El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa del gobierno local verificar las actividades en que opera el servicio de motopatines eléctricos, con el propósito de respetar los derechos de terceros.
Los diputados también llamaron al titular de la Secretaría de Movilidad a realizar campañas informativas para los usuarios de los monopatines eléctricos, con la finalidad de evitar afectaciones a vecinos y a los espacios públicos donde opera dicho sistema, ya que son abandonadas en la vía pública.
Incluso, mencionaron la posibilidad de limitar la utilización de este tipo de vehículos a un uso exclusivamente recreativo, como ocurre en otras ciudades del mundo.
“Las experiencias en otras ciudades del mundo muestra que, por ejemplo en San Francisco, Estados Unidos, se decidió prohibir temporalmente su uso; en Nueva York son considerados ilegales, incluso hay multas y hasta confiscación. En Los Ángeles se reconoció la necesidad de permitir el uso del monopatín eléctrico, no sin antes implementar medidas preventivas para minimizar las desventajas y perjuicios”, alertó la diputada María Gabriela Salido Magos, del PAN.
A nombre de las comisiones unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, indicó que el desarrollo de la tecnología ha permitido que la utilización de aplicaciones se haya ampliado y se facilite la presentación de diversos servicios, pero éstos tienen efectos indeseados.
“El monopatín eléctrico es un medio de transporte, que aparentemente garantiza un desplazamiento libre por el espacio público; no obstante, este sistema debe ser regulado. Se está generando que una alternativa de movilidad se convierta en un foco de alerta”, indicó el diputado Macedo Escartín.
Argumentó que entre los inconvenientes del monopatín es que dicho sistema no contempla la estación de anclaje, por lo que las unidades son abandonadas en banquetas, parques, jardineras, rampas de apoyo para personas con discapacidad; entradas de cocheras, incluso obstaculizan el libre tránsito de los peatones.
La diputada Salido Magos razonó su voto y argumentó que el programa piloto del monopatín estipulaba que las empresas involucradas podrían operar por un plazo máximo de 90 días. Transcurrido este tiempo podrían solicitar un permiso para continuar su operación, previo al pago de derechos, pero éstos fueron simbólicos.
“Solamente implicó un pago único equivalente a 5,219 pesos, lo cual verdaderamente es irrisorio. Si suponemos que fueron sólo 500 monopatines circulando en la capital, Diríamos que por cada uno de éstos se pagaron únicamente 10 pesos por el uso del espacio público”, resaltó.
Hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Movilidad para que, basada en la necesidad de tener reglas claras, expida los instrumentos necesarios que garanticen los derechos de los agentes que interactúan en el espacio público, dentro del marco del uso de monopatines eléctricos, anteponiendo la seguridad de los usuarios.
En el año 2018, los sistemas privados de bicicletas compartidas sin anclaje y monopatines eléctricos llegaron a la Ciudad de México, y se desarrolla un modelo de regulación.
