Exhorta la CNDH a gobernadores y a la Jefa de Gobierno de CDMX, para que atiendan de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las víctimas, en cualquier circunstancia

La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, envió oficios a cada uno (a) de los (as) 31 (as) Gobernadores (as) de las entidades federativas, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, exhortándoles a atender el tema de la desaparición de personas de manera prioritaria y siempre en favor de las víctimas.
Para este Organismo Nacional, las y los titulares de los poderes Ejecutivos en los Estados y en el gobierno de la Ciudad de México, tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humanos, que datan muchos de ellos, desde los años sesenta del siglo pasado y hasta el contexto en que se presentan hoy en día.
El pasado 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la cual entró en vigor el 16 de enero
de 2018; sin embargo, hasta el momento, los avances aún no se encuentran a la
altura de las expectativas de las víctimas ni de la sociedad mexicana, por lo que se
requiere una mayor voluntad política, en particular desde las y los titulares de los
poderes ejecutivos en las entidades federativas, para fortalecer el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas y apoyar a las instancias que lo conforman.
En la actualidad existen nuevos retos, ya que además de la problemática de la
búsqueda e investigación de los casos, se ha sumado una verdadera emergencia
forense a nivel nacional en razón de los miles de cuerpos y restos humanos que no
han sido identificados. De nada sirve fortalecer el marco jurídico, si el contenido de
esas leyes no se vuelve realidad, en detrimento de las víctimas.
En esta comunicación oficial, que se ha hecho llegar por escrito a las y los titulares
de los poderes Ejecutivos en los Estados y en el gobierno de la Ciudad de México,
este Órgano Constitucional Autónomo ha requerido a dichos funcionarios (as), en
su calidad de mandatarios (as), a escuchar a sus mandantes, la sociedad, y con
ello, a impulsar, coordinar y supervisar, en el marco de sus atribuciones y
funciones, los esfuerzos de investigación y búsqueda en los casos de desaparición
de personas, conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias, más allá de
la actual emergencia sanitaria, tal como lo demandan los mejores intereses de la
sociedad mexicana.
Este atento pero enérgico exhorto, que ha sido enviado a las 32 entidades, contiene
16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para
fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas,
de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública, así como de
aquellas responsables de promover el desarrollo social, el crecimiento económico,
el empleo, la salud y la educación, a fin de establecer una política integral que
permita prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas en todas la
entidades federativas.
Aquí no cabe la simulación, por lo que la CNDH se pronuncia por materializar el
contenido de la ley, mediante la voluntad política de las instancias de gobierno, de
tal forma que esto se refleje de inmediato en la utilización de los avances
tecnológicos, en la profesionalización de los actores encargados de su aplicación y
la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos, para que la
Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogas en las entidades del país, las
Dirección General de Comunicación
Fiscalías Especializadas, las áreas de servicios periciales y todas aquellas
instancias que forman parte del sistema nacional de búsqueda, cumplan
cabalmente con sus funciones.
Cabe señalar que en el marco de la actual emergencia sanitaria, el Consejo de
Salubridad General de nuestro país, emitió el 30 de marzo de 2020, el Acuerdo por
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS – Cov 2 (COVID-19), por lo
que los (as) mandatarios (as) de las 32 entidades del país, tienen la responsabilidad
de continuar impulsando la investigación, búsqueda, localización e identificación de
personas desaparecidas tanto en vida como en campo, sin poner en riesgo la salud
y la vida de quienes participen en ello y armonizando estas tareas de forma puntual
con las medidas y recomendaciones sanitarias que eviten la propagación del virus
mencionado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa Especial
de Personas Desaparecidas y de todas las áreas de este organismo que de manera
transversal están dedicadas a la atención de estos casos todos los días, estará
dando seguimiento a los esfuerzos que realicen el gobierno federal, los gobiernos
estatales y el de la Ciudad de México y acompañando a los Colectivos de familiares
y víctimas, en esta lucha por consolidar una sociedad libre de violencia, en la que
impere una cultura de paz, legalidad y de respeto a los derechos humanos.