hacer cualquier tipo de procedimiento ante cualquier autoridad sin tener experiencia, y eso no puede ser porque disminuye la calidad del servicio jurídico”.

Innecesaria y no idónea la reforma

Jorge Lara Rivera, académico de derecho penal, expresó que la reforma necesitaría una evaluación para minimizar la prisión preventiva oficiosa y robustecer la jurisdicción de los jueces de control para que puedan discernir de las medidas cautelares.

Precisó que la reforma no es necesaria y no es idónea, ya que basta que se otorgue al juez los elementos de riesgo que son suficientes para operar una prisión.