La Cámara de Diputados exhortó a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a que auditen los recursos entregados y ejercidos, a través de Nacional Financiera, al fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y, en su caso, fincar responsabilidades a funcionarios involucrados.
Asimismo, llamó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emprender un estudio a la calidad del agua del río Sonora; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pidió nuevos estudios para descartar riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región.
Al sustentar el exhorto, el diputado Heriberto Marcelo Castillo (Morena) dijo que ya son cinco años del desastre ecológico provocado por el derrame de metales en los ríos Sonora y Bacanuchi provenientes de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.
El derrame tóxico acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región; provocó trastornos económicos; obligó el cierre de escuelas y pozos, y afectó la salud de cientos de personas, de acuerdo con informes de la propia Cofepris.
“Para los habitantes de la región fue un día de infamia, cuando la inconsciencia y la impunidad se impusieron a la razón y a la justicia”, agregó.
Para resarcir los daños, recordó, el 15 de septiembre de 2014 se creó el Fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y se firmó con Grupo México contrato privado de 2 mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones, “como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de daños ambientales y a la salud, conforme al Programa de Remediación y como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame”.
Sin embargo, en cada hogar sólo se vio el apoyo de un tinaco con el logotipo del fideicomiso y 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua, pero nunca se atendió la demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico, así como la instalación de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental.
Puntualizó que está documentado que funcionarios de la Semarnat del actual gobierno del estado y de la minera se beneficiaron con dinero del fideicomiso.
Consideró que para terminar con la opacidad es necesario establecer un mecanismo de rendición de cuentas de las autoridades fiscalizadoras de la región. “En Morena luchamos por cambiar el régimen de corrupción e injusticia que ha llevado al país a la decadencia actual”.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (Morena) enfatizó que su grupo parlamentario y los sonorenses no han olvidado esta tragedia, uno de los mayores desastres ambientales en nuestro país, “la negligencia ocasionada por una filial minera de Grupo México que provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi no puede quedar impune”.
Resaltó que su bancada hace un enérgico llamado para el pronto y justo resarcimiento del daño causado por este ecocidio en Sonora. “Estaremos vigilantes de las acciones que se realicen para atender esta catástrofe ambiental y seguiremos exigiendo justicia para el Río Sonora”.
Del PAN, la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz señaló que a cuatro años, los pobladores piden actuar de manera contundente y las autoridades siguen omisas ante las consecuencias. Estimó que se debe apelar a la responsabilidad de la empresa minera, pero también a la de las autoridades federales a que hagan valer la normatividad correspondiente.
Enfatizó que las leyes y reglamentos para sancionar a los responsables que causan algún daño son muy claras; no obstante, “las autoridades federales no han tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el resarcimiento y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa”. Por ello, dijo, su grupo parlamentario se suma al exhorto para que se haga una investigación y se actúe en consecuencia.
La diputada Irma María Terán Villalobos (PRI) afirmó que la actuación de las autoridades fue inmediata y oportuna en el desastre ecológico y se creó una comisión especial para la atención de los daños generados por el derrame y supervisión permanente de las acciones para revertir los efectos ocasionados. Se brindaron desde apoyos financieros hasta atención médica, laboral e insumos del hogar.
Recalcó que por primera vez en México se aplicó la Ley de Responsabilidad Ambiental y se obligó a la empresa minera a crear el fideicomiso que ha servido para hacer, entre otras cosas, diagnósticos ambientales. “Aun cuando se creó el fideicomiso para la remediación del medio ambiente en la zona, hay quienes insisten en descalificar los avances”. Por ello, se manifestó en contra del acuerdo, “porque no se tienen fuentes oficiales”.
En tanto, el diputado Armando González Escoto (PES) enfatizó que a más de cuatro años y medio sigue en el abandono el peor desastre ecológico y consideró que por las irregularidades en la distribución del fideicomiso es necesario conocer si se cumplió con todos los puntos para lo que fue creado, “toda vez que no hay claridad en la distribución de los recursos”.
Se pronunció a favor del punto de acuerdo y apostó por la transparencia y rendición de cuentas. “Un México en el que los responsables de un accidente asuman sus errores y paguen por ello, es posible”, dijo.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena, del PT, dijo que a cinco años de este accidente los habitantes aún sufren los estragos de los daños. “Diputadas y diputados, los invito a que nos sensibilicemos en este tema y no permitamos se deje en el olvido. El Partido del Trabajo apoya la transparencia y la no corrupción”.
El diputado Jorge Eugenio Russo Salido (MC) puntualizó que la administración anterior fue indiferente ante el peor desastre ambiental ocasionado por la industria minera; ante esto es tiempo de auditar el fideicomiso, encontrar culpables y que se aplique la ley, sin distingos.
Mencionó que ciudadanos, ganaderos, agricultores y pequeños productores padecen los estragos de la contaminación del agua, por tal motivo “el grupo parlamentario votará a favor de este acuerdo”.
Del PRD, Claudia Reyes Montiel recordó que el accidente dejó miles de personas, entre ellas, mujeres, niños y adultos mayores intoxicados; a cinco años de lo sucedido no hay una sola consignación y los recursos destinados para reparar los daños fueron mal ejercidos o desviados.
Esta tragedia ecológica no puede quedar impune y no se puede permitir que los recursos destinados se ejerzan a través de amiguismos y corrupción. El grupo parlamentario expresa su solidaridad con las víctimas.
Al avalar la propuesta, la diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) dijo que la ciudadanía demanda medidas necesarias que transparenten las acciones de remediación ambiental, los montos económicos erogados, el número de personas beneficiarias y saber si en la zona el agua es apta para el consumo humano.
“Apoyar este punto de acuerdo es estar a favor del medio ambiente, de la salud y bienestar de las personas. Por eso mi grupo parlamentario votará a favor, por una máxima transparencia y publicidad en los temas del medio ambiente y seguridad de las personas”, afirmó.
viernes, abril 19, 2024
